Durante más de dos décadas, el nombre de Nicolás Maduro estuvo ligado a un discurso de revolución, soberanía y resistencia frente a Estados Unidos.
Para sus seguidores, fue el heredero político de Hugo Chávez; para sus detractores, un gobernante autoritario responsable del colapso económico y social de Venezuela.
Sin embargo, documentos judiciales, grabaciones y acusaciones desclasificadas por el gobierno estadounidense dibujan una imagen mucho más oscura: la de un sistema de poder profundamente infiltrado por el narcotráfico y la corrupción.
Según archivos revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Maduro y su entorno más cercano habrían participado durante años en una red criminal que facilitó el tráfico masivo de cocaína hacia Norteamérica.
Estos documentos, respaldados por testimonios bajo juramento y actas judiciales en Nueva York, señalan a figuras clave del régimen venezolano como colaboradores directos de organizaciones criminales transnacionales.
Uno de los expedientes más delicados involucra a Cilia Flores, esposa de Maduro y conocida como la “primera combatiente”.
De acuerdo con la acusación formal, Flores habría recibido cientos de miles de dólares en sobornos a cambio de facilitar reuniones entre narcotraficantes y altos funcionarios de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela.
El acuerdo, según los documentos, incluía pagos de hasta 100.000 dólares por cada vuelo cargado de cocaína que despegaba desde territorio venezolano con protección oficial.
La investigación también expone el caso de los sobrinos de Flores, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, arrestados en 2015 por la DEA.
Ambos fueron grabados mientras coordinaban el envío de grandes cargamentos de droga desde el hangar presidencial venezolano, un lugar que, en teoría, debía estar bajo el más estricto control estatal.
En esas grabaciones, los acusados hablaban abiertamente de su enfrentamiento con Estados Unidos y de la protección que recibían gracias a sus vínculos familiares con el poder.
Las grabaciones y sentencias judiciales no solo confirmaron la existencia de estas operaciones, sino que revelaron una narrativa inquietante: el narcotráfico no era una actividad marginal, sino una herramienta política y económica al servicio de una élite gobernante.
En 2017, los sobrinos de Flores fueron condenados a 18 años de prisión por conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, aunque posteriormente fueron liberados en un intercambio de prisioneros.
Otro de los documentos desclasificados señala directamente a Maduro durante su etapa como ministro de Relaciones Exteriores.
Según la acusación, habría entregado pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes, otorgándoles inmunidad y facilitando el transporte de drogas y dinero a través de fronteras internacionales.
Esta práctica permitió que aviones vinculados al lavado de dinero repatriaran ganancias del narcotráfico desde México hacia Venezuela bajo cobertura diplomática.
Las autoridades estadounidenses sostienen que, para el año 2020, esta red criminal lograba mover hasta 250 toneladas de cocaína anuales a través de Venezuela.
Las rutas estaban protegidas por fuerzas de seguridad estatales y contaban con apoyo logístico del aparato gubernamental.
Los principales beneficiarios, según la acusación, eran altos funcionarios del régimen y sus familiares.
El caso se agrava aún más con la mención del llamado Cártel de los Soles, una organización integrada por altos mandos militares venezolanos.
El nombre hace referencia a las insignias doradas que utilizan los generales del ejército.
De acuerdo con fiscales federales, esta estructura operaba desde el corazón del Estado y estaba directamente involucrada en el tráfico de drogas, secuestros y actos de violencia asociados al narcoterrorismo.
En marzo de 2020, Estados Unidos presentó cargos formales contra Maduro por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de guerra.
Posteriormente, el Departamento del Tesoro incluyó al Cártel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, señalando a Maduro como su principal líder.
Las acusaciones también alcanzan a Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario, conocido como “Nicolasito”.
Según diversas investigaciones, habría participado en esquemas de corrupción relacionados con la exportación ilegal de petróleo y el uso de empresas fachada para evadir sanciones internacionales.
Aunque ocupó cargos oficiales destinados a combatir la corrupción, muchos analistas señalan que su papel fue más simbólico que efectivo.
Mientras estas investigaciones avanzaban en el extranjero, Venezuela atravesaba una de las peores crisis de su historia.
La inflación descontrolada, el desabastecimiento y la migración masiva marcaron los años de Maduro en el poder.
A pesar de protestas, sanciones y aislamiento internacional, el mandatario se mantuvo gracias al control de las instituciones, el respaldo de las fuerzas armadas y, según las acusaciones, el financiamiento proveniente del narcotráfico.
El punto culminante llegó cuando Estados Unidos anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a la captura de Maduro, la más alta ofrecida jamás por un jefe de Estado en funciones.
Finalmente, una operación militar permitió su detención y traslado a Nueva York, donde enfrenta un proceso judicial que podría extenderse durante años.
La acusación formal presentada en el Distrito Sur de Nueva York resume más de 25 años de presunta corrupción.
Los fiscales aseguran contar con grabaciones, documentos bancarios y testimonios que demuestran cómo el poder político fue utilizado para construir una red criminal de alcance internacional.
Para la justicia estadounidense, el caso no se trata de ideología ni de propaganda, sino de hechos documentados que deberán ser evaluados en un tribunal.
Más allá del desenlace legal, la desclasificación de estos archivos marca un antes y un después en la historia reciente de Venezuela.
Revela cómo un sistema que se presentó como revolucionario habría terminado convertido, según las acusaciones, en una estructura dedicada al narcotráfico y al enriquecimiento ilícito.
Los documentos que durante años permanecieron ocultos hoy están sobre la mesa, y su impacto político y simbólico promete resonar mucho más allá de las fronteras venezolanas.
