Yolanda Díaz ha lanzado inspecciones laborales a grandes tecnológicas como Amazon y Uber, argumentando que los algoritmos podrían estar afectando negativamente a los trabajadores.

En los últimos días, el debate político y mediático en España ha girado en torno a las recientes iniciativas de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, centradas en la supervisión del uso de algoritmos en empresas tecnológicas y en la regulación del empleo doméstico.

La ministra ha anunciado el despliegue de inspecciones laborales dirigidas a grandes compañías como Amazon, Uber o Glovo, con el argumento de proteger los derechos de los trabajadores frente a prácticas que considera abusivas.

Según Díaz, algunos modelos de trabajo basados en algoritmos estarían provocando jornadas laborales excesivas y un control excesivo sobre los empleados.

“El modelo Amazon que permite que trabajen sus trabajadores y trabajadoras 120 horas a la semana, no lo vamos a consentir”,

afirmó la ministra, refiriéndose a lo que considera condiciones laborales extremas y a supuestos sistemas de vigilancia mediante pulseras que monitorizan los movimientos de los empleados, incluso durante su tiempo en el baño.

Estas afirmaciones han generado controversia, ya que la propia empresa niega la existencia de tales dispositivos, y asegura que sus empleados cumplen con el convenio laboral de 40 horas semanales, con eventuales horas extra.

“Mi sobrino trabaja en Amazon y no ha conocido una pulsera de estas en su vida”, comentaba un portavoz familiar al respecto, enfatizando que la información difundida por la ministra carece de evidencia directa.

Más allá de los aspectos laborales, las declaraciones de Yolanda Díaz se enmarcan en una estrategia más amplia de regulación fiscal de las grandes tecnológicas.

La ministra ha insistido en la implementación de lo que denominó “tasa Trump”, un impuesto sobre los ingresos de las multinacionales tecnológicas con el objetivo de asegurar que estas empresas contribuyan de manera justa al sistema fiscal español.

Sin embargo, expertos señalan que muchas de estas compañías ya pagan impuestos de manera consolidada, y que la percepción de impunidad fiscal se debe en parte a políticas regulatorias que dificultan su instalación en España.

“Se están marchando a países como Irlanda, que ofrecen condiciones más favorables para su actividad económica”, señaló un analista económico.

El impacto económico de estas medidas también se refleja en el sector del empleo doméstico.

Yolanda Díaz ha lanzado un cuestionario obligatorio para todas las empleadas de hogar, con el objetivo de supervisar riesgos laborales y asegurar que las condiciones de trabajo cumplen con la normativa.

El cuestionario incluye preguntas detalladas sobre instalaciones, seguridad, electrodomésticos, rutinas y alimentación, y su incumplimiento podría acarrear sanciones de hasta 49.000 euros.

La complejidad y extensión del cuestionario ha generado preocupación entre las familias y empresas que externalizan este tipo de servicios, pues requiere tiempo y recursos para completarlo correctamente.

“El personal dispone de un teléfono para emergencias, todos los productos se conservan en su envase original y se deben respetar procedimientos de manipulación de objetos calientes”,

indican las instrucciones del cuestionario, que busca garantizar la seguridad laboral pero ha sido criticado por su carácter excesivamente detallista y poco realista.

Además, se incluyen medidas para asegurar la participación del personal en la toma de decisiones, como votaciones sobre vacaciones o tareas, y recomendaciones de estiramiento y relajación muscular que resultan difíciles de implementar en espacios domésticos reducidos.

La repercusión de estas políticas ya se refleja en las cifras de afiliación al régimen de empleadas de hogar, que muestran un descenso constante.

En el último mes se registraron 341.000 afiliados, lo que representa una disminución de 15.000 respecto al año anterior y 78.000 menos desde la llegada del gobierno de Pedro Sánchez.

La subida del salario mínimo, la eliminación de ciertas bonificaciones y la carga administrativa adicional han dificultado que las familias puedan contratar personal doméstico, provocando un mercado laboral más restringido y condiciones más precarias para quienes continúan en el sector.

El impacto en las empresas tecnológicas y en las pymes que operan a través de ellas también es notable.

Amazon, por ejemplo, proporciona empleo a 28.000 personas en España y genera alrededor de 400 millones de euros en impuestos directos, además de facilitar la venta de productos de 17.000 pymes españolas a nivel internacional.

La intervención regulatoria y fiscal del gobierno podría afectar la competitividad y el crecimiento de estas empresas, generando tensiones entre la protección laboral y la eficiencia económica.

En diálogo con analistas y empresarios, se ha señalado que las medidas de Yolanda Díaz reflejan una visión intervencionista que busca proteger derechos laborales y fiscales, pero que a menudo ignora la viabilidad práctica y económica de las medidas.

“Se está intentando garantizar derechos en sectores estratégicos, pero el exceso de regulación puede provocar la desaparición de empleos o la migración de empresas a otros países”, advierte un economista especializado en mercados laborales.

En resumen, las últimas iniciativas de Yolanda Díaz, conocidas mediáticamente como “yolandadas”, han generado un intenso debate sobre los límites de la intervención gubernamental en la economía y el empleo.

Mientras la ministra insiste en la necesidad de supervisar algoritmos y condiciones laborales, empresarios y trabajadores señalan que la implementación de estas medidas podría tener efectos adversos en la competitividad, la creación de empleo y la estabilidad del sector doméstico y tecnológico en España.

El equilibrio entre regulación, innovación y derechos laborales sigue siendo, por tanto, un desafío central para el actual gobierno.