En un giro impactante de los acontecimientos, el ejército mexicano ha llevado a cabo una operación en Nayarit que ha dejado a 117 sicarios muertos en menos de 24 horas.
Lo que comenzó como una operación de pacificación se ha transformado en un acto de aniquilación total.
Fuentes militares, que prefieren permanecer en el anonimato, describen lo sucedido en las montañas de Nayarit como una “exterminación” planificada y ejecutada con una eficiencia escalofriante.
Desde el domingo hasta el lunes, el ejército no buscó capturar o negociar; fue a acabar con la amenaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Este grupo criminal ha controlado Nayarit durante más de una década, utilizando la región como un refugio seguro y un campo de entrenamiento para sus sicarios.
Sin embargo, la situación cambió drásticamente hace tres semanas cuando una familia de turistas de Guadalajara se adentró accidentalmente en territorio del CJNG.
Los cuatro miembros de la familia fueron ejecutados, un error que desencadenó una respuesta militar sin precedentes.
La indignación pública por esta tragedia llevó a la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a ordenar una respuesta contundente.
La instrucción fue clara: “Límpienmelo todo. No quiero procesos, no quiero juicios”.
Así, el ejército se preparó en silencio durante dos semanas, utilizando tecnología de inteligencia avanzada para mapear la zona y planificar la operación.
El cerco comenzó a las 4 de la mañana del domingo, con 2,000 elementos del ejército entrando simultáneamente desde seis puntos diferentes.
No hubo intentos de negociación; el objetivo era claro: eliminar a todos los sicarios.
Los primeros enfrentamientos fueron devastadores para el CJNG, que se vio superado en número y en capacidad de fuego.
Los soldados utilizaron artillería ligera y helicópteros artillados, convirtiendo la zona en un campo de batalla.
Un testigo militar, que habló bajo promesa de anonimato, describió escenas que parecían sacadas de una guerra convencional.
Los campamentos del CJNG quedaron hechos cenizas, y los cuerpos de los sicarios yacían esparcidos por todas partes.
El ejército no mostró piedad, siguiendo órdenes de no aceptar rendiciones.
Los 117 muertos no son una cifra oficial; el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) menciona “más de 60 bajas enemigas”, pero fuentes militares confirman el número real.
Las comunidades rurales de la zona están en estado de shock.
Por un lado, muchos sienten alivio de que el CJNG ya no controle sus montañas.
Pero por otro lado, presenciaron un nivel de violencia militar que los aterra.
Una mujer de la comunidad cercana a uno de los campamentos relató cómo escuchó los bombardeos toda la noche.
Los vidrios de su casa temblaban, y sus nietos lloraban aterrorizados.
El arsenal confiscado por el ejército incluye más de 300 armas largas, explosivos y equipo de comunicación.
Era un armamento diseñado para operaciones militares prolongadas, y ahora está en manos del ejército.
Además, se encontraron evidencias de crímenes cometidos por el CJNG, incluidas fosas clandestinas con restos humanos.
Sin embargo, la mayoría de los sicarios muertos no serán juzgados por sus crímenes.
El gobierno ha decidido que es más fácil eliminarlos que procesarlos judicialmente.
Esto plantea un dilema moral que muchos expertos en derechos humanos enfrentan.
¿Cómo defender los derechos de aquellos que han cometido atrocidades?
La activista que documenta violaciones militares se siente atrapada entre la necesidad de justicia y la indignación pública.
El CJNG no se quedará de brazos cruzados.
La masacre de 117 de sus miembros seguramente provocará represalias.
Se espera que intensifiquen los ataques contra fuerzas armadas en otros estados.
La violencia podría aumentar, y las comunidades seguirán atrapadas en medio de este conflicto.
Además, la pérdida de tantos sicarios puede causar fracturas internas dentro del CJNG.
Las acusaciones sobre quién falló en la inteligencia militar comenzarán a surgir, generando más inestabilidad.
El ejército ha demostrado que está dispuesto a cruzar líneas peligrosas en su lucha contra el crimen organizado.
Pero la pregunta persiste: ¿qué sigue para Nayarit?
La operación militar ha dejado un vacío que otros grupos criminales podrían llenar rápidamente.
¿El ejército mantendrá una presencia permanente en la región o se retirará, dejando a la comunidad vulnerable?
La familia de turistas ejecutada que desencadenó esta operación probablemente nunca sabrá el alcance de su tragedia.
Es un peso que nadie debería cargar, pero su memoria merece justicia.
La situación en Nayarit es un recordatorio de la complejidad del conflicto entre el estado y el crimen organizado en México.
La normalización de ejecuciones sin juicio plantea serias preguntas sobre el futuro del país.
¿Preferirías un sistema judicial que funcione o soluciones militares rápidas?
Este debate define qué tipo de nación queremos ser.
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