El texto analiza las acusaciones de corrupción que distintos críticos y analistas han dirigido contra el PSOE, en especial en torno al llamado “caso Cerdán”, subrayando reuniones, maniobras políticas y supuestas comisiones que, según estas versiones, habrían tenido lugar tras la llegada de Pedro Sánchez a la secretaría general del partido.

En los últimos años, la corrupción ha sido un tema recurrente en la política española, y el reciente escándalo que involucra al PSOE y a

figuras clave como José Luis Ábalos y el marido de Begoña Sánchez, Cerdán, ha reabierto viejas heridas en la percepción pública sobre la ética en la gestión política.

La Guardia Civil ha documentado que el 23 de mayo de 2017, apenas dos días después de que Pedro Sánchez asumiera la secretaría general

del PSOE, Cerdán se reunió con un alto directivo de Acciona para negociar un acuerdo que implicaba el cobro de un 2% en comisiones por obras públicas.

Este hecho pone de manifiesto la rapidez con la que se instauraron prácticas corruptas en el seno del partido.

El contexto es alarmante. Desde el primer momento de su mandato, se ha argumentado que Sánchez no solo toleró, sino que también alentó estas actividades.

“¿De verdad creen que hay alguien con sentido común que piense que Sánchez estaba ajeno a todo esto?”, se pregunta un analista político.

Las conexiones entre Cerdán y la cúpula del PSOE no son meras coincidencias; son parte de un entramado que, según los críticos, ha permitido que la corrupción florezca sin control.

Un año después de la cena con el directivo de Acciona, Cerdán solicitó a Ábalos la colocación de varios cargos afines al PNV, como parte de un acuerdo por el apoyo de los nacionalistas vascos a la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Este tipo de maniobras políticas no son nuevas en España, pero el hecho de que se realicen con tal impunidad genera preocupación. La pregunta que surge es: ¿hasta qué punto está involucrado Sánchez en estas decisiones?

La crítica hacia el gobierno de Sánchez se intensifica cuando se menciona que ni Cerdán ni el PSOE tienen la capacidad legal para adjudicar contratos. Esta responsabilidad recae en las administraciones públicas, que son las que realmente tienen el poder de decisión.

“Esto es un latrocinio socialista en el que han participado muchas más personas”, sostiene un investigador en ética política.

La implicación de tantos actores plantea la necesidad de una investigación más profunda y de una rendición de cuentas que, hasta ahora, parece esquiva.

En cualquier democracia que se precie, un escándalo de esta magnitud llevaría a la dimisión inmediata del presidente del Gobierno. Sin embargo, en España, la cultura política parece permitir que estos incidentes se minimicen.

“Es inaceptable que, a pesar de las evidencias, Sánchez siga en el cargo”, afirma un portavoz de la oposición.

La percepción general es que una parte significativa de la sociedad española ha desarrollado una insensibilidad hacia las cuestiones éticas, lo que permite que estos escándalos pasen desapercibidos.

La izquierda, y en particular medios como El País y la Cadena SER, han sido acusados de proteger a sus propios. “A la Brunete Pedrete le importa un comino que los suyos roben o gasten el dinero en prostitutas y cocaína”, critica un comentarista.

Esta falta de escrutinio por parte de los medios de comunicación contribuye a la normalización de la corrupción en la política.

La autoamnistía y la colonización de los órganos de control son vistas como delitos más graves que la corrupción misma, lo que plantea un dilema ético en la gestión pública.

La corrupción, en su forma más cruda, podría ser el factor que finalmente lleve a Sánchez a abandonar su puesto. Las proyecciones sugieren que, si la situación sigue su curso, podríamos ver cambios significativos en el liderazgo del PSOE antes del verano de 2026.

“La corrupción es un monstruo que, tarde o temprano, devora a sus creadores”, advierte un experto en política española.

En conclusión, el caso Cerdán es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande que involucra a la política española contemporánea. La falta de responsabilidad y la cultura de la impunidad son temas que deben ser abordados de inmediato.

La ciudadanía exige transparencia y justicia, y el tiempo dirá si Sánchez y su administración están dispuestos a responder a estas demandas.

La historia reciente de España nos enseña que la corrupción no solo perjudica a los implicados, sino que erosiona la confianza en las instituciones democráticas, un daño que puede tardar generaciones en repararse.