A través de un comunicado, el sindicato USO muestra «su apoyo total y sin matices» al órgano: «El Consejo de Informativos cumple con su función. Quien intenta desacreditarlo incumple con la suya»
La tensión en Televisión Española ha alcanzado uno de sus puntos más altos tras la publicación del informe del Consejo de Informativos que analiza el contenido de los programas Malas lenguas y Mañaneros, un documento que no solo ha sacudido a sus presentadores y colaboradores, sino que ha abierto una profunda brecha interna en la corporación pública.
Lo que comenzó como una investigación técnica tras más de cien quejas de trabajadores ha derivado en una auténtica guerra de posicionamientos, con sindicatos, directivos, tertulianos y profesionales enfrentados en torno a un concepto clave: la credibilidad del servicio público.
El informe, de más de 140 páginas, concluye que ambos programas “incumplen, de forma habitual y reiterada, las normas fundamentales para la elaboración de información en RTVE”.
El texto recoge numerosos ejemplos de lo que el Consejo califica como “malas praxis”, entre ellos la difusión del bulo de una supuesta bomba lapa relacionada con un agente de la UCO y el presidente del Gobierno, una información que posteriormente tuvo que ser desmentida por Verifica RTVE.
Para el órgano interno, estos casos no son hechos aislados, sino parte de un patrón reiterado.
Las críticas del Consejo se extienden también a los conductores de los espacios.
Sobre Javier Ruiz y Jesús Cintora, el informe sostiene que “adolecen de sesgo, tanto en el contenido de sus opiniones como en la forma de exponerlas”, y añade que el enfoque editorial de los programas suele derivar en “un contenido sesgado, en el que abundan los argumentos favorables al Gobierno o al PSOE”.
Un diagnóstico contundente que no tardó en provocar reacciones airadas.
Una de las respuestas más visibles fue la de Sarah Santaolalla, colaboradora habitual de estos formatos, quien expresó públicamente su rechazo al informe.
Tras leerlo, afirmó que contiene “errores de libro, faltas de concreción, manipulaciones y mucha falta de rigor”.
En sus palabras, el Consejo menciona “mala praxis” en informaciones que, según ella, ya habían sido aclaradas o rectificadas, y lanzó una crítica directa: “Quizás ‘mala praxis’ sea no comprobar la veracidad de estas acusaciones”.
Santaolalla también cuestionó el análisis realizado sobre Mañaneros 360.
“Disfrazan opiniones con informaciones y transcripciones de programas puntuales que han sido utilizados como arma arrojadiza por la derecha mediática y política”, señaló, antes de añadir: “Creo que ni siquiera han visto el programa ‘Mañaneros 360’ porque más de la mitad de los tertulianos que mencionan jamás han participado en el programa”.
Su conclusión fue tajante: “¿Cómo pueden hacer un informe exigiendo rigor sin ejercer el más mínimo rigor?”.
A estas críticas se sumó la del director de Desarrollo Corporativo y Servicio Público de RTVE, Roberto Lakidain, quien habló abiertamente de una “intensa y obsesiva campaña de acoso contra Javier Ruiz y Jesús Cintora”.
Según Lakidain, el Consejo incurre en “graves errores” y llega a calificar como mala práctica contenidos similares a los publicados por otros medios de referencia.
En un mensaje de apoyo a los presentadores, afirmó: “Demoledor, del verbo demoler, lo que pretende hacer el Consejo de Informativos TVE con los pilares que sustentan la relevancia que caracteriza a las emisiones de TVE”.
Y cerró con un agradecimiento explícito: “Gracias Javier y gracias Jesús por lo mucho que apoyáis”.
Frente a estas acusaciones, la reacción del personal de RTVE no se hizo esperar.
El sindicato USO RTVE emitió un comunicado en el que expresó “su apoyo total y sin matices” al Consejo de Informativos “frente a los ataques que está recibiendo, incluidos los procedentes de la propia empresa”.
Para el sindicato, el Consejo “cumple con su función” y quienes intentan desacreditarlo “incumplen con la suya”.
USO defendió que el Estatuto de la Información de RTVE no limita la actuación del Consejo a los Telediarios ni a formatos informativos clásicos.
“Su competencia alcanza a cualquier contenido que utilice lenguaje, estética, marca o apariencia informativa”, especialmente cuando se emite bajo el paraguas del servicio público y afecta a principios como el pluralismo, la veracidad y la neutralidad.
Negar esta competencia, advirtieron, supone “un intento burdo de blindar contenidos cuestionables” y “abrir una vía peligrosa” para difundir propaganda o desinformación simplemente cambiando la etiqueta del formato.
En la misma línea, otros trabajadores de la corporación subrayaron que los programas analizados “opinan, seleccionan temas, jerarquizan la actualidad, usan rótulos informativos, tertulianos presentados como expertos y la imagen corporativa de RTVE”.
En este contexto, sostienen que afirmar que no son materia del Consejo de Informativos “es insultar la inteligencia de la plantilla y de la ciudadanía”.
El sindicato fue más allá al señalar que los ataques al Consejo no buscan aclarar competencias, sino “silenciar al órgano que ha documentado incumplimientos, con datos, análisis y quejas ciudadanas”.
Para ellos, la cuestión trasciende a nombres propios o formatos concretos: “Atacar al Consejo es atacar a los profesionales y al derecho constitucional a una información veraz”.
Así, la crisis abierta en TVE revela un conflicto profundo sobre los límites entre información y opinión, sobre el papel del infoentretenimiento y sobre la responsabilidad de un medio público en un contexto político y mediático cada vez más polarizado.
Mientras las posiciones se endurecen y el debate continúa, el Consejo de Informativos se mantiene firme en su diagnóstico, respaldado por una parte significativa de la plantilla y de los sindicatos, convencido de que su función no es agradar, sino velar por la integridad informativa de la radiotelevisión pública.
