📰⚖️ Controversia política y mediática por los vínculos de Podemos con Irán y las tensiones internas en RTVE

La polémica resurge en España por el pasado de Pablo Iglesias en medios vinculados al régimen iraní y por el debate sobre supuestas relaciones políticas y económicas entre figuras fundadoras de Podemos y países como Irán o Venezuela.

 

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La escena mediática y política española ha vuelto a situarse en el centro de la polémica tras la difusión de un vídeo y varios debates televisivos en los que se reavivan las acusaciones sobre supuestos vínculos entre figuras fundadoras de Podemos y medios financiados por el régimen iraní, así como por las crecientes tensiones internas en Radiotelevisión Española (RTVE) en torno a la neutralidad informativa y el uso de fondos públicos.

El foco principal del debate ha recaído en la figura de Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, y en su pasado como presentador y director de programas emitidos en HispanTV, un canal de televisión de titularidad estatal iraní.

Este hecho, conocido desde hace años, ha sido nuevamente puesto sobre la mesa en tertulias y vídeos de opinión, especialmente en el contexto de la represión en Irán y del silencio o la cautela mostrada por algunos dirigentes de la izquierda española ante la situación de los derechos humanos en ese país.

 

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Durante un debate televisivo ampliamente difundido, se recordó que Iglesias “dirigía y presentaba un programa en una televisión creada por la teocracia iraní”, una afirmación que él mismo no ha negado en distintas ocasiones.

En ese mismo espacio, Iglesias defendió su trayectoria afirmando que “quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones”, una frase que ha sido repetida y analizada por críticos y defensores como síntesis de su posición ante las acusaciones.

Uno de los puntos más sensibles del debate ha sido la financiación.

De forma reiterada, se ha señalado que no existe prueba judicial de que Irán financiara directamente a Podemos como partido político, algo que el propio Iglesias ha negado con rotundidad.

En una de sus intervenciones más citadas, afirmó: “Invito a cualquiera que diga que Irán ha financiado a Podemos a que lo afirme públicamente y recibirá la oportuna demanda ante los tribunales”.

En ese mismo tono, recordó que las causas abiertas en su día sobre financiación extranjera fueron archivadas por la justicia.

 

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Sin embargo, otros analistas y tertulianos han matizado esta postura.

Antonio Naranjo, en una intervención televisiva, señaló que “nunca se ha podido demostrar la financiación de un partido político con dinero extranjero, lo cual sería gravísimo”, pero añadió que “sí es un hecho que personas que luego fundaron Podemos tuvieron relaciones comerciales muy intensas y de millones de euros con países como Venezuela, Irán u otros de Hispanoamérica”.

Naranjo subrayó que no afirmaba que ese dinero financiara al partido, pero sí consideraba legítimo preguntarse si esos vínculos eran adecuados para quienes aspiraban a gobernar.

La polémica se ha intensificado al entrelazarse con la situación interna de RTVE.

El sindicato de USO en la corporación pública ha difundido comunicados muy críticos con determinados programas y presentadores, denunciando lo que consideran una externalización de contenidos informativos y una deriva hacia el “entretenimiento ideológico financiado con dinero público”.

En uno de los textos más comentados se afirma que “RTVE no informa, manipula y excluye”, y que algunos espacios confunden información con opinión, vulnerando el mandato de servicio público.

 

Marta Flich y Gonzalo Miró ya tienen fecha de estreno de su nuevo programa  | El Correo

 

En este contexto, han aparecido los nombres de comunicadores como Gonzalo Miró, Marta Flich y Jesús Cintora, señalados en debates y comentarios como ejemplos de una línea editorial percibida por algunos sectores como sesgada.

Desde el sindicato se ha advertido que “cuando se confunde información con propaganda, se traiciona al servicio público y se degrada la credibilidad de la corporación”, una acusación que ha avivado el enfrentamiento entre trabajadores, dirección y opinión pública.

A esta controversia se suma el anuncio gubernamental de destinar más de 300 millones de euros a campañas contra la desinformación y las llamadas fake news, parte de los cuales se canalizarían a través de RTVE y plataformas de verificación.

Para los críticos, resulta contradictorio que esos fondos recaigan en medios y programas cuestionados por falta de pluralidad, mientras que el Ejecutivo defiende que se trata de una inversión en calidad democrática.

El debate sobre Irán ha servido además para confrontar discursos feministas y de derechos humanos.

En programas recientes se han recuperado declaraciones pasadas de Irene Montero, exministra de Igualdad, sobre su colaboración con medios iraníes.

Ante estas menciones, Iglesias se mostró evasivo en algunos momentos, afirmando: “No sé de qué declaraciones me estás hablando, sinceramente”, aunque insistió en que siempre ha condenado la represión y defendido los derechos de las mujeres.

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En otra intervención, Iglesias trató de contextualizar la situación iraní desde una perspectiva geopolítica, señalando que “el objetivo ulterior de Estados Unidos o Israel no es que en Irán haya una democracia, sino un interés geopolítico”.

Esta lectura fue duramente criticada por quienes consideran que relativiza la represión interna y el sufrimiento de la población, especialmente de las mujeres.

La acumulación de estas polémicas ha reabierto un debate de fondo sobre la coherencia política, la ética en los vínculos internacionales y el papel de los medios públicos en una democracia.

Mientras Podemos y sus dirigentes insisten en que han sido víctimas de campañas de desprestigio basadas en bulos ya desmentidos judicialmente, sus críticos sostienen que existen contradicciones morales y políticas que aún no han sido explicadas con suficiente claridad.

En un clima de alta polarización, la discusión trasciende a los nombres propios y se instala en una cuestión más amplia: hasta qué punto la política, los medios y la financiación pública deben someterse a un escrutinio constante para preservar la credibilidad institucional.

La respuesta, como se ha visto, sigue dividiendo a la opinión pública española y promete seguir alimentando el debate político y mediático en los próximos meses.

 

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