El escenario político colombiano se encuentra en un momento de alta tensión y definición, marcado por enfrentamientos institucionales que, según sectores afines al gobierno del presidente Gustavo Petro, develan conflictos de interés y una persecución política sistemática contra la izquierda.
En el centro de la controversia está la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral (CNE), dos altas corporaciones cuyas recientes decisiones son interpretadas por el oficialismo como actos destinados a proteger los intereses de las élites económicas y frenar el proyecto de cambio.
La chispa que encendió este nuevo capítulo de confrontación fue la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica del gobierno, que establecía nuevos impuestos para los patrimonios más altos del país, popularmente denominados “megarricos”.
Lo que el gobierno ha presentado como un “golpe” político es la recusación de siete de los nueve magistrados de la Corte por parte del Ejecutivo.
La acusación es grave: el gobierno filtró información que indica que esos siete magistrados poseen patrimonios superiores a los dos mil millones de pesos colombianos, es decir, se encuentran dentro del grupo que sería afectado por el decreto suspendido.
La coincidencia, señalan los partidarios de Petro, no es casual: los mismos magistrados que tienen un interés personal directo en el asunto votaron para suspender la medida y ahora están llamados a decidir su suerte definitiva.
Esto, alegan, transforma a la Corte de un guardián de la Constitución en un “servidor de los banqueros” y de sus propios intereses, traicionando el mandato de velar por el bien común.
El presidente Petro fue contundente en su denuncia, afirmando que la suspensión provisional carece de sustento en las funciones del tribunal y constituye una “aberración” que pone en peligro el orden constitucional.
Insistió en que la medida fue tomada sin esperar a un análisis profundo de los datos económicos, argumentando que las predicciones catastrofistas sobre el impacto de los impuestos ya se están desmoronando con las últimas cifras del DANE.
Para el mandatario, el verdadero motivo es la defensa de un sistema económico “improductivo” basado en rentas de capital, que se ve amenazado por políticas que buscan dinamizar la economía real a través de un mayor poder adquisitivo de la ciudadanía.
Paralelamente a este frente judicial, el conflicto se ha trasladado al ámbito electoral, donde el Consejo Nacional Electoral se ha convertido en el nuevo blanco de críticas furibas.
La decisión del CNE de impedir la inscripción del Pacto Histórico como partido y, posteriormente, de excluir al senador Iván Cepeda de la consulta interna de la coalición de izquierda, es calificada como una vulneración flagrante de los derechos políticos fundamentales: el derecho a elegir y ser elegido.
Para el gobierno y sus simpatizantes, esto no es un error técnico, sino una maniobra premeditada de una entidad “copada” por los partidos tradicionales de derecha y centro (el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador, el Liberal y la Alianza Verde) para debilitar a su principal adversario político.
La respuesta del oficialismo ha sido una convocatoria masiva a la movilización jurídica y social.
Petro ha instado a los colombianos a interponer acciones de tutela para defender su derecho a votar por las opciones de su preferencia, preguntándose retóricamente: “¿Cuál es el miedo, cuál es el pánico de dejar al pueblo decidir libremente?”.
En las calles, la figura de Iván Cepeda ha capitalizado este descontento.
En un masivo acto en Barranquilla, el senador, quien se define a sí mismo como un “perseguido político”, conectó su exclusión electoral con la larga cadena de “persecución criminal” que, afirma, ha sufrido desde los tiempos del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Su mensaje fue de resistencia y ambición: nada lo hará desistir de su objetivo de llegar a la presidencia, aspirando a ganar en primera vuelta el próximo 31 de mayo.
Este escenario de bloqueo institucional ha forzado una recomposición táctica al interior de la izquierda.
La salida de Juan Fernando Cristo de la consulta, argumentando que carece de sentido sin Cepeda, y la probable retirada de Camilo Romero, dejan a Roy Barreras y a Daniel Quintero como los únicos contendientes en una contienda que para muchos ha perdido legitimidad.
La estrategia ahora se concentra, de manera urgente, en salvar las listas al Congreso de la República, las cuales también enfrentan obstáculos para su inscripción por parte del CNE en regiones clave como el Valle del Cauca, Bogotá, Putumayo y Cauca.
La incertidumbre es grande.
Se manejan opciones como una fusión entre el Pacto Histórico y Colombia Humana que requiere la anuencia del mismo CNE –vista como improbable–, o la inscripción de listas separadas, lo que fragmentaría el voto progresista.
Ante este laberinto, los simpatizantes son llamados a la paciencia y a la organización, prometiéndose una guía detallada para votar de manera informada una vez se conozcan los nombres definitivos de los candidatos que logren superar las barreras impuestas.
Se hace un llamado explícito a no participar en la consulta presidencial de la izquierda –absteniéndose de votar, pero sin anular el voto para evitar artimañas– y a redirigir toda la energía hacia las elecciones al Congreso.
El discurso oficialista pinta un cuadro de una lucha épica contra un establishment corrupto y tramposo.
Se acusa a la derecha de usar 160.
000 millones de pesos de recursos públicos para financiar sus campañas, de proteger a los más ricos para que no paguen impuestos y de recurrir a cualquier artimaña, incluyendo la persecución jurídica y electoral, para mantener sus privilegios.
Las figuras opositoras son presentadas como cínicas y desconectadas de la fe del pueblo, como lo demuestra, según el narrador, el viejo video de Abelardo de la Espriella confesando su ateísmo después de presentarse como un devoto creyente.
En medio de este clima enrarecido, el mensaje final es un llamado a la unidad por encima del ego, a la movilización informada y a la resistencia.
Se reconoce que la derecha está poniendo a prueba la cohesión de la izquierda, pero se expresa la determinación de no ceder.
La batalla ya no es solo por un decreto de impuestos o por una candidatura presidencial; se ha transformado, en la narrativa petrista, en una lucha por la propia legitimidad de la democracia colombiana, por el derecho del pueblo a decidir su futuro sin que las instituciones, supuestamente capturadas por intereses oligárquicos, se lo impidan.
El fin de semana, y los días por venir, serán cruciales para despejar si la estrategia de presión judicial y movilización social logra torcer el brazo de unas cortes y organismos electorales a los que el gobierno ya no ve como árbitros, sino como contrincantes en una pugna por el poder.
