Isabel Díaz Ayuso criticó duramente al presidente Pedro Sánchez tras la condena al fiscal general del Estado, acusándolo de utilizar el poder del Gobierno para fines políticos y de socavar la independencia judicial.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofreció ayer un contundente discurso en el que criticó con dureza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de la reciente condena al fiscal general del Estado.

“El 20N de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia española. La justicia ha condenado a un fiscal general del Estado por cometer un delito con el único objetivo de atacar y dañar a un adversario político”,

afirmó Ayuso, subrayando que los hechos evidencian la vulnerabilidad de los derechos fundamentales frente a abusos de poder político.

Según la presidenta, este fallo confirma que el estado de derecho sigue funcionando, incluso ante intentos de manipulación desde los más altos niveles del Ejecutivo.

Ayuso insistió en que la actuación del fiscal, involucrado en la revelación de secretos de un ciudadano, constituye “un delito inadmisible y un peligroso atropello que jamás debería haber sucedido en una democracia liberal como la nuestra”.

En su intervención, destacó la labor del Colegio de la Abogacía de Madrid, que defendió el derecho a la tutela judicial efectiva frente a vulneraciones cometidas por funcionarios del Estado, y recordó que “el poder del Estado jamás debe vulnerar los derechos de ningún ciudadano”.

La presidenta madrileña no se limitó a señalar al fiscal condenado, sino que centró gran parte de su discurso en responsabilizar directamente al presidente Sánchez.

Ayuso denunció que el jefe del Ejecutivo ha “dinamitado la separación de poderes al erigirse en juez y parte” y detalló múltiples supuestas intervenciones del Gobierno en el sistema judicial, incluyendo la querella contra un juez que investigaba a la esposa del presidente y la coordinación con funcionarios para obstaculizar la labor de jueces, fiscales y periodistas.

“No es el fiscal general del Estado, sino Pedro Sánchez, quien se ha sentado en el banquillo de los acusados”, afirmó, señalando que el mandatario pretendió que el fiscal fuera considerado inocente para proteger intereses personales y políticos.

Ayuso enfatizó que la conducta denunciada genera desconfianza en las instituciones y amenaza la convivencia democrática. Según la presidenta, “España no se merece un gobierno que mienta ni que divida a los ciudadanos, ni que utilice el poder judicial para fines políticos”.

En este contexto, subrayó que la coalición de gobierno ha sostenido su permanencia mediante la compra de voluntades en distintos ámbitos institucionales y mediante tramas de corrupción que, a su juicio, erosionan la legitimidad del Estado.

Citó como ejemplo a miembros de la administración que enfrentan procesos judiciales con penas solicitadas de hasta 24 años de prisión, vinculando su actuación a la estrategia política del Ejecutivo.

Ayuso también alertó sobre la repercusión internacional de estas conductas y advirtió que normalizar la intervención del Ejecutivo en la justicia socava la credibilidad de España.

“¿Cómo explicarle al mundo que un presidente utiliza el poder del Estado de manera ilegal contra adversarios políticos? Desde cuándo una democracia puede permitir esto?”,

cuestionó la presidenta, denunciando lo que considera un ataque sistemático a la independencia judicial y al marco constitucional.

Además, Ayuso vinculó la actual situación con riesgos históricos, advirtiendo sobre la polarización y la posibilidad de enfrentamientos sociales.

Señaló que la estrategia de Sánchez busca presentar la política como un conflicto de bandos, donde “o la democracia populista de Sánchez o el golpe”, lo que genera división y fractura entre los ciudadanos.

Según la presidenta, esta lógica de confrontación amenaza la estabilidad democrática y aleja a España de los valores de convivencia y legalidad que, en su opinión, fueron establecidos tras la Transición de 1975 y reforzados con la monarquía constitucional.

La presidenta madrileña reclamó a los ciudadanos y a las instituciones un compromiso firme con la democracia liberal, la separación de poderes y la protección de los derechos fundamentales.

“Si los españoles, voten lo que voten, no se unen en defensa de su democracia liberal, la obra de nuestros padres y abuelos estará perdida y el daño será irreparable”, advirtió, enfatizando la responsabilidad colectiva de garantizar la estabilidad institucional.

Ayuso cerró su intervención apelando a la cordura y a la necesidad de iniciar una nueva etapa de convivencia y decoro institucional. “España necesita una nueva etapa de cordura, convivencia y reputación institucional.

Nos va la nación en ello”, concluyó, reafirmando su posición crítica frente al Ejecutivo y su defensa del estado de derecho como eje fundamental de la democracia española.

En síntesis, el discurso de Ayuso constituyó una clara declaración de oposición al Gobierno central, resaltando la importancia de la independencia judicial,

la protección de los derechos ciudadanos y la integridad institucional, al tiempo que denunció lo que considera un uso indebido del poder político por parte de Pedro Sánchez y su entorno.

La intervención, pronunciada en un contexto de alta tensión política, marca un punto de inflexión en el debate público sobre la separación de poderes y el respeto al marco constitucional en España.