La Asociación Policial Policía S.XXI denuncia la obligatoriedad de las balizas V16, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de impulsar una medida peligrosa y con posibles intereses económicos ocultos.
La Asociación Policial Policía S.XXI ha lanzado una feroz crítica al Gobierno de Pedro Sánchez por la reciente implantación obligatoria de las balizas V16, denunciando públicamente los peligros reales que su uso implica y las sospechas de intereses económicos que podrían estar detrás de esta controvertida medida.
En un mensaje contundente, la organización ha llegado a hablar explícitamente de “corrupción” y ha advertido que en un futuro podría destaparse un supuesto “caso Balizas” que involucre a responsables políticos que hoy defienden esta normativa.
“Dentro de unos años, habrá miembros del Gobierno señalados por la UCO como parte de una organización criminal”, afirmó un portavoz de Policía S.
XXI, generando una polémica que ha resonado en los medios y en las redes sociales.
La asociación ha vinculado la obligatoriedad de la V16 con decisiones políticas que, a su juicio, ponen en riesgo la seguridad vial de los ciudadanos.
Este tipo de declaraciones no solo levantan sospechas sobre la integridad del Gobierno, sino que también ponen en tela de juicio la eficacia de una normativa que se supone debería proteger a los conductores.
Los policías han denunciado que dos guardias civiles se han jugado la vida en una autopista debido a una norma que reemplaza la señalización tradicional por una luz que, según ellos, “no se ve, no protege y no salva”.
En un video que acompaña su mensaje, se observa cómo un vehículo averiado coloca la baliza V16 de noche, pero su visibilidad es extremadamente limitada.
En las imágenes, los agentes se ven obligados a salir a la calzada y señalizar manualmente con bastones luminosos porque la luz de la baliza no alerta a los conductores que circulan a gran velocidad.
Este ejemplo, argumentan, demuestra que la medida no solo es ineficaz, sino que es potencialmente peligrosa tanto para los conductores como para los agentes de la ley.
La crítica también se extiende a las implicaciones económicas que rodean esta obligación.
La sustitución de los triángulos de emergencia por las balizas V16 ha creado un mercado que, según diversas estimaciones, ronda los 1.
500 millones de euros en ventas.
Este volumen económico beneficia a fabricantes y distribuidores, mientras que el Estado obtiene ingresos relevantes a través del IVA.
Policía S.
XXI señala que una gran parte de estos dispositivos proviene de China, un detalle que, según la asociación, rara vez se menciona en el debate público.
Este hecho plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la ética detrás de la decisión del Gobierno de imponer esta normativa, que parece favorecer a ciertos grupos económicos en detrimento de la seguridad vial.
El mensaje final de la asociación apunta directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusan de impulsar una norma que, lejos de mejorar la seguridad vial, abre la puerta a intereses económicos y a un negocio millonario.
La denuncia no se basa en hechos probados, pero sí en sospechas graves que, según la asociación, deberían ser objeto de una investigación exhaustiva.
Mientras tanto, los agentes insisten en que la prioridad debería ser proteger vidas y no imponer sistemas que, en la práctica, obligan a jugarse el tipo en la carretera.
La polémica ha suscitado reacciones entre los principales líderes políticos del país.
Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal, y otros han expresado su preocupación por la situación, mientras que algunos ciudadanos han comenzado a cuestionar la eficacia de la medida en las redes sociales.
“¿Dónde está la oposición y los jueces?”, se pregunta un usuario, mientras que otro comenta: “Nos están robando 1.
500 millones de euros, son unos ladrones con corbata”.
El debate sobre las balizas V16 no solo se limita a la eficacia de la medida, sino que también toca aspectos más profundos sobre la corrupción y los intereses ocultos en la política española.
La asociación Policía S.
XXI ha planteado un dilema ético que podría tener repercusiones a largo plazo en la confianza del público hacia sus representantes.
“La seguridad vial no puede ser un negocio”, afirma uno de los policías en la publicación, destacando la necesidad de priorizar la vida humana sobre los beneficios económicos.
Con la presión creciente sobre el Gobierno y la creciente indignación pública, la situación podría dar lugar a un cambio significativo en la política de seguridad vial en España.
La pregunta que queda en el aire es: ¿se tomarán las medidas necesarias para investigar estas acusaciones y garantizar que la seguridad de los ciudadanos no se vea comprometida por intereses económicos? La respuesta podría definir el futuro de la normativa y la confianza del público en sus líderes.
