En medio de una fuerte disputa entre el Consejo de Estado y el gobierno nacional de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, la clase trabajadora ha logrado una importante victoria para mantener el aumento del salario mínimo, una conquista vital para millones de colombianos.
La reciente sesión extraordinaria de la Comisión de Concertación del Salario Mínimo confirmó la voluntad tripartita de mantener un salario vital digno, a pesar de la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado.
El Consejo de Estado emitió una medida cautelar que suspendía temporalmente el aumento del salario mínimo decretado por el gobierno, argumentando la necesidad de revisar el procedimiento administrativo.
Sin embargo, esta suspensión no implicaba la eliminación definitiva del aumento, sino una revisión mientras se resuelven las demandas de nulidad presentadas contra el decreto.
Frente a esta situación, el gobierno nacional respondió con un decreto transitorio que mantiene el incremento del 23,7% en el salario mínimo, cifra que se traduce en un salario vital de aproximadamente 2 millones de pesos colombianos.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que el acta de la Comisión de Concertación se anexará al decreto transitorio para reforzar la voluntad de las partes involucradas: gobierno, empresarios y trabajadores.
El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en su defensa del aumento salarial, proponiendo incluso un salario mínimo de 2,155,000 pesos para cerrar la brecha histórica entre el incremento de la productividad y el salario real de los trabajadores.
Según Petro, la productividad laboral ha aumentado significativamente en Colombia, pero el salario mínimo no ha acompañado ese crecimiento, lo que ha dejado relegada a la clase trabajadora.
Con gráficos y estudios en mano, Petro argumenta que un salario vital en esa cifra permitiría equilibrar esta desigualdad y garantizar condiciones dignas para los trabajadores.
Estos argumentos técnicos y económicos también se apoyan en el crecimiento económico del país, que cerró 2025 con un crecimiento del 2,6%, consolidando a Colombia como una de las economías con mejor desempeño relativo en la OCDE.
A pesar de la respuesta del gobierno, el Consejo de Estado sigue estudiando el fondo de las demandas que buscan anular el aumento del salario mínimo.
Por ello, las marchas y movilizaciones convocadas para el 19 de febrero y fechas posteriores continúan vigentes, con el objetivo de defender este derecho fundamental de los trabajadores.
La defensa del salario mínimo no es solo una cuestión económica, sino también una lucha por la dignidad y el respeto a los derechos laborales que han sido históricamente vulnerados en Colombia.
La movilización social se convierte en una herramienta indispensable para exigir que estos derechos sean respetados y garantizados.
Para comprender mejor la defensa de los derechos laborales, el video presenta una entrevista con Juan Sebastián Mejía Carvajal, abogado con más de 16 años de experiencia en la defensa de la clase trabajadora y director del proyecto Trabajo Digno.
Este proyecto se dedica a asesorar y representar a trabajadores en casos de vulneración de derechos, incluyendo despidos injustificados y violaciones al debido proceso.
Según Mejía, uno de los abusos más comunes en Colombia es el despido con apariencia de justa causa, donde los empleadores alegan motivos legales para despedir a un trabajador, pero en realidad incumplen el debido proceso y evitan pagar la indemnización correspondiente.
Este tipo de prácticas perjudica gravemente a los trabajadores, quienes muchas veces desconocen sus derechos o no tienen acceso a asesoría legal.
El abogado Mejía explica que para que un despido sea considerado con justa causa, el empleador debe cumplir con siete etapas establecidas en el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, que garantizan el debido proceso y el derecho a la defensa del trabajador:
1.**Comunicación formal**: El trabajador debe ser notificado por escrito sobre la apertura de un proceso disciplinario.
2.**Formulación de cargos claros**: Se deben especificar los hechos, conductas u omisiones que motivan el proceso, con detalles de tiempo, modo y lugar.
3.**Traslado de pruebas**: El trabajador tiene derecho a conocer todas las pruebas que fundamentan el proceso.
4.**Plazo para defensa**: Se debe otorgar un mínimo de cinco días hábiles para que el trabajador presente sus descargos.
5.**Pronunciamiento motivado**: La decisión debe estar debidamente fundamentada, con congruencia y proporcionalidad respecto a los hechos.
6.**Sanción proporcional**: La sanción debe ser acorde con la gravedad de la falta cometida.
7.**Posibilidad de impugnación**: El trabajador puede solicitar que un superior jerárquico revise la decisión tomada.
El incumplimiento de cualquiera de estas etapas convierte el despido en ilegal, lo que da derecho al trabajador a reclamar indemnización por despido sin justa causa.
Conocer estas etapas es fundamental para que los trabajadores puedan identificar abusos y defender sus derechos.
Mejía recomienda recopilar toda la documentación relacionada con la relación laboral: contrato de trabajo, notificaciones, pruebas, descargos, carta de terminación y liquidación.
Además, el abogado enfatiza que la defensa colectiva, a través de sindicatos u organizaciones laborales, es mucho más eficaz para proteger los derechos laborales que actuar de manera individual.
El proyecto Trabajo Digno ofrece asesoría jurídica y representación para trabajadores y sindicatos que necesiten apoyo en estos procesos.
Los derechos laborales prescriben a los tres años desde la terminación del contrato, aunque este plazo puede interrumpirse si el trabajador presenta un reclamo formal por escrito, lo que extiende el tiempo para exigir sus derechos.
La lucha por un salario mínimo digno y la defensa de los derechos laborales en Colombia es una batalla constante que requiere conocimiento, organización y movilización.
La reciente victoria frente al Consejo de Estado es un paso importante, pero la vigilancia y la exigencia activa son necesarias para garantizar que estas conquistas se mantengan y se fortalezcan.
Como señala Juan Sebastián Mejía, los derechos laborales no son favores, son obligaciones legales que deben cumplirse para garantizar la dignidad y el bienestar de la clase trabajadora.
La unión, la información y la acción colectiva son las mejores herramientas para defender estos derechos y construir un país más justo.
