Cómo este video grabado en la escena del crimen pasó inadvertido durante casi 3 años.

Así hallaron el video donde Mauricio Leal confiesa los hechos contra su madre, a pesar de que la Fiscalía General de la Nación había señalado la participación de un tercero en el caso: su hermano Jhonier Leal, quien fue condenado en junio pasado a 55 años de cárcel por los homicidios.

La existencia de esta grabación no fue conocida durante el proceso judicial.

El video fue revelado por primera vez en un reportaje del informativo de televisión Noticias Caracol, y lo sorprendente es que no se haya valorado por parte de la Fiscalía.

En la noche del domingo 11 de agosto se reveló un impactante video que muestra los últimos momentos de vida de Mauricio Leal, reconocido estilista de la farándula colombiana conocido como el “niño genio”.

En el video, Leal aparentemente confiesa haber cometido los hechos contra su madre antes de autoinfligirse heridas y aparentemente quitarse la vida.

La aparición de esta nueva prueba ha generado serios cuestionamientos sobre la integridad del caso.

Mario Burgos, el fiscal que lideró la investigación, no tuvo en cuenta esta grabación, al igual que la abogada defensora de Jhonier Leal, Ana Julie Velázquez.

Entre otras cosas, ese elemento material probatorio que hoy se hace público nunca fue un elemento que se trasladara a la defensa.

En el reportaje, Velázquez expresó que confiaron en la buena fe de la Fiscalía, lo que les llevó a desconocer la existencia de este video que siempre estuvo en poder del ente acusador.

El video salió a la luz gracias al documental “Caín”, que investiga el crimen que conmocionó a Colombia.

Mauricio Leal y su madre, Marleni Hernández, fueron hallados muertos el 22 de noviembre de 2021 en

la mansión del estilista en La Calera, Cundinamarca, cerca de Bogotá.

Marcela Morales, productora ejecutiva del documental, relató a Noticias Caracol que durante la investigación se encontraron con numerosas irregularidades.

“Un montón de hallazgos que por último nos llevan a una prueba reina que es la que encontramos hoy en día.

Este video llegó a nosotros por una fuente fiable y es sorprendente que no haya sido valorado por la Fiscalía, ya que se encontraba en el teléfono de Mauricio Leal, el cual fue sometido a auditoría forense durante la recolección de pruebas en el proceso contra Jhonier Leal”, afirmó Morales.

Esta revelación plantea serias dudas sobre las actuaciones judiciales en el caso.

La abogada Velázquez aseguró que su defendido, Jhonier Leal, no tenía los recursos económicos para realizar una evaluación pericial del teléfono del estilista.

“También es cierto que dentro de este proceso siempre se ha dicho que el señor Jhonier Leal no cuenta con los recursos económicos para pagar.

Se presumió la buena fe de la Fiscalía, pero este material probatorio nunca fue trasladado a la defensa.

Esto demuestra que mi cliente no tuvo garantías en el proceso y nunca recibió un juicio justo”, concluyó Velázquez.

Incluso el entonces Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, había declarado que los hechos estaban completamente esclarecidos sin necesidad de un solo testigo.

Jhonier Leal aceptó inicialmente su responsabilidad en los hechos bajo un preacuerdo liderado por el fiscal Burgos, pero posteriormente se retractó y declaró su inocencia.

Ahora, con la aparición de este video, la veracidad de su condena queda en entredicho, ya que nosotros entendemos que este video está dentro del teléfono de Mauricio; ese teléfono aparece dentro de los registros de la Fiscalía.

El impacto de este material audiovisual es profundo y sacude los cimientos de una condena que parecía inamovible en el imaginario colectivo y el aparato judicial colombiano.

La existencia de una grabación en la que la víctima, Mauricio Leal, supuestamente se autoincrimina y confiesa un doble homicidio-suicidio, redefine drásticamente la narrativa oficial que llevó a su hermano, Jhonier Leal, a la cárcel.

La pregunta central que resuena en la opinión pública y los círculos legales es: ¿por qué la Fiscalía General de la Nación, custodio de la evidencia forense, no solo no valoró, sino que aparentemente ocultó o pasó por alto una prueba tan decisiva que residía en el propio teléfono de la víctima? El documental “Caín”, a través de su productora ejecutiva Marcela Morales, ha puesto de manifiesto no solo el video, sino también la cadena de fallas e irregularidades en la investigación.

El argumento de que el teléfono de Mauricio Leal fue auditado forensemente por la propia Fiscalía y que la grabación, por tanto, debió estar en sus registros desde el principio del proceso, es un señalamiento de extrema gravedad.

Esto sugiere que la conclusión de la Fiscalía sobre la participación de un tercero, es decir, Jhonier Leal, pudo haber sido prematura o, peor aún, que se omitieron deliberadamente pruebas que apuntaban en otra dirección.

La abogada de Jhonier Leal, Ana Julie Velázquez, al afirmar que el material probatorio nunca fue trasladado a la defensa, expone una vulneración fundamental al debido proceso.

La defensa se encontró en una posición de desventaja, obligada a confiar en la “buena fe” del ente acusador, sin tener acceso a la totalidad de los elementos de prueba que podrían haber sustentado la inocencia de su cliente o, al menos, haber introducido una duda razonable.

El caso Leal se convierte así en un paradigma de las posibles deficiencias y sesgos en el sistema judicial.

La retractación de Jhonier Leal, tras haber aceptado un preacuerdo con el fiscal Mario Burgos, adquiere una nueva luz.

Si la confesión inicial se produjo bajo la presión de un proceso en el que la defensa no tenía acceso a todas las pruebas exculpatorias o que ponían en duda la tesis de la Fiscalía, la validez de esa aceptación de cargos es jurídicamente cuestionable.

Un preacuerdo se basa en el reconocimiento de culpabilidad y la aceptación de la evidencia presentada, pero si la evidencia crucial se omitió, se socava la base misma del acuerdo.

La abogada Velázquez ha sido enfática al declarar que su cliente no tuvo un juicio justo ni las garantías procesales necesarias, una acusación que ahora se ve considerablemente reforzada por la aparición del video.

La declaración previa del ex Fiscal General Francisco Barbosa, asegurando que el caso estaba “completamente esclarecido” sin necesidad de testigos, contrasta fuertemente con la incertidumbre que genera la nueva prueba.

Una prueba tan contundente como un video de la víctima supuestamente confesando y grabando sus últimos momentos debería haber sido el eje central de cualquier investigación, independientemente de la tesis que sostuviera la Fiscalía.

Su invisibilidad durante casi tres años plantea interrogantes sobre la pericia forense, la selectividad en la presentación de pruebas y la ética de los funcionarios judiciales a cargo.

La revelación del video obliga a revisar la totalidad del proceso, desde la recolección inicial de la evidencia hasta la sentencia.

Si el video estaba en el teléfono, que a su vez estaba en poder de la Fiscalía, ¿cómo fue posible que la cadena de custodia y el análisis forense no lo detectaran o no lo consideraran relevante? Esta omisión no puede ser simplemente un error; es una negligencia monumental o, peor, un acto deliberado que afectó la libertad de un ciudadano.

La condena a 55 años de cárcel para Jhonier Leal, ahora, pende de un hilo.

El derecho a la defensa y a un juicio justo exige que la defensa tenga acceso a todos los elementos materiales probatorios, tanto los de cargo como los de descargo.

La omisión de un video en el que la propia víctima confiesa un doble homicidio-suicidio es, sin duda, un elemento de descargo masivo que debió haber sido puesto a disposición de Jhonier Leal y su representación legal.

La ausencia de recursos económicos por parte de Jhonier Leal para pagar una evaluación pericial independiente, como señaló su abogada, subraya la dependencia de la defensa en la transparencia de la Fiscalía, una confianza que ahora se revela como infundada.

El caso Leal, más allá de la tragedia familiar, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la verdad judicial y la integridad procesal en Colombia.

La sociedad exige respuestas claras sobre la forma en que se manejó la evidencia y si, en efecto, se ha condenado a un inocente mientras la prueba clave permanecía oculta en los archivos del Estado.

La justicia debe ahora enfrentar la tarea de reexaminar las pruebas, confrontar las fallas institucionales y determinar las responsabilidades de quienes permitieron que este video pasara inadvertido durante tanto tiempo, poniendo en riesgo la presunción de inocencia y el debido proceso.

La figura del fiscal Mario Burgos, quien lideró la investigación y logró la condena, se encuentra bajo un escrutinio intenso.

Su decisión de no incluir o de minimizar la importancia de este material audiovisual en la construcción del caso contra Jhonier Leal será objeto de análisis riguroso.

Un fiscal tiene la obligación de buscar la verdad y presentar todas las pruebas relevantes, no solo aquellas que sustentan su tesis de cargo.

El sistema de justicia, en su conjunto, está siendo interpelado.

La revelación no solo cuestiona la condena de Jhonier Leal, sino que también pone en entredicho la eficacia y la imparcialidad de la Fiscalía General de la Nación en uno de los casos más mediáticos de los últimos años.

Si un video tan comprometedor pudo ser ignorado en un caso de tan alto perfil, ¿qué garantías tienen los ciudadanos en casos menos visibles? La justicia colombiana enfrenta el imperativo de restaurar la confianza pública, lo que pasa necesariamente por una revisión exhaustiva del proceso Leal y, si se comprueba la relevancia de la nueva prueba, por la anulación de la condena y el inicio de una nueva investigación que incorpore todos los elementos probatorios disponibles.

El dolor de las familias, la búsqueda de la verdad y la integridad del sistema judicial dependen de la manera en que se gestione esta crisis de credibilidad.

La aparición del documental “Caín” y el reportaje de Noticias Caracol no son solo actos periodísticos; son un llamado de atención a la justicia para que cumpla con su deber fundamental de garantizar el debido proceso y la búsqueda objetiva de la verdad.

La trascendencia de este video va más allá de la culpabilidad o inocencia de Jhonier Leal; toca la fibra de cómo se administra la justicia.

La omisión de una prueba tan poderosa, que apunta directamente a un escenario de doble homicidio-suicidio, es incomprensible desde una perspectiva de investigación forense rigurosa.

El peritaje del teléfono de Mauricio Leal debió haber sido exhaustivo, buscando precisamente indicios que confirmaran o descartaran el escenario inicial de la escena del crimen, que de por sí generó muchas dudas.

La nota encontrada en la escena, escrita supuestamente por Mauricio Leal, y ahora este video, son elementos que se complementan y que debieron haber sido evaluados conjuntamente para trazar el perfil psicológico y las acciones finales de la víctima.

El hecho de que la Fiscalía optara por una narrativa diferente, centrándose en el hermano como único responsable, sin integrar esta evidencia en el debate judicial, plantea la posibilidad de un túnel de visión en la investigación, donde solo se buscaba confirmar la tesis de la culpabilidad de Jhonier.

La defensa de Jhonier Leal se encuentra ahora con una herramienta poderosa para solicitar la revisión de la sentencia.

La figura del recurso de revisión se utiliza precisamente cuando aparecen nuevos hechos o pruebas que no pudieron ser presentadas en el juicio y que tienen la potencialidad de cambiar el sentido del fallo.

El video de Mauricio Leal es, sin duda, un hecho nuevo y una prueba material que cumple con creces este requisito.

La decisión de Jhonier Leal de retractarse de su preacuerdo, argumentando su inocencia, se ve vindicada por esta revelación.

Su lucha, antes vista por muchos como la negación de un culpable, se presenta ahora como la resistencia de un hombre que afirmaba no haber tenido un juicio justo.

La sociedad colombiana, que siguió de cerca este caso, merece una explicación detallada por parte de la Fiscalía sobre las razones por las cuales el video fue marginado.

¿Fue incompetencia, sobrecarga de trabajo, o un sesgo intencional? La respuesta a esta pregunta es crucial para la salud del Estado de derecho.

La credibilidad de las instituciones está en juego.

La presión mediática y el interés público han sido los catalizadores de esta revelación, demostrando el papel vital del periodismo de investigación en la fiscalización del poder judicial.

El documental “Caín” ha forzado al sistema a confrontar sus errores y ha ofrecido una ventana a la verdad que la investigación oficial no pudo o no quiso mostrar.

La condena de Jhonier Leal, a 55 años de cárcel, es una de las más severas y, si se revierte basándose en este video, representará un triunfo significativo del debido proceso y una severa reprimenda a la forma en que se manejó la evidencia.

La justicia es un pilar de la democracia y su correcto funcionamiento depende de la transparencia, la imparcialidad y la valoración objetiva de la totalidad de las pruebas.

El caso Leal, con su giro dramático, se convierte en un llamado a la reforma y a la vigilancia constante sobre el poder de investigación del Estado.

Los próximos pasos del sistema judicial serán decisivos para determinar si se corrige esta grave injusticia procesal y si se establecen los mecanismos para evitar que una prueba tan crucial vuelva a ser ignorada.

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