Los cimientos del PSOE vuelven a temblar y el escándalo ya ha dejado a la clase política en estado de máxima alerta. José Luis Ábalos, exministro de Transportes y figura clave en el entorno de Pedro Sánchez, se enfrenta a una petición de más de 20 años de prisión, según ha adelantado El Mundo.
Los cimientos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) vuelven a temblar ante un escándalo que ha puesto a la clase política en estado de máxima alerta.
José Luis Ábalos, exministro de Transportes y figura clave en el entorno de Pedro Sánchez, se enfrenta a una petición de más de 20 años de prisión.
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una serie de delitos que incluyen organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, lo que dibuja un retrato devastador del que fuera uno de los hombres fuertes del Gobierno.
El caso se originó con una investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia, pero ha evolucionado hacia un laberinto judicial que atrapa a Ábalos y a su antiguo entorno.
El magistrado Leopoldo Puente ha transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado, llevando al exministro, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama al banquillo.
La Fiscalía tiene un plazo de diez días para formalizar un escrito de acusación que promete ser demoledor.
En su comparecencia ante el Tribunal Supremo, Ábalos optó por el silencio. Su abogado argumentó que el juicio debería suspenderse debido a un “fraude de ley”, pero el juez no se mostró dispuesto a aceptar esta solicitud.
“La justicia debe prevalecer sobre cualquier intento de obstrucción”, afirmó el magistrado, subrayando la gravedad de las acusaciones.
Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) han revelado pagos injustificados que ascienden a 95.437 euros, incluyendo casi 21.000 euros en gastos personales de origen desconocido.
Además, se han interceptado conversaciones donde aparecen términos como “chistorras”, “soles” o “lechugas”, utilizados para referirse a billetes, lo que sugiere un uso de jerga propia de mercados oscuros y operativas clandestinas.
A pesar del riesgo de fuga señalado por la Fiscalía, Ábalos permanece en libertad provisional gracias a su condición de diputado, un privilegio que ha suscitado críticas en la oposición.
El Partido Popular (PP) ha exigido su ingreso inmediato en prisión o, en su defecto, una fianza de 650.000 euros. “No puede haber impunidad para quienes han traicionado la confianza del pueblo”, declaró Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
La investigación ha destapado un entramado de favores, enchufes y operaciones inmobiliarias impropias de un alto cargo público.
Se han encontrado evidencias de la contratación de Jésica Rodríguez en Ineco y Tragsa, el alquiler de un piso en la Plaza de España a una amiga cercana, y el fichaje de Claudia Montes en Logirail.
Asimismo, se ha detectado el arrendamiento de un chalet en La Línea de la Concepción, lo que pone en entredicho la ética de Ábalos como servidor público.
Paralelamente, el exministro está imputado en otras causas por amaños millonarios de obra pública, donde la Guardia Civil ha identificado un botín inicial de 6,7 millones de euros.
Los informes patrimoniales apuntan a casi 60.000 euros en efectivo sin declarar entre 2014 y 2024, parte de los cuales estaban destinados a familiares y a su expareja.
El rompecabezas se completa con la fundación Fiadelso, presuntamente benéfica y vinculada a Ábalos, que ha sido relacionada con subvenciones públicas y movimientos financieros que benefician a inmuebles de su propiedad.
Se han detectado pagos por al menos 18.706 euros y transferencias cruzadas entre la fundación y Ábalos que ahora están bajo la lupa.
El impacto político de este escándalo es devastador para el PSOE, que observa cómo uno de sus antiguos pilares se ha convertido en protagonista indeseado de un caso que amenaza con hundir la credibilidad del partido.
La figura de Ábalos, que en su momento fue mano derecha de Pedro Sánchez, aparece ahora acorralada y desgastada, con poco margen de maniobra mientras la Fiscalía prepara la acusación más dura de su carrera.
“Es una situación insostenible”, declaró un miembro anónimo del PSOE, reflejando la preocupación dentro del partido. “No solo se trata de la imagen de Ábalos, sino de la confianza que el electorado tiene en nosotros como partido”.
Mientras tanto, los principales líderes políticos han reaccionado a la situación. Santiago Abascal, líder de VOX, ha afirmado: “Este es un claro ejemplo de la corrupción que afecta a la clase política en España. Es hora de que se haga justicia”.
Por su parte, el presidente Pedro Sánchez ha mantenido un perfil bajo, sin hacer comentarios directos sobre el caso, aunque se espera que en las próximas semanas se pronuncie al respecto.
A medida que el caso avanza en los tribunales, la sociedad española observa atentamente, esperando que la justicia actúe con firmeza.
La situación de José Luis Ábalos es un recordatorio de los desafíos que enfrenta la política española en un contexto donde la corrupción y la falta de transparencia son temas recurrentes en la agenda pública.
