La UCO de la Guardia Civil registró de madrugada un piso vinculado al fiscal general Álvaro García Ortiz y halló dinero en efectivo, dispositivos digitales y documentación sensible.

 

 

¿Qué ocurriría si un operativo de la Guardia Civil terminara exponiendo secretos que jamás debían salir a la luz? Esa fue la pregunta que resonó en la mente de los agentes aquella madrugada en Madrid, cuando a las 4:58 a.m., tres vehículos de la unidad central operativa (UCO) se detuvieron frente a un edificio gris en una zona residencial.

Sin cámaras ni prensa, solo un silencio tenso y una orden judicial que involucraba al fiscal Álvaro García Ortiz, un nombre que hasta ese momento parecía intocable.

Durante meses, los agentes habían seguido cada movimiento del fiscal, cada reunión y cada viaje.

Lo que comenzó como una investigación rutinaria por movimientos bancarios sospechosos se transformó en un oscuro entramado de corrupción judicial y blanqueo de dinero con ramificaciones internacionales.

El piso en la tercera planta era la pieza clave de este rompecabezas.

Según los investigadores, servía como sede oculta de operaciones financieras ilegales, un punto de encuentro discreto donde se almacenaban documentos, contratos y dinero en efectivo procedente de sobornos.

La operación, denominada Hermés, se había planeado en secreto durante semanas.

Solo seis mandos conocían el destino final de los agentes que romperían la puerta de acero reforzado del piso.

“Nadie debe saberlo hasta que esté hecho”, había dicho el juez al firmar la orden de registro.

A las 5:23 a.m., los agentes de asalto entraron en acción, rompiendo el silencio con golpes metálicos y órdenes por radio.

 

 

Al abrir la puerta, el aire se llenó del olor a polvo y papel viejo.

En el salón, decenas de carpetas apiladas y cajas etiquetadas ofrecían la primera pista de que allí se gestaba algo más que una simple irregularidad administrativa.

Entre los documentos, los agentes encontraron contratos de adjudicaciones públicas y hojas con anotaciones manuscritas que incluían nombres de empresarios, jueces y altos funcionarios.

Un archivador negro contenía fotocopias de pasaportes y transferencias internacionales hacia cuentas en Luxemburgo y Panamá.

Sin embargo, el hallazgo más impactante llegó cuando uno de los agentes, tras detectar una ligera corriente de aire, descubrió una caja fuerte empotrada detrás de una estantería de libros.

Durante casi una hora, especialistas en cerrajería forense trabajaron para abrirla.

Finalmente, lo que encontraron dentro congeló el ambiente: más de 300,000 € en efectivo, dispositivos USB sellados y un reloj de lujo valorado en más de 40,000 €. La tensión era palpable.

La evidencia no solo apuntaba a irregularidades contables, sino a un entramado financiero ilícito dentro del sistema judicial.

“Si caigo yo, no caeré solo”, susurró el fiscal cuando se le mostraron las pruebas.

Esa advertencia marcó un antes y un después en la investigación. A las 7:01 a. m., el registro seguía en curso, mientras los vecinos observaban las luces parpadeantes de las patrullas.

 

 

A medida que la operación avanzaba, la noticia comenzó a filtrarse.

Un mensaje anónimo llegó a un periodista, alertando sobre la investigación de una figura importante del Ministerio Público.

En menos de 24 horas, la operación Hermés se convirtió en tendencia en redes sociales, aunque sin nombres ni confirmaciones oficiales.

Desde la Fiscalía General, se intentó frenar la tormenta informativa con un comunicado que hablaba de una actuación rutinaria, pero la preocupación interna era máxima.

“Si lo encontrado se confirma, el escándalo podría arrastrar a todo el organigrama”, reconocieron fuentes internas.

Mientras tanto, los agentes continuaban revisando el material digital incautado.

En el primer dispositivo, hallaron carpetas cifradas vinculadas a causas judiciales abiertas.

El segundo USB contenía una base de datos de movimientos bancarios y transferencias internacionales.

“El fiscal utilizó su posición para obtener información privilegiada”, confirmaron los analistas informáticos de la Guardia Civil.

La corrupción había cruzado la frontera del Poder Judicial, y el epicentro era el despacho de un fiscal que había jurado defender la ley.

Tres días después del registro, la noticia estalló en los medios.

“Intervienen miles de euros y documentos secretos en el piso de un fiscal”, rezaban los titulares.

El país entero se despertó con la sensación de que algo se había roto en el interior del estado.

El fiscal, citado a declarar, alegó desconocer el contenido del piso, pero las pruebas hablaban por sí solas.

 

 

A medida que el escándalo crecía, la maquinaria institucional comenzó a girar para protegerse.

La Fiscalía General emitió un comunicado vago, mientras en privado, varios fiscales reconocían que el asunto era una bomba de relojería.

“El caso ha tocado a personas demasiado poderosas”, corría el rumor en los pasillos de la Audiencia Nacional.

El fiscal Álvaro García Ortiz fue suspendido de sus funciones por motivos de salud y trasladado discretamente fuera del país.

Sin ninguna acusación formal, su nombre desapareció de los medios tan rápido como había aparecido.

Los agentes que participaron en la operación sabían que el caso se había cerrado en falso, que el dinero y los documentos hallados eran solo la punta de un iceberg mucho más profundo.

A pesar de los intentos de silenciar la historia, un periodista de investigación publicó un reportaje sobre cuentas en paraísos fiscales y reuniones secretas.

Su artículo, aunque rápidamente eliminado, causó un revuelo efímero.

“El caso no se cerró, solo lo taparon”, había afirmado.

La operación Hermés se convirtió en un mito, una historia que pocos se atreven a mencionar, pero que todos recuerdan.

En los despachos del poder, se sigue hablando de aquel registro, del dinero encontrado y de los documentos que desaparecieron.

La corrupción, cuando alcanza la justicia, deja de ser un delito y se convierte en un secreto de estado.