Cayetana Álvarez de Toledo advirtió hace un año en el Congreso que el Fiscal General del Estado, García Ortiz, podría ser condenado por su actuación en el caso relacionado con Isabel Díaz Ayuso.
Hace exactamente un año, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos sorprendió al Congreso con una intervención que hoy, a la luz de los hechos, resulta profética.
Durante la presentación de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular reclamando el cese del Fiscal General del Estado, García Ortiz, la parlamentaria lanzó advertencias que anticipaban la condena que el Tribunal Supremo acabaría dictando contra el máximo responsable del Ministerio Fiscal.
“Señorías, ¿valdría un rival político? ¿Hasta dónde llegarían cada uno de ustedes para conseguirlo? ¿Volarían la ley? ¿Arrastrarían el prestigio de las instituciones y el de sus propios subordinados?”,
comenzó Álvarez de Toledo, advirtiendo sobre los límites que nadie debería traspasar, especialmente quienes tienen el mandato constitucional de defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés general.
En su exposición, la diputada argumentó que García Ortiz debía ser cesado inmediatamente conforme al artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
“Sí, el mismo artículo que en su día invocaron los socialistas para reclamar el cese del buen fiscal Ma. No busquen excusas técnicas y, sobre todo, no se escuden en la presunción de inocencia”, afirmó.
Hizo hincapié en que la presunción de inocencia de García Ortiz estaba intacta, pero recordó que su conducta había sido cuestionada incluso por organismos judiciales de máximo nivel: el Consejo General del Poder Judicial lo declaró no idóneo y el Supremo lo condenó por desviación y abuso de poder.
Álvarez de Toledo no dudó en detallar los hechos que, según su relato, reflejaban un grave incumplimiento de funciones.
Señaló que García Ortiz había recibido, el 7 de marzo, una denuncia de una subordinada sobre un ciudadano relacionado con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Cinco días después, la denuncia se publicó en idénticos términos en un medio de comunicación.
El 13 de marzo, García Ortiz solicitó a esa misma subordinada todos los correos intercambiados entre el fiscal del caso y el abogado del novio de Ayuso, pero pidió que se los enviara a su cuenta privada de Gmail, una práctica estrictamente prohibida. Solo siete minutos después de recibir los correos, estos fueron filtrados a la prensa.
“Ya cara descubierta, García Ortiz exige a sus subordinados que difundan una nota oficial con datos reservados del novio de la señora Ayuso. Sus subordinados se niegan, pero él insiste, conmina a la fiscal jefe de Madrid por WhatsApp.
Si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato”, explicó Álvarez de Toledo, criticando que el Fiscal General del Estado actuara como un “Community Manager del Gobierno”, en contradicción con el Estatuto del Ministerio Fiscal y la normativa europea sobre protección de datos y secreto profesional.
La diputada insistió en que estos actos representaban no solo una vulneración institucional, sino también un riesgo para la propia credibilidad de la Fiscalía.
Subrayó tres cuestiones clave: la devastación institucional provocada por la permanencia de García Ortiz en el cargo, la obligación moral y legal de entregar todos los correos electrónicos para garantizar transparencia, y la creación de una espiral de persecución política que podría afectar a cualquier ciudadano, más allá del caso particular de Ayuso.
“Hoy el perjudicado es el novio de una mujer a la que muchos de ustedes detestan, quizá porque les planta cara, pero ojo, mañana pueden serlo ustedes mismos o sus familiares.
En los procesos de destrucción democrática nadie se libra, todos acaban pagando”, advirtió Álvarez de Toledo, haciendo hincapié en que la democracia debe resistir frente a quienes usan la información privilegiada con fines políticos.
El trasfondo político de estas denuncias es complejo.
Según la diputada, García Ortiz traicionó a los fiscales del proceso al defender la amnistía por exigencias del gobierno, y su descrédito culminó con su imputación histórica como primer Fiscal General del Estado en enfrentar una causa penal.
La diputada también mencionó que, mientras el gobierno se escudaba en la propagación de bulos sobre el PP, estaba protegiendo a un Fiscal que supuestamente eliminó correos electrónicos para ocultar su conducta, un acto que podría ser rastreado gracias a los registros de servicios como Google.
Las advertencias de Álvarez de Toledo no quedaron en el aire. La actuación del Fiscal General y su condena posterior por parte del Tribunal Supremo confirman la precisión de sus argumentos y la gravedad de las irregularidades denunciadas.
Su intervención es un recordatorio de que la vigilancia institucional y la denuncia temprana pueden anticipar los efectos de la corrupción o el abuso de poder, incluso en los niveles más altos del Estado.
Al concluir su intervención, la diputada enfatizó que la condena de García Ortiz no solo mancharía indeleblemente al gobierno, sino también a quienes, con conocimiento de los hechos, no apoyaran su destitución.
“El tiempo pondrá las cosas en su sitio, también a él”, concluyó, anticipando un desenlace que la justicia española finalmente confirmaría.
Esta advertencia histórica de Cayetana Álvarez de Toledo subraya la importancia del control parlamentario y la necesidad de que las instituciones respeten los límites legales,
especialmente cuando se trata de salvaguardar la independencia de la justicia y la protección de los ciudadanos frente a posibles abusos de poder.
Hoy, a la luz de la sentencia del Supremo, sus palabras se leen como un mensaje profético que evidencia cómo la política y la justicia pueden entrelazarse de manera peligrosa cuando la ética institucional se ve comprometida.
La lección de aquel debate en el Congreso resuena más que nunca: la vigilancia democrática y la responsabilidad en el ejercicio del poder no son opcionales, sino esenciales para la salud del Estado de Derecho.
