Koldo García afirmó que en la sede del PSOE en la calle Ferraz se hallaron armas sin documentación y que se ordenó su destrucción sin informar a la Policía ni a la Justicia.
El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en el ojo del huracán tras las impactantes revelaciones de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos.
En una entrevista concedida a OKDIARIO, García ha destapado un episodio que podría marcar un antes y un después en la historia reciente de la política española.
Según sus declaraciones, en los bajos de la sede central del Partido Socialista, ubicada en la calle Ferraz, fueron halladas dos pistolas de calibre 9 mm y una escopeta paralela, todas sin la documentación legal correspondiente.
“Fue el propio presidente del Gobierno quien ordenó destruirlas”, afirmó García, generando una ola de indignación y sorpresa.
“La orden era clara: quitar las armas de en medio, no comunicarlo a la Policía ni a la Justicia y simplemente destruirlas”, añadió, describiendo un ambiente de clandestinidad y desobediencia a la ley que parece más propio de una organización secreta que de un partido que dirige el país.
El exasesor relató que el descubrimiento de las armas ocurrió en una zona de la sede que no había sido revisada en mucho tiempo.
“Los trabajadores del partido se encontraron con ellas, y tras comunicarlo a Ábalos, este me dijo que había hablado con Sánchez.
La decisión estaba tomada”, explicó García.
“No había que abrir una investigación interna, ni dar explicaciones a nadie.
Solo había que destruirlas”, insistió, dejando claro que el proceso se llevó a cabo sin el conocimiento de las autoridades competentes.
Las palabras de García son contundentes y reveladoras.
“Las armas no tenían guía de pertenencia, por lo que eran ilegales.
Destruirlas sin informar a la Justicia podría constituir varios delitos”, reconoció, aunque justificó su obediencia a las órdenes superiores.
“Fueron fundidas y desguazadas con un soplete en una zona entre Vizcaya y Guipúzcoa, quedando totalmente irreconocibles”, agregó, lo que plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la legalidad de las acciones del Gobierno.
La reacción en las redes sociales no se ha hecho esperar.
Muchos internautas han calificado al Ejecutivo de “Social Comunista” de actuar como una mafia, utilizando métodos opacos y eliminando pruebas de manera sistemática.
“No se trata solo de la existencia de armas ilegales en la sede de un partido político, sino de la implicación directa del presidente del Gobierno en su ocultación y destrucción”, comentaba un usuario en Twitter, reflejando el sentir de una parte significativa de la ciudadanía.
Este episodio se suma a una serie de revelaciones por parte de Koldo García, quien ha denunciado irregularidades en las primarias del PSOE en 2017, así como supuestas aportaciones económicas opacas a la campaña de Sánchez.
“El patrón se repite: decisiones en la sombra, desprecio por la legalidad y una sensación de impunidad que erosiona gravemente la confianza institucional”, afirmaba un analista político, quien destaca la gravedad de la situación actual.
La posibilidad de que el presidente del Gobierno haya ordenado destruir armas ilegales sin informar a la Justicia no solo es surrealista, como reconoce el propio García, sino que plantea un escenario alarmante.
“España no se enfrenta a un simple escándalo político, sino a un posible caso de extrema gravedad que retrata un Gobierno que ha actuado de espaldas al Estado de derecho”, alertaban desde diversos sectores de la oposición.
El clima de desconfianza y el cuestionamiento a la legitimidad del Gobierno se intensifican con cada nueva revelación.
“Este tipo de acciones solo alimentan la percepción de que hay algo oscuro en el seno del PSOE”, afirmaba un portavoz de la oposición, quien exigía una investigación exhaustiva sobre los hechos denunciados.
“La ciudadanía tiene derecho a saber la verdad y a que se haga justicia”, concluía.
La situación actual no solo pone en jaque a Pedro Sánchez, sino que también afecta la imagen del Partido Socialista, que ha sido históricamente un pilar de la democracia en España.
La falta de transparencia y la aparente normalización de prácticas ilegales dentro del partido generan un ambiente de incertidumbre que podría tener repercusiones a largo plazo en la política española.
En resumen, el descubrimiento de armas ilegales en la sede del PSOE y la orden de destrucción por parte de Pedro Sánchez han desatado un escándalo que podría tener consecuencias devastadoras para el Gobierno.
La confianza en las instituciones se tambalea, y la ciudadanía exige respuestas.
La historia de este episodio, que huele cada vez más a cloaca, apenas comienza a desvelarse.
