La tarde del miércoles, un audaz ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la carretera federal Guadalajara-Colima dejó a todos boquiabiertos.

 

 

Un convoy de traslado de prisioneros fue emboscado por un comando armado, resultando en la liberación de 13 sicarios.

Cuatro custodios resultaron heridos y el autobús de transporte penitenciario quedó destrozado a balazos, marcando uno de los rescates más violentos en la historia reciente de Colombia.

A las 4 de la tarde, más de 40 sicarios emboscaron el convoy en un tramo solitario de la carretera.

Utilizando vehículos bloqueadores y un fuego intenso de armas automáticas, demostraron una coordinación militar que evidencia semanas de planeación.

El autobús transportaba a 32 prisioneros clasificados como de mediana y alta peligrosidad, quienes estaban siendo reubicados desde el centro de reinserción social de Puente Grande hacia instalaciones federales.

Entre ellos, 13 sicarios del CJNG eran el objetivo del rescate, lo que convirtió este ataque en una operación meticulosamente calculada.

El asalto duró menos de 15 minutos, pero fue devastador.

Los sicarios utilizaron camionetas con blindaje artesanal para bloquear el paso del convoy, atrapando al autobús sin posibilidad de escape.

Abrieron fuego con rifles de alto calibre contra las escoltas de seguridad, neutralizando rápidamente la resistencia.

Una vez que forzaron la apertura del vehículo, identificaron a los 13 sicarios y los sacaron en medio del caos.

Los custodios heridos quedaron tirados en la carretera, mientras que los 19 prisioneros restantes permanecieron aterrorizados y esposados dentro del autobús.

Cuando llegaron los refuerzos de la Guardia Nacional, el grupo ya había desaparecido por caminos rurales previamente identificados como rutas de escape.

Este rescate no es solo un acto desesperado, es una operación calculada que revela tres cosas alarmantes.

Primero, que el CJNG tiene la capacidad de rastrear movimientos de traslados penitenciarios que supuestamente son confidenciales.

Segundo, que están dispuestos a atacar directamente a las fuerzas de seguridad del Estado sin importar las consecuencias.

Y tercero, que valoran tanto a sus operadores que están dispuestos a ejecutar rescates en plena carretera federal.

Hoy vamos a reconstruir cómo ocurrió este ataque minuto a minuto.

Vamos a analizar quiénes eran los 13 sicarios rescatados y por qué el CJNG consideró prioritario liberarlos.

Detallaremos las fallas de seguridad que permitieron que este comando supiera exactamente dónde y cuándo atacar.

Y hablaremos de lo que significa que grupos criminales tengan esta capacidad operativa para infiltrarse en sistemas penitenciarios y ejecutar rescates militarizados.

Porque cuando un cártel puede sacar a sus sicarios de manos de las autoridades en plena carretera, estamos ante un desafío directo a la capacidad del Estado mexicano para mantener control sobre el sistema de justicia.

Los rescates de prisioneros no son una táctica nueva en México, pero la frecuencia y sofisticación con la que ocurren revelan una evolución preocupante en las capacidades del crimen organizado.

Para grupos como el CJNG, liberar a sus operadores capturados no es solo una cuestión de lealtad, es una estrategia operativa calculada.

Un sicario experimentado vale mucho para estas organizaciones, no solo por el entrenamiento que ha recibido, sino por el conocimiento que posee sobre rutas, contactos y estructuras de mando.

Perder a operadores clave significa perder capacidad operativa en territorios donde la competencia con otros grupos es constante.

Además, ejecutar rescates exitosos envía múltiples mensajes.

A sus propios integrantes les demuestra que la organización no los abandona si son capturados, lo que fortalece la lealtad interna.

A grupos rivales les muestra capacidad militar y disposición para enfrentar directamente a las fuerzas de seguridad.

Y al Estado le evidencia que existen fisuras en los sistemas de seguridad penitenciaria que pueden ser explotadas.

El CJNG ha demostrado repetidamente que está dispuesto a invertir recursos significativos en este tipo de operaciones.

En diciembre de 2022, un caso emblemático ocurrió en Guerrero cuando un comando de aproximadamente 80 hombres armados rescató a un líder criminal durante un traslado judicial.

Ese ataque duró apenas 10 minutos, pero fue devastadoramente efectivo.

Este tipo de operaciones revela patrones que se repiten en rescates posteriores: inteligencia previa sobre rutas y horarios de traslado, uso de vehículos para bloquear, armamento militar de alto calibre y rutas de escape previamente identificadas.

La infiltración dentro del sistema penitenciario es otro factor crítico para ejecutar rescates con precisión.

Los grupos criminales necesitan información específica que solo se obtiene mediante corrupción de personal interno o hackeo de sistemas de comunicación.

Saber qué prisioneros viajan en qué convoy, a qué hora salen, qué ruta tomarán y cuántos custodios los acompañan requiere acceso a información clasificada.

En algunos casos, se ha comprobado que guardias penitenciarios o personal administrativo han proporcionado esta información a cambio de dinero o bajo amenazas.

La corrupción no es esporádica, es sistemática en estados donde el crimen organizado tiene presencia fuerte.

Los traslados de prisioneros son particularmente vulnerables porque ocurren en carreteras abiertas donde las autoridades tienen control limitado.

A diferencia de un penal donde existen múltiples capas de seguridad, un autobús en movimiento puede ser emboscado en cualquier tramo solitario de carretera con suficiente planeación.

Las autoridades federales son conscientes de este riesgo.

Por eso, los traslados de prisioneros de alto perfil suelen hacerse con escoltas militares reforzadas, helicópteros de vigilancia y manteniendo en secreto las rutas y horarios hasta el último momento.

Sin embargo, cuando se trasladan decenas de prisioneros, simultáneamente como parte de operativos de dispersión masiva, mantener ese nivel de seguridad se vuelve logísticamente imposible.

Esto crea ventanas de oportunidad que grupos como el CJNG explotan sistemáticamente, identificando traslados menos protegidos y atacando con comandos que superan en número y armamento a los custodios.

El rescate del miércoles en la carretera Guadalajara-Colima sigue este patrón.

Un convoy que transportaba 32 prisioneros, custodiado por escoltas penitenciarias estándar, circulando por una ruta predecible.

Para el CJNG, fue un objetivo vulnerable con un alto valor operativo.

Recuperar 13 sicarios activos que habían sido capturados recientemente significaba fortalecer sus operaciones en Jalisco y estados vecinos.

El convoy salió del centro de reinserción social de Puente Grande en Jalisco aproximadamente a las 3:30 de la tarde.

El autobús de transporte penitenciario, con capacidad para 40 pasajeros, llevaba a bordo 32 prisioneros esposados y custodiados por ocho guardias armados.

El destino oficial era un centro penitenciario federal en el estado de Colima, parte de un operativo de dispersión diseñado para evitar que grupos criminales concentren demasiado poder en un solo penal.

Los traslados se realizan periódicamente como medida de seguridad, aunque paradójicamente, estos movimientos crean momentos de vulnerabilidad que el crimen organizado ha aprendido a explotar.

La ruta seleccionada era la carretera federal 54 que conecta Guadalajara con Colima.

Una vía de dos carriles que atraviesa zonas semirurales y montañosas donde la presencia de patrullajes es limitada.

El trayecto completo tomaría aproximadamente 2 horas y media sin contratiempos.

Mientras el convoy avanzaba hacia el sur, al menos tres vehículos civiles comenzaron a seguirlo a distancia prudente.

Eran camionetas pickup de modelos comunes que no levantaban sospecha inmediata.

Los conductores mantenían comunicación constante mediante radios, reportando la posición exacta del convoy a otros integrantes del comando que esperaban más adelante.

Este tipo de vigilancia móvil es una táctica estándar en operaciones de rescate.

Permite al comando confirmar que el convoy sigue la ruta esperada, verificar el número de escoltas e identificar el momento óptimo para el ataque.

El convoy llegó a un tramo de carretera entre los municipios de Sayula y Tamazula, una zona con curvas pronunciadas.

Vegetación densa a ambos lados y escasa presencia de tráfico civil a esa hora era el punto perfecto para una emboscada.

Adelante, bloqueando parcialmente el carril, aparecieron dos camionetas estacionadas en diagonal como si hubieran sufrido un accidente.

El conductor de la camioneta de escolta que iba al frente redujo la velocidad instintivamente.

Era una trampa.

En cuestión de segundos, más de 40 sicarios emergieron de posiciones ocultas en ambos lados de la carretera.

Llevaban vestimenta táctica negra, chalecos antibalas y armas de alto calibre.

Abrieron fuego de inmediato contra las escoltas.

La camioneta que iba al frente del convoy recibió ráfagas concentradas en el parabrisas y las llantas.

Los custodios intentaron responder al fuego, pero fueron superados en número y potencia de armamento en segundos.

La camioneta quedó inutilizada, bloqueando el paso del autobús que se vio obligado a detenerse.

Simultáneamente, otros vehículos del comando aparecieron por detrás, bloqueando la ruta de escape y abriendo fuego contra la segunda camioneta de escolta.

Los custodios que intentaron salir para repeler el ataque fueron recibidos con fuego cruzado desde múltiples posiciones.

El fuego fue abrumador.

Los sicarios dispararon cientos de cartuchos en los primeros 3 minutos, impactando las escoltas, el autobús y destruyendo las llantas de todos los vehículos oficiales.

Cuatro custodios resultaron heridos por disparos o metralla.

Los demás se refugiaron como pudieron, incapaces de mantener una defensa efectiva ante la superioridad numérica del comando.

Dentro del autobús, los prisioneros esposados gritaban y se lanzaban al piso mientras los proyectiles perforaban las ventanas y las paredes del vehículo.

Los guardias que viajaban dentro intentaron mantener el control, pero sabían que estaban completamente superados.

Con las escoltas neutralizadas, un grupo de sicarios avanzó directamente hacia el autobús.

Utilizaron herramientas pesadas para forzar la puerta trasera del vehículo, mientras otros mantenían posiciones de seguridad apuntando hacia la carretera en ambas direcciones.

Una vez dentro, los sicarios no actuaron al azar.

Llevaban fotografías impresas y sabían exactamente a quiénes buscaban.

Gritaron nombres específicos mientras revisaban las identificaciones de los prisioneros esposados.

13 hombres respondieron.

Eran los sicarios del CJNG que habían sido capturados en operativos recientes.

Los sicarios del comando utilizaron cortadores de metal para romper las esposas y cadenas que sujetaban a los 13 prisioneros.

Uno por uno fueron sacados del autobús y subidos a las camionetas del comando que esperaban con los motores encendidos.

Con los 13 objetivos asegurados, el comando ordenó la retirada.

No había tiempo que perder.

Las autoridades ya habían sido alertadas y los refuerzos estaban en camino.

Los sicarios abordaron rápidamente sus vehículos que salieron en convoy a alta velocidad por caminos rurales previamente identificados.

El grupo se dividió en tres columnas que tomaron rutas diferentes para dificultar la persecución.

Conocían el terreno perfectamente.

Utilizaron caminos de terracería que conectaban con ranchos privados donde tenían vehículos de reemplazo esperando.

En menos de 20 minutos, las camionetas originales fueron abandonadas e incendiadas, mientras los rescatados y rescatadores continuaban su escape en vehículos limpios sin reportes de robo.

Elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal llegaron al punto de la emboscada 5 minutos después de que el comando había huido.

Encontraron el autobús destrozado a balazos, las camionetas de escolta inutilizadas, cuatro custodios heridos sangrando en la carretera y 19 prisioneros todavía esposados dentro del vehículo, aterrorizados pero ilesos.

Los paramédicos atendieron a los heridos mientras elementos de seguridad establecieron un perímetro y comenzaron la persecución del comando por las rutas más obvias.

Pero ya era demasiado tarde.

Los sicarios habían desaparecido en la red de caminos rurales que atraviesan la región con múltiples rutas de escape y vehículos imposibles de rastrear.

Las autoridades estatales confirmaron el ataque y el rescate de 13 prisioneros.

Se activaron protocolos de búsqueda en toda la región, estableciendo retenes en carreteras principales y alertando a corporaciones de estados vecinos.

Sin embargo, la realidad es que para cuando se desplegaron estos operativos de búsqueda, los rescatados ya habían sido trasladados a casas de seguridad donde permanecerán ocultos hasta que el cártel considere seguro reintegrarlos a operaciones.

Este rescate revela el estado de la seguridad en México.

Este ataque en plena carretera federal no es un incidente aislado.

Es la evidencia más reciente de una verdad que no podemos ignorar.

El crimen organizado en México ha alcanzado niveles de sofisticación operativa que le permiten desafiar directamente al Estado.

Cuando un cártel puede infiltrar sistemas de información penitenciaria, planear rescates con precisión militar y desaparecer sin consecuencias inmediatas, estamos ante una crisis de capacidad estatal.

El CJNG ha demostrado que tiene los recursos, la inteligencia y la audacia para sacar a sus miembros de manos de la justicia.

Eso erosiona la percepción de que el sistema judicial puede funcionar efectivamente.

¿Qué sentido tiene que las fuerzas de seguridad arresten sicarios si los cárteles pueden simplemente rescatarlos días después?

Esta pregunta genera desmoralización en las corporaciones policiales y alimenta la sensación de impunidad que fortalece el crimen organizado.

México merece instituciones más fuertes que no puedan ser infiltradas.

Merece un sistema penitenciario que proteja a su personal contra amenazas y tentaciones.

Merece que cuando un criminal es capturado, permanezca bajo custodia hasta enfrentar justicia.

Porque cada rescate exitoso no solo libera criminales, debilita la confianza en que el Estado puede cumplir su función básica de hacer valer la ley.

Los 13 sicarios liberados significan 13 operadores de vuelta en las calles, capaces de continuar ejecutando crímenes y sembrando violencia.

La historia de este rescate en carretera es un recordatorio escalofriante de la lucha constante entre el Estado y el crimen organizado.

La batalla por mantener el control y la seguridad en México continúa, y cada día se vuelve más compleja.

Los ciudadanos merecen vivir en un entorno seguro, donde la justicia prevalezca y el crimen no tenga la última palabra.