El senador denunció que el gobierno de Sánchez ataca la independencia judicial y erosiona los fundamentos de la democracia en España.
En un momento crucial para la democracia española, el debate en el Senado no se limitó a la tramitación de una moción más.
Esta vez, se trató de una cuestión fundamental: si España sigue siendo un estado de derecho comparable a las mejores democracias del mundo o si el gobierno del señor Sánchez ha decidido sustituir la ley por su voluntad autocrática.
Durante su intervención, el senador destacó que “lo que tenemos delante no es un debate político, es una frontera democrática”.
La situación se tornó aún más grave al mencionar la condena del fiscal general del Estado, quien fue inhabilitado por el Tribunal Supremo.
“Nunca, señorías, en más de cuatro décadas de democracia habíamos vivido lo que padecemos ahora”, afirmó con contundencia.
Esta vulneración, lejos de ser un error administrativo, es un ataque directo a la legalidad, algo que debería haber provocado dimisiones y explicaciones inmediatas.
Sin embargo, la reacción del gobierno fue muy diferente: “No fue institucional, fue partidista.
No fue democrática, fue personal”.
Las palabras del senador resonaron con fuerza al recordar las declaraciones del presidente del gobierno, quien proclamó públicamente que el condenado es “inocente” como si fuera un Tribunal Supremo bis.
“Esto no es libertad de expresión, esto es hostigamiento institucional e intimidación al poder judicial”, subrayó, enfatizando que “por primera vez, un gobierno señala a jueces por cumplir la ley”.
Este patrón de comportamiento, según el senador, forma parte de una política del sanchismo que ataca a la justicia cada vez que esta investiga al poder.
“Si la justicia investiga al poder sanchista, el poder sanchista ataca a la justicia”, sentenció.
Este ciclo vicioso de agresiones y ataques a las instituciones democráticas plantea un grave riesgo para la estabilidad del sistema.

El senador también hizo un llamado a la reflexión sobre el papel del Parlamento: “El Parlamento no está para servir al gobierno, está para controlarlo y para defender el estado de derecho y la Constitución”.
En su intervención, hizo hincapié en que “cuando un gobierno insulta al poder judicial y se burla del legislativo, no está gobernando, está erosionando los fundamentos de la democracia”.
La situación actual en España es alarmante.
“Hoy algunos pretenden instalar la idea de que respetar la ley es un acto de deslealtad”, advirtió el senador, quien no dudó en calificar este fenómeno como “populismo autoritario”.
“Los españoles no estamos dispuestos a aceptarlo”, afirmó con determinación.
Frente a esta crisis, el senador dirigió un mensaje claro al gobierno: “Un estado de derecho no se negocia.
La separación de poderes no se relativiza”.
La justicia independiente, dijo, no se condiciona; las sentencias no se atacan, se acatan y se cumplen.
“El inquilino de la Moncloa no es el dueño de las instituciones, es su servidor temporal y responsable”, enfatizó, instando a poner fin a la utilización de la fiscalía como herramienta política.

El senador concluyó su intervención con un llamado a la acción: “Basta de señalar a magistrados por ejercer su función.
Basta de vaciar al Parlamento cuando no conviene”.
Su mensaje fue claro y contundente: “España ha construido su democracia sobre una verdad simple pero poderosa: el poder está sometido a la ley”.
Este discurso no solo fue un grito de alerta sobre la situación actual, sino también un recordatorio de la responsabilidad de los líderes políticos en la defensa de la democracia.
“La justicia ya ha hablado.
El parlamento habla y ahora le toca al gobierno decidir si está con la democracia o contra ella”, concluyó, dejando en el aire la pregunta sobre el futuro de la democracia en España.
La serie de acontecimientos judiciales recientes invita a la sociedad a crecer, a creer y a confiar en la independencia de la justicia como un valor esencial de un estado de derecho.
“Frente a las intromisiones e injerencias de algunos políticos, debemos defender la independencia judicial como una de las garantías básicas del estado de derecho”, afirmó el senador, quien instó a todos los ciudadanos a mantenerse alerta y a luchar por la democracia y la legalidad en España.

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