La reciente coyuntura política en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes de hostilidad, evidenciando una vez más que la violencia verbal y física sigue siendo la herramienta predilecta de ciertos sectores que se resisten al cambio.
En las últimas horas, el país ha sido testigo de un acto repudiable que cruza todas las líneas éticas y morales de la contienda democrática: un ataque directo y amenazas de muerte contra Sofía Petro Alcocer, hija del presidente de la República, Gustavo Petro, y contra el propio mandatario.
Este suceso no es un hecho aislado, sino la manifestación sintomática de un odio visceral infundido sistemáticamente por una parte de la prensa mediática tradicional, corporativa y desinformadora, en alianza con una clase política que, ante la orfandad de argumentos, recurre a la intimidación como único recurso.
El ataque proviene de un individuo identificado con las corrientes del uribismo, quien, cegado por la ira y la manipulación mediática, ha lanzado amenazas explícitas de asesinar al presidente y agredir a su hija.
En un video que circula en redes, este sujeto afirma con una frialdad estremecedora que, de tener enfrente a Gustavo Petro, no dudaría en dispararle en la frente, extendiendo su discurso de odio hacia la joven Sofía con insultos irreproducibles que denotan una profunda descomposición social y moral.
Sin embargo, al analizar detenidamente el material audiovisual, se revelan detalles que desmontan la supuesta valentía de estos agresores; las señalizaciones de tránsito en inglés visibles en el fondo del video sugieren que el autor de las amenazas ni siquiera reside en Colombia.
Es el modus operandi clásico de quienes lanzan la piedra y esconden la mano: vociferar odio desde la seguridad de la distancia, mientras en el territorio nacional otros deben enfrentar las consecuencias de esa polarización.
Esta cobardía no es exclusiva de quienes se graban en el exterior.
En el ámbito local, figuras como Jorge Castillo han intentado replicar estas lógicas de violencia, patrullando el norte de Bogotá con la intención declarada de agredir a ciudadanos que simpaticen con el proyecto político del presidente Petro.
No obstante, la realidad suele poner a cada quien en su sitio.
Cuando un ciudadano confrontó a Castillo en un espacio público, no con armas sino con argumentos y civismo, la reacción del supuesto agresor fue el silencio y el miedo.
Lejos de sacar el bate o el machete con los que amenazaba en redes, Castillo optó por manipular la situación, editando posteriormente un video para fingir una valentía que nunca tuvo.
Este episodio ilustra perfectamente la desconexión entre la retórica belicista de la oposición y su capacidad real de sostener un debate democrático frente a una ciudadanía que, cada vez más, rechaza la violencia como método de resolución de conflictos.
Mientras la oposición se desgasta en la fabricación de odio y en amenazas que ya han conllevado condenas penales —como el caso de Óscar Fernando Fetecúa, sentenciado a seis años por amenazar al jefe de Estado—, el Gobierno del Cambio continúa respondiendo con gestión y resultados tangibles.
La administración de Gustavo Petro avanza en la implementación de políticas que buscan desmantelar las estructuras de desigualdad histórica, a pesar del ruido mediático.
Una prueba fehaciente de ello es el reciente anuncio del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, sobre la reducción del precio de la gasolina a partir del primero de febrero de 2026.
Esta medida no es un acto de populismo, sino el resultado de haber saneado las finanzas públicas y corregido el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, una “bomba de tiempo” heredada de gobiernos anteriores que subsidiaban el combustible de manera irresponsable.
Paralelamente, el gobierno ha emprendido una cruzada en defensa de los usuarios del transporte intermunicipal.
Ante el intento de numerosas empresas de aumentar las tarifas sin sustento técnico, la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y la Superintendencia de Transporte han iniciado procesos de sanción e investigación.
Se reveló que el 90% de las empresas no presentaron los estudios requeridos para justificar las alzas, evidenciando un intento de abuso contra la clase trabajadora que depende de este servicio.
Esta firmeza institucional contrasta con lo que ocurriría bajo un gobierno de derecha, donde históricamente se ha privilegiado el interés de los oligopolios sobre el bienestar del ciudadano de a pie.
Personajes como Sergio Fajardo o Abelardo de la Espriella, quienes hoy critican, difícilmente activarían los mecanismos de control del Estado para proteger al consumidor frente a los poderosos gremios que financian sus campañas.
En el ámbito rural, la transformación es aún más profunda y simbólica.
La Agencia Nacional de Tierras ha logrado recuperar la emblemática hacienda “La Virgen del Cobre” en el Urabá antioqueño, un predio de más de 1.
143 hectáreas que perteneció a José Antonio Ocampo, alias “Pelusa”, socio de Pablo Escobar.
Estas tierras, que durante décadas sirvieron como centro de operaciones para el narcotráfico y el paramilitarismo —lugar de reunión de los hermanos Castaño y otros jefes criminales—, serán ahora entregadas al campesinado para la producción agrícola.
Este acto de justicia poética y social resume la esencia de la Reforma Agraria: quitarle la tierra a la mafia y a la violencia para dársela a quienes la trabajan, transformando escenarios de muerte en espacios de vida y producción de alimentos.
El contraste entre estos dos modelos de país es lo que hoy tiene nerviosa a la clase política tradicional.
La periodista Vicky Dávila, en un reciente video, no pudo ocultar su preocupación ante el avance del proyecto progresista, reconociendo que Petro “se está comiendo viva la campaña” con medidas como la baja de la gasolina, el aumento del salario mínimo y la eliminación de peajes abusivos.
Su llamado a que la oposición sea “más creativa” suena hueco cuando la única creatividad que han demostrado hasta ahora es la invención de noticias falsas y la incitación al pánico económico.
Mientras ellos buscan estrategias para frenar el cambio, líderes como Iván Cepeda llenan plazas públicas, como ocurrió recientemente en Ipiales, Nariño, demostrando que el apoyo popular se mantiene firme y se basa en una “revolución ética” de argumentos y no en la maquinaria del miedo.
La ciudadanía colombiana se encuentra, por tanto, ante una encrucijada definitiva.
Por un lado, la propuesta de regresar al pasado, encarnada en figuras que proponen “exterminar” a la izquierda y que validan, por acción u omisión, las amenazas contra la familia presidencial.
Por otro lado, la continuidad de un proyecto que, con aciertos y errores, ha puesto en el centro del debate la justicia social, la soberanía económica y la paz total.
La violencia política, ya sea a través de un video amenazante desde el extranjero o mediante la agresión física en las calles de Bogotá, es el síntoma de una derecha que se ha quedado sin discurso.
Es imperativo que la sociedad colombiana rodee las instituciones democráticas y rechace contundentemente cualquier intento de desestabilización mediante la violencia.
La respuesta a las amenazas contra Sofía Petro y su padre no debe ser el miedo, sino la profundización de la democracia y la aceleración de las reformas sociales.
Como bien señaló el ciudadano que confrontó pacíficamente la intolerancia en Bogotá, “con la violencia no es”.
Colombia ha sufrido más de 70 años de conflicto armado interno; no podemos permitir que una minoría ruidosa y peligrosa nos arrastre de nuevo a la lógica de eliminarnos entre nosotros por pensar diferente.
El camino trazado es claro: reforma agraria para democratizar la tierra, justicia económica para aliviar el bolsillo de los trabajadores y una política de paz que desactive los odios heredados.
La recuperación de bienes de la mafia, la regulación de tarifas justas y la reducción del costo de vida son hechos, no retórica.
Frente a los insultos y las balas imaginarias de quienes añoran la guerra, el gobierno responde con gestión y con la construcción de un país donde quepamos todos, incluso aquellos que hoy, desde su ceguera ideológica, desean la muerte de sus adversarios.
La tarea es seguir avanzando, con la certeza de que la historia está pasando página, dejando atrás a los violentos y abriendo paso a una Colombia potencia mundial de la vida.
