El alcalde Javier García Albiol desmiente las acusaciones de Jaume Asens sobre el desalojo del Instituto B9, afirmando que la denuncia está basada en mentiras y exageraciones.
Albiol asegura que solo 55 personas eran vulnerables y que todas recibieron asistencia habitacional, mientras critica los vínculos de algunos ocupantes con actividades delictivas.
El alcalde de Badalona, Javier García Albiol, ha lanzado un contundente ataque contra el eurodiputado de Comuns, Jaume Asens, en respuesta a la denuncia que este presentó ante la Fiscalía por el desalojo del Instituto B9.
En una intervención televisiva, Albiol no solo negó las acusaciones de Asens, sino que también lo acusó de propagar “mentiras” sobre lo ocurrido, afirmando que el denunciante “no ha dicho una verdad”.
Según el alcalde, la denuncia de Asens se basa en afirmaciones que no se corresponden con la realidad y que ya han sido desmentidas en informes oficiales.
Albiol enfatizó que, a diferencia de lo que se ha sostenido, no existen “cinco asentamientos” en la zona, sino uno solo, ocupado por aproximadamente 60 personas.
“A estas personas se les ofreció una alternativa habitacional”, explicó, “pero algunas la rechazaron porque ‘no les gustaba el sitio’”.
El alcalde también reveló que, tras una evaluación conjunta entre la Generalitat y el Ayuntamiento, se determinó que solo 55 de las personas en cuestión eran realmente vulnerables.
“Todas ellas han sido alojadas en pensiones u otros recursos”, aseguró Albiol, quien insistió en que los servicios sociales han estado activos antes, durante y después del desalojo.
En su defensa, Albiol detalló que el mismo día del desalojo se desplegó un dispositivo con cinco técnicos municipales para atender a quienes quisieran ayuda.
Sin embargo, de las 150 personas desalojadas, solo unas 50 acudieron a un departamento específico habilitado para brindar asistencia.
“Todo este procedimiento está documentado por escrito en el auto”, afirmó, “y no se trata de decisiones improvisadas”.
El alcalde no escatimó en palabras al criticar lo que considera una idealización interesada del asentamiento.
“No se trataba de ‘hermanitas de la caridad’”, dijo, “sino de un grupo que, según los informes municipales, tenía vínculos con robos, tráfico de drogas o prostitución”.
Esta situación, según Albiol, generó graves problemas de convivencia durante más de dos años en los barrios cercanos.
“Esa información fue aportada cuando se solicitó la autorización judicial para la desocupación”, añadió.
Por si fuera poco, Albiol desmintió otra acusación repetida por el entorno de Asens sobre una supuesta incitación vecinal frente a una iglesia.
“Todo quedó grabado”, aseguró, “y, lejos de alentar nada, pedí tiempo para negociar y me comprometí personalmente a asumir responsabilidades si no se cumplía lo acordado”.
Con estas declaraciones, Albiol ha puesto en evidencia la denuncia del dirigente de Comuns, a quien acusa de construir un relato falso para atacar políticamente una actuación que, según él, se ha llevado a cabo con respaldo legal y criterios sociales.
“No podemos permitir que se difundan mentiras que perjudican a nuestra comunidad”, concluyó el alcalde, dejando claro que su gestión se basa en la legalidad y el bienestar social.
La controversia ha generado un intenso debate en la política local y nacional, con reacciones de diversos líderes políticos.
Algunos apoyan la postura de Albiol, mientras que otros critican la gestión del desalojo y la forma en que se ha manejado la situación de los okupas.
La situación en Badalona se ha convertido en un tema candente, reflejando las tensiones existentes en torno a la política de vivienda y la gestión de los asentamientos en España.
El alcalde ha reiterado su compromiso con la seguridad y la convivencia en Badalona, defendiendo la necesidad de actuar frente a situaciones que, según él, afectan la calidad de vida de los ciudadanos.
“Nuestra prioridad siempre será el bienestar de nuestros vecinos”, afirmó, mientras se prepara para enfrentar la presión política y social que esta situación ha desatado.
En un contexto donde la política y la sociedad están cada vez más polarizadas, la respuesta de Albiol a las acusaciones de Asens es un claro ejemplo de cómo los líderes políticos deben navegar en aguas turbulentas, defendiendo sus decisiones y enfrentando las críticas de sus opositores.
La situación en Badalona es solo un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas ciudades en España, donde la gestión de la vivienda y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad son temas que requieren un enfoque equilibrado y efectivo.
A medida que la historia se desarrolla, tanto Albiol como Asens se preparan para continuar su enfrentamiento, cada uno con su versión de los hechos y sus argumentos.
La ciudadanía observa atentamente, esperando respuestas y soluciones a un problema que no solo afecta a Badalona, sino que también plantea preguntas sobre el futuro de la política de vivienda en todo el país.
