Diecisiete militares han presentado una querella ante el Tribunal Supremo por presunta prevaricación y coacciones contra la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, por denegarles el pase a servicios especiales.
Un total de 17 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas han presentado una querella histórica ante el Tribunal Supremo contra la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, por delitos de prevaricación administrativa y coacciones.
Esta acción legal, impulsada por el despacho dirigido por Antonio Suárez-Valdés en nombre de los militares afectados, se enmarca en lo que los denunciantes consideran una “cerril negativa” del Ministerio de Defensa, encabezado por Margarita Robles, a permitir que personal militar español desempeñe puestos como personal civil en agencias internacionales de la OTAN, a pesar de que dicha posibilidad está claramente contemplada en la normativa vigente.
Los firmantes de la querella, que actualmente ocupan puestos como personal civil internacional de la Alianza Atlántica, han sido contratados como personal estatutario por diversas agencias del organismo.
Todos ellos son militares de carrera que se encuentran en situación de excedencia por interés particular o de servicios especiales para el Estado.
“Hemos sido forzados a solicitar la excedencia por interés particular debido a la negativa sistemática del Ministerio”, explica uno de los querellantes, quien prefiere permanecer en el anonimato por temor a represalias.
La representación legal ha solicitado a la sala de lo penal del Supremo que Mateos sea llamada a declarar como investigada.
Según los denunciantes, la subsecretaria ha denegado de manera sistemática la concesión del pase a la situación de servicios especiales de los militares españoles contratados como personal civil de la OTAN, lo que, según ellos, es un acto que contradice el ordenamiento jurídico vigente.
“Es inaceptable que se nos niegue lo que la ley establece claramente”, afirma otro de los militares involucrados.
Los querellantes argumentan que tras recibir ofertas o renovaciones contractuales por parte de las agencias de la Alianza, solicitaron el pase a servicios especiales aportando certificados oficiales que detallaban el carácter estatutario de sus puestos.
Sin embargo, se encontraron con una “práctica arbitraria” por parte del Ministerio de Defensa.
“Nos sentimos atrapados, como si estuviéramos en una trampa legal”, comenta uno de ellos, quien añade que varios de sus compañeros habían recibido previamente la misma situación administrativa, avalada por resoluciones judiciales.
La situación se ha vuelto aún más complicada, ya que, según los denunciantes, la subsecretaria cambió de criterio y comenzó a denegar la mayoría de las solicitudes.
“Es evidente que hay un cambio político detrás de todo esto.
La subsecretaria actúa bajo presiones que desconocemos”, señala un oficial, visiblemente frustrado por la falta de apoyo institucional.
Los militares subrayan que esta decisión no solo afecta a su carrera, sino también a su dignidad como profesionales al servicio del Estado.
El Ministerio de Defensa ha justificado estas negativas en una supuesta necesidad de autorización previa del Estado español, un requisito que, según los querellantes, no está contemplado en la normativa vigente.
“Nos están obligando a elegir entre renunciar a nuestros puestos en la OTAN o aceptar una situación administrativa más gravosa”, lamenta otro de los afectados.
Esta situación ha llevado a muchos a cuestionar la relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, especialmente en un contexto donde se percibe una creciente hostilidad hacia los militares.
En cuanto a las coacciones, la querella sostiene que se habrían producido mediante el uso del poder público y político como fuerza compulsiva, colocando a los militares ante una alternativa forzada e ilegítima.
“No es solo una cuestión legal; es una cuestión de principios y de respeto a quienes hemos dedicado nuestra vida a servir a España”, afirma uno de los querellantes con determinación.
La querella, que ha captado la atención de los medios y de la opinión pública, plantea interrogantes sobre la gestión del Ministerio de Defensa y su relación con los militares.
“La justicia debe prevalecer, y confiamos en que el juez decida si se ha cometido un delito penal o no”, concluye un oficial, mientras sus compañeros asienten con la cabeza, reflejando la unidad y determinación de un grupo que no está dispuesto a ceder ante lo que consideran injusticias claras.
La decisión del Tribunal Supremo será un punto de inflexión no solo para los querellantes, sino para todos los miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentran en situaciones similares.
La lucha por sus derechos y por un trato justo continúa, mientras la atención pública se centra en el desarrollo de este caso que podría sentar un precedente en la historia de las relaciones entre el ejército y el gobierno español.
