En plena temporada electoral colombiana, una información de alto impacto ha puesto en jaque la campaña de JP Hernández, candidato a la reelección en el Congreso.

Según registros públicos del aplicativo “Cuentas Claras” del Consejo Nacional Electoral, JP Hernández, integrante del Partido Verde, ha recibido donaciones significativas de parte del conglomerado empresarial Keralti, dueño de la EPS Sanitas, una de las entidades privadas más controvertidas en el sistema de salud colombiano.

Este dato compromete no solo al candidato, sino a toda la estructura política que busca mantener el statu quo en el sector salud.

La EPS Sanitas y otras entidades similares han sido objeto de críticas debido a la Ley 100, vigente desde 1993, que ha permitido la intermediación de fondos públicos por parte de estas empresas, con consecuencias devastadoras para la salud pública.

Entre 2005 y 2020, según estadísticas oficiales, esta ley ha sido responsable de más de 1.

6 millones de muertes evitables en Colombia.

La reforma a la salud propuesta por el gobierno de Gustavo Petro buscaba cambiar este panorama, eliminando la intermediación y mejorando la atención, pero fue hundida en la Comisión Séptima del Congreso.

Curiosamente, cinco de los ocho congresistas que votaron en contra de esta reforma recibieron aportes económicos de EPS como Sanitas.

Entre estos congresistas se encuentran figuras de varios partidos políticos: Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Berenice Bedoya (ASI), Alirio Barrera y Honorio Enríquez (Centro Democrático), Norma Hurtado (Partido de la U) y JP Hernández (Partido Verde).

La financiación por parte de las EPS a estos partidos y candidatos apunta a un lobby poderoso y coordinado para proteger los intereses empresariales, bloqueando reformas estructurales que podrían afectar sus ganancias millonarias.

El grupo Keralti no solo ha financiado campañas políticas, sino que también ha influido en decisiones legislativas clave.

Además de Sanitas, otras EPS como Colsanitas y Medisanitas forman parte de este conglomerado que ha invertido millones de pesos para asegurar aliados en el Congreso.

Esta influencia se extiende a otros partidos, incluyendo el Centro Democrático, que recibió aportes por más de 300 millones de pesos de grupos empresariales relacionados con el sector salud y financiero.

Las implicaciones éticas y legales de esta financiación han llevado a recusaciones formales de congresistas como Honorio Enríquez y Josué Elirio Barrera, quienes enfrentan cuestionamientos por posibles conflictos de interés al votar sobre reformas que afectan directamente a sus financiadores.

La Ley Quinta del 92 permite que cualquier ciudadano recuse a un congresista cuando exista impedimento para participar en votaciones que beneficien intereses particulares por encima del bien común.

Este entramado de corrupción y clientelismo político ha generado un clima de desconfianza hacia la clase política colombiana, especialmente en un contexto donde la salud pública y los derechos laborales están en juego.

La privatización del sistema de salud ha dejado al personal médico en condiciones precarias, con contratos de prestación de servicios que vulneran sus derechos laborales básicos.

Frente a esta realidad, la campaña electoral del 8 de marzo se presenta como una oportunidad crucial para que la ciudadanía elija una bancada mayoritaria en el Congreso que defienda los intereses del pueblo y no de los grandes conglomerados empresariales.

La lucha por reformas estructurales, la defensa del salario vital y la transparencia en la gestión pública dependen de un cambio real en la representación política.

El Pacto Histórico, liderado por figuras como Iván Cepeda y Mafe Carrascal, se presenta como la opción para lograr esa transformación.

Sin embargo, enfrenta una fuerte oposición de sectores tradicionales y poderes económicos que buscan mantener el control.

La manipulación mediática y las estrategias para dividir el voto son parte de esta batalla política.

En este escenario, la participación activa de la ciudadanía, la vigilancia electoral y el voto informado son herramientas fundamentales para romper con el ciclo de corrupción y garantizar un Congreso que trabaje por el bienestar común.

La denuncia pública y la difusión de información veraz son indispensables para enfrentar el lobby empresarial que ha secuestrado la política colombiana.

En conclusión, la revelación sobre la financiación de JP Hernández y otros congresistas por parte de las EPS evidencia un sistema político permeado por intereses privados que obstaculizan reformas necesarias para la salud y la justicia social en Colombia.

La próxima elección es una oportunidad para cambiar este rumbo y construir un país más justo, donde la política sirva a la gente y no a los megarricos.