El enfrentamiento en la Asamblea de Madrid se intensificó cuando Ayuso respondió con dureza a la petición del PSOE y Más Madrid de conmemorar los 50 años de la muerte de Franco, provocando un debate sobre memoria histórica y polarización política.

 

 

En un tenso intercambio parlamentario en la Asamblea de Madrid, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, lanzó un duro contraataque al PSOE y a Más Madrid, tras la petición de estos grupos de celebrar el quincuagésimo aniversario de la muerte de Francisco Franco.

Lejos de amainar las críticas, Ayuso respondió con firmeza y sarcasmo, acusando a sus rivales de anclar continuamente el debate político en el pasado, mientras exhibía sus políticas como un proyecto de progreso centrado en la libertad, la universidad pública y la gestión sanitaria.

El diputado socialista Fernández Lara arrancó el turno de preguntas señalando que «la universidad pública pide auxilio» y alertó de una huelga «a final de mes» si no mejora su financiación.

Puso el foco en el gasto de la Comunidad de Madrid, donde según su informe solo se destina el 0,43 % del PIB a las universidades públicas, una cifra que calificó como la más baja de todo el país.

A su juicio, el anunciado incremento presupuestario del 6,5 %, si se tiene en cuenta la inflación, equivale en realidad a una inversión inferior a la de 2009.

Fernández Lara criticó que el Gobierno madrileño pretenda repartir 75 millones de euros entre todas las universidades, cuando «solo la Universidad Complutense necesita más de la mitad para devolver el préstamo que le habéis obligado a pedir».

Más allá de las cifras, el socialista lanzó una acusación política muy contundente: «Usted no quiere un ascensor social, quiere retroceder 50 años en el tiempo a la época del dictador».

Alza la voz, sostuvo el socialista, porque en su opinión en Madrid «ya no estudia quien tiene mérito, sino quien tiene dinero».

Esa tendencia, aseguró, no responde a la meritocracia sino a lo que él llamó «ayusocracia», un modelo que favorece a las élites económicas frente al talento. Con estas palabras, vinculó específicamente las políticas universitarias de Ayuso con una visión elitista de la educación.

Cuando le cedieron la palabra, Ayuso replicó con contundencia: «Deje de mentir», comenzó, en una intervención que combinó críticas hacia la oposición con afirmaciones sobre su propio proyecto político.

Señaló que el registro de objetores, sobre el que también reprochaba el PSOE, «no señala a nadie», sino que garantiza que existan médicos dispuestos a ejercer un derecho fundamental.

Alegó que esta política va «a favor de las mujeres» y acusó a sus críticos de ignorar sus esfuerzos en materia social.

 

 

La presidenta madrileña no esquivó las críticas sobre su esfera personal. En alusión a rumores sobre su pareja y su vida privada, Ayuso ironizó con dureza: «Pese a que su novio decía que le iban a arruinar la vida, parece que se queda en España y con ático nuevo.

Parece que le va tan bien como al grupo Quirón, ¿no?». De esta forma, devolvió una parte de las acusaciones vertidas por el PSOE, relativizando el valor político del escándalo.

En materia universitaria, Ayuso defendió un crecimiento presupuestario ambicioso: «Estamos realizando el mayor incremento en la universidad pública de la historia de la Comunidad de Madrid: más de 120 millones en dos años».

Según su relato, estas cifras refutarían las acusaciones socialistas de infrafinanciación.

Para ella, la oposición actúa con «sectarismo» y ha demostrado una constante animadversión hacia su gestión, que, en su opinión, no se negocia ni se respeta.

En otro momento, Ayuso denunció una supuesta ofensiva ideológica por parte del PSOE: «Son aquellos que expulsaron a Joaquín Leguina, el único socialista que quería reconciliación entre izquierda y derecha», afirmó, en una referencia directa al pasado político madrileño de los años noventa.

Afirmó que sus rivales han tratado de «cancelar» a figuras como médicos, escritores, periodistas, jueces, y hasta artistas, por disentir de la narrativa oficial del Gobierno central.

Cuando tocó hablar del pacto central de gobierno, Ayuso no se contuvo: calificó la coalición de Pedro Sánchez con Bildu, Junts y el PNV como un «pacto corrupto» que, según ella, sostiene el Ejecutivo de La Moncloa.

Aseguró que estos partidos han manipulado el derecho y las instituciones para perpetuar su poder, lo que, a su juicio, va en contra del interés de España.

 

 

La diputada de Más Madrid, Manuela Bergerot, intervino poco después para reprochar a Ayuso que su presupuesto para 2026 es una «declaración de guerra» contra derechos fundamentales: sanidad, universidad, igualdad, escuelas infantiles, justicia fiscal.

Bergerot acusó al Gobierno regional de entregar la sanidad a entidades privadas y de favorecer a los ricos con una política fiscal regresiva.

Insistió en que la petición de conmemorar el 20 de noviembre no era una celebración de Franco, sino una demanda de «condena clara y rotunda del franquismo».

En su discurso, la portavoz de Más Madrid hizo un llamamiento moral: «Hoy celebramos 50 años de la muerte del dictador. Celebramos un camino de democracia, que es lo mismo que decir un camino de derechos».

Para Bergerot, condenar el franquismo implica reconocer torturas, trabajos forzados, campos de concentración para personas LGTBI, fosas comunes con más de cien mil víctimas, entre otras atrocidades históricas.

«¿Qué le molesta condenar de todo esto?», preguntó directamente a Ayuso.

La presidenta respondió exaltando su propio origen y visión: «Nací en 1978, en democracia. Aprendí de aquellos españoles que no querían ni una España ni la otra, que no vivieron la guerra civil».

Reivindicó la reconciliación como camino, advirtiendo contra la polarización y la vuelta al «guerracivilismo». A su juicio, la verdadera reconciliación no pasa por ceremonias memoriales, sino por mirar hacia el futuro unidos.

 

 

Ayuso también recriminó a la izquierda su forma de politizar la memoria:

acusó a Más Madrid de no respetar ni la voluntad de las familias ni el dolor de los ciudadanos cuando se trata de lugares como Alpedrete, donde se han vivido episodios dolorosos relacionados con la transición y la memoria.

«Es horroroso», dijo, que no se espere una explicación familiar y se utilice el dolor para dividir entre bandos.

En el ámbito de las huelgas, Ayuso acusó a los sindicatos de ser instrumentos de la izquierda: «No hay más huelgas en España porque los sindicatos son políticos y les pertenecen a ustedes», espetó.

Además, lamentó que los medios de protesta social sean silenciados cuando no convienen al Gobierno central, y dio el ejemplo de los sindicatos médicos, que protestan contra las condiciones laborales en hospitales públicos.

Ayuso también abordó el tema del aborto, una de sus líneas rojas políticas: dijo que en Madrid se producen unos 20.000 abortos al año, y en toda España alrededor de 100.000, con un 30 % de reincidencia.

Afirmó que su objetivo es reducir esas cifras con políticas preventivas, porque, según ella, estas situaciones «siempre golpean a las mismas mujeres», por lo que considera necesario «pensar en positivo».

El debate se completó con una intervención del diputado del Partido Popular, Diego Díaz Pache, que preguntó por el impacto que podría tener la reducción presupuestaria del Ministerio de Sanidad sobre la gestión sanitaria madrileña.

Ayuso aprovechó para arremeter contra el Gobierno central, acusándolo de no garantizar fondos ni estabilidad: «La falta de presupuestos y de entregas a cuenta dificulta enormemente que podamos gestionar servicios públicos esenciales», dijo.

Remarcó que, pese a esas dificultades, su ejecutivo ha aumentado la partida para atención primaria en 300 millones de euros e impulsado la construcción de nuevos centros de salud.

 

 

Además, la presidenta reivindicó los avances tecnológicos en hospitales madrileños, destacando la implementación de robots Da Vinci para intervenciones complejas y la creación de nuevos protocolos clínicos, como modelos innovadores de atención neonatal.

Dio ejemplos concretos: hospitales como el Gregorio Marañón, el de Villalba o el Infanta Elena han dado pasos significativos en su modernización y en la mejora de los servicios sanitarios.

Díaz Pache, en su turno, no desaprovechó para hacer una fuerte crítica al PSOE: vinculó a sus dirigentes con casos de corrupción y acusó al partido de sostener una «organización criminal».

Hizo alusión a viviendas vinculadas a altos cargos socialistas, incluidos pisos de lujo y áticos, denunció intereses opacos y preguntó retóricamente si los socialistas están dispuestos a dar explicaciones ante la ciudadanía.

Su intervención fue tan combativa como la de Ayuso, contribuyendo a un debate marcado por la estrategia de confrontación y acusaciones cruzadas.

En síntesis, esta sesión parlamentaria en la Asamblea de Madrid estuvo impregnada por acusaciones políticas directas, reproches ideológicos y una fuerte carga simbólica por la coincidencia con el 50º aniversario de la muerte de Franco.

El choque entre Ayuso, el PSOE y Más Madrid no solo giró sobre la memoria histórica, sino que se entrelazó con temas clave de gestión pública: la universidad, la sanidad, los derechos de las mujeres y la fiscalidad.

Al final, la presidenta madrileña dio por hecho que no prosperará una conmemoración oficial del franquismo, pero dejó claro que su prioridad es proyectar un futuro de libertad, progreso y reconciliación democrática, sin revivir los fantasmas del pasado.

Por su parte, la oposición no parece dispuesta a renunciar a sus exigencias de reconocimiento histórico y justicia social.

El debate está abierto, las heridas siguen presentes, y la política madrileña se prepara para nuevas batallas, tanto simbólicas como presupuestarias.