Isabel Díaz Ayuso defendió públicamente a Julio Iglesias y rechazó participar en lo que calificó como un linchamiento mediático, apelando a la presunción de inocencia y al respeto al Estado de derecho.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagonizó una extensa y contundente comparecencia pública en la que defendió su apoyo a Julio Iglesias frente a las denuncias presentadas por dos extrabajadoras del cantante, al tiempo que lanzó una dura ofensiva política contra el Gobierno central por el nuevo modelo de financiación autonómica pactado con Cataluña.
En una intervención marcada por el tono combativo y la acumulación de reproches, Ayuso se negó a retirar sus palabras de respaldo al artista y situó el debate en el terreno del Estado de derecho y la presunción de inocencia.
Preguntada de forma directa por la polémica que rodea a Julio Iglesias, tras conocerse que la Fiscalía estudia los testimonios de dos mujeres que aseguran haber sufrido agresiones sexuales cuando trabajaban en sus propiedades del Caribe, la presidenta madrileña fue tajante: “Nosotros no vamos a prestarnos al linchamiento de un artista, al desprestigio de una persona que no es político por parte de los políticos”.
Con esta afirmación, Ayuso dejó claro que no piensa participar, desde su cargo institucional, en lo que considera un juicio mediático previo a cualquier resolución judicial.
La dirigente del Partido Popular insistió en que existen otros asuntos de máxima gravedad que sí competen directamente a los responsables públicos y que, a su juicio, están quedando eclipsados.
En ese contexto, enumeró una larga lista de escándalos que atribuye al Ejecutivo de Pedro Sánchez, señalando que “como los escándalos del Gobierno van de tres en tres, es probable que antes de acabar esta rueda de prensa hayan explotado otros tantos”.
Para Ayuso, el foco mediático sobre un artista internacional desvía la atención de cuestiones estructurales que afectan al conjunto del país.
En relación con las palabras del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien pidió prudencia y reclamó que se investiguen los hechos denunciados, Ayuso evitó entrar en una confrontación directa, pero reafirmó su postura.
“Mi posición está fijada y no vamos a contribuir desde la política al descrédito de personas que no están en política”, subrayó, marcando una línea clara entre su defensa del principio de presunción de inocencia y el respeto a la actuación de la Justicia.
El otro gran eje de la comparecencia fue el nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno, que, según Ayuso, ha sido pactado “a espaldas de los españoles” y con el expresidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.
La presidenta madrileña calificó el acuerdo de “chantaje” y fue aún más lejos al afirmar que se trata de “corrupción de Estado”.
Según explicó, el nuevo esquema otorgaría a Cataluña alrededor de 5.
000 millones de euros adicionales, además de otros conceptos que, en su opinión, suponen privilegios injustificados frente al resto de comunidades.
Ayuso denunció que el sistema no es realmente voluntario, pese a lo que sostiene el Gobierno.
“No es voluntario, es chantaje, es soborno y, sobre todo, es corrupción”, afirmó con rotundidad.
En su argumentación, advirtió de que este modelo amenaza la solidaridad interterritorial y pone en riesgo la capacidad financiera de regiones como Madrid, que ya aporta una parte muy significativa al Fondo de Solidaridad.
“Antes aportábamos el 76% y ahora la aportación va a ser incalculable; estimamos que podría superar el 82%”, alertó, insinuando que esta carga podría comprometer la prestación de servicios públicos en la región.
La presidenta también aprovechó para arremeter contra lo que considera una estrategia deliberada de división social por parte del Ejecutivo central.
“Este Gobierno lo único que consigue siempre es dividir: a jóvenes con jubilados, a lo público con lo privado, a unas regiones con otras”, señaló, insistiendo en que el debate real “va de España, va del futuro común de una nación”.
En otro momento de la comparecencia, Ayuso respondió a las críticas de la oposición por varias sentencias del Tribunal Constitucional que cuestionan decisiones de la Mesa de la Asamblea de Madrid.
Rechazó las acusaciones de autoritarismo y defendió el funcionamiento de la Cámara regional, asegurando que su Gobierno es uno de los más sometidos al control parlamentario.
Según explicó, muchas de las iniciativas rechazadas lo fueron por carecer de encaje reglamentario o por su carácter, a su juicio, “absurdo”.
La presidenta no eludió tampoco la pregunta sobre la situación de la Fiscalía General del Estado, a la que acusó de estar “totalmente desacreditada”.
Afirmó que se ha pasado de una Fiscalía General del Estado a una “fiscalía del Gobierno” y criticó que se mantenga en su puesto a responsables “inhabilitados por sentencia firme”, algo que, según dijo, ha supuesto un “escándalo mundial”.
En el tramo final, Ayuso fue interpelada de nuevo por el caso de Julio Iglesias y por la posición de la Comunidad de Madrid ante las denuncias de agresión sexual.
La presidenta reiteró que su Gobierno está “con el Estado de derecho” y que cualquier investigación debe desarrollarse con todas las garantías, sin juicios paralelos ni condenas anticipadas.
“Se abre un caso y eternamente se queda dando vueltas en las mesas de los mismos cuando por el camino pasan cosas todos los días”, lamentó, insistiendo en que el uso político de determinadas denuncias termina erosionando la credibilidad de las instituciones.
Con esta intervención, Isabel Díaz Ayuso volvió a situarse en el centro del debate político y mediático, reafirmando su apoyo a Julio Iglesias frente a la polémica y utilizando el contexto para lanzar una ofensiva frontal contra el Gobierno central.
Su mensaje, sin matices, combina la defensa de la presunción de inocencia con una crítica feroz a lo que considera una deriva institucional y territorial que pone en riesgo la cohesión de España.
