Mientras la oposición radical promete “tres tiros en la frente” al Presidente y ataca vilmente a su hija, el Gobierno de Petro responde con hechos: baja el precio de la gasolina, frena los abusos en el transporte y arrebata tierras a los socios de Pablo Escobar para dárselas a los campesinos.
Colombia atraviesa un momento de tensión política sin precedentes.
En las últimas horas, la indignación se ha apoderado de las redes sociales y de la ciudadanía consciente tras la difusión de un video que expone la cara más oscura y peligrosa de la polarización en el país: amenazas directas de muerte contra el Presidente de la República, Gustavo Petro, y, en un acto de bajeza incalculable, contra su hija, Sofía Petro Alcocer.
Sin embargo, mientras un sector de la oposición tradicional parece haber agotado sus argumentos democráticos para recurrir a la violencia verbal y la intimidación, el Gobierno del Cambio ha lanzado una batería de anuncios que prometen aliviar el bolsillo de los colombianos y saldar deudas históricas con el campesinado.
Esta es la crónica de dos Colombias: la que amenaza desde la sombra y la que avanza con reformas sociales.
La denuncia es grave y no deja margen a la interpretación.
Un sujeto, identificado ideológicamente con el sector más radical del uribismo, ha grabado un video que circula viralmente en el que sentencia de muerte al Primer Mandatario.
“Si yo a usted lo veo en la calle, Petro, le pego tres tiros aquí en la frente. Va a haber un muerto, o soy yo o va preso, pero él se muere”, se escucha vociferar al individuo con una ira desbordada.
Pero el odio no se detuvo allí.
En un ataque misógino y cobarde, el sujeto dirigió sus insultos hacia la joven Sofía Petro, refiriéndose a ella con términos irreproducibles y amenazando su integridad física simplemente por ser hija de su padre.
Lo que hace este hecho aún más indignante, y que ha sido expuesto por analistas en redes sociales, es la cobardía geográfica del agresor.
Al analizar el fondo del video donde se profieren las amenazas, se vislumbran señales de tránsito en inglés.
Esto confirma el modus operandi de ciertos sectores extremistas: lanzar la piedra y esconder la mano desde la comodidad del extranjero (posiblemente Estados Unidos), incitando a la violencia en Colombia mientras disfrutan de la seguridad de otras naciones.
Este patrón no es nuevo.
Recordemos el caso de Óscar Fernando Fetecúa, quien, a diferencia de este nuevo agresor, sí estaba en el país y fue condenado a seis años de prisión por amenazar al Jefe de Estado.
La justicia colombiana ya ha sentado un precedente: la violencia política no es libertad de expresión, es un delito.
El video también pone en la palestra el ridículo protagonizado por figuras como el mayor retirado Jorge Castillo.
Este personaje, conocido por subir videos con gorras militares prometiendo “levantar a palo” a cualquier “petrista” que se cruce en su camino en el norte de Bogotá, fue desenmascarado recientemente.
La realidad superó a la ficción de las redes.
Un ciudadano, simpatizante del gobierno, se encontró a Castillo en un restaurante.
Lejos de sacar el bate o el machete con el que amenaza en internet, el exmilitar se quedó mudo.
El ciudadano lo confrontó con altura y decencia: “Mayor, yo soy petrista. No es necesario que nos amenace. Usted que le sirvió a Colombia no tiene que replicar la violencia”.
Ante la confrontación pacífica, el “valiente” de las redes solo atinó a sacar su celular y callar.
Más tarde, en un intento desesperado por salvar su imagen, Castillo editó el video superponiendo su voz para fingir que había respondido.
Una metáfora perfecta de la oposición violenta: mucho ruido en redes, pero total cobardía y falta de argumentos en la realidad.
Mientras los insultos vuelan, el Gobierno trabaja.
En un anuncio que desmorona las narrativas apocalípticas de la prensa corporativa, el Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó una noticia que millones esperaban: el precio de la gasolina comenzará a bajar a partir del 1 de febrero.
Contrario a lo que afirman medios como Semana o figuras como Vicky Dávila, la gestión del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ha sido un éxito técnico.
El gobierno de Petro tuvo la valentía de “coger el toro por los cuernos”, desmontando los subsidios insostenibles que dejaron administraciones anteriores y saneando las finanzas.
Ahora, con la casa en orden y una nueva metodología en la mezcla de etanol, los colombianos verán el alivio en las estaciones de servicio en cuestión de días.
“Espero estar el primero de febrero en una estación mostrando que, en efecto, bajó el combustible.
Ya no de forma ficticia, sino real”, aseguró el ministro Palma.
Este es un golpe directo a la desinformación que busca generar pánico económico.
La protección al consumidor es otro frente de batalla.
La Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, reveló una cifra alarmante: de 519 empresas de transporte intermunicipal, solo 52 han presentado los estudios técnicos que justifican el alza de tarifas.
Es decir, el 90% de las empresas que subieron los pasajes lo hicieron arbitrariamente, abusando del bolsillo de los viajeros.
El Presidente Petro ha sido claro: se acabó el juego.
La Superintendencia de Transporte ya ha iniciado procesos de sanción e investigación.
A diferencia de un eventual gobierno de figuras de derecha, que históricamente han protegido a los oligopolios, la administración actual se pone del lado del usuario, exigiendo transparencia y frenando la especulación desmedida.
Quizás el logro más simbólico y contundente reportado en las últimas horas proviene de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
En el Urabá antioqueño, el Gobierno recuperó la emblemática hacienda “La Virgen del Cobre”.
Estamos hablando de más de 1. 143 hectáreas que pertenecieron a José Antonio Ocampo, alias ‘Pelusa’, socio del infame Pablo Escobar y financiador del paramilitarismo.
Estas tierras, manchadas durante décadas por la sangre, el narcotráfico y reuniones de jefes paramilitares como los Castaño y ‘Don Mario’, hoy tienen un nuevo destino.
No fueron subastadas a amigos de políticos, ni entregadas a terratenientes.
El Gobierno del Cambio entregará estas tierras fértiles a los campesinos de la región para la producción agrícola.
“Es quitarle la tierra a la mafia para devolvérsela al campesinado”, celebra el reporte oficial.
Este acto materializa la Reforma Agraria, no como una promesa de campaña, sino como una realidad tangible que ataca la raíz del conflicto armado en Colombia: la desigualdad en la tenencia de la tierra.
El contraste es abrumador.
Por un lado, tenemos a un sector político representado por figuras como Abelardo de la Espriella o columnistas que, ante la falta de propuestas, recurren al miedo, a la mentira y, en los casos más extremos, a la amenaza de muerte contra una joven mujer y un presidente electo democráticamente.
Por otro lado, hay un gobierno que, con errores y aciertos, está entregando resultados: baja la gasolina, recupera tierras de la mafia, protege al consumidor y llena plazas públicas con discursos de paz, como lo demostró Iván Cepeda recientemente en Ipiales, Nariño.
Colombia se enfrenta a una decisión ética fundamental.
¿Queremos un país donde se solucionen las diferencias a “tiros en la frente”, como propone el fanatismo uribista desde el exterior? ¿O queremos un país donde se debata con argumentos y se avance hacia la justicia social?
La violencia verbal y física es el recurso de los que ya perdieron el debate.
Como bien dijo el ciudadano que confrontó al exmilitar: “La violencia no es la solución, mayor”.
El cambio avanza, y al parecer, eso es lo que tiene tan nerviosos a los que siempre ostentaron el poder.
