Isabel Díaz Ayuso hoy en la Asamblea de Madrid llamó “autócrata” a Sánchez y “caniches” a sus diputados: “No respetan la separación de poderes, los parlamentos ni la prensa”.
En una sesión marcada por la tensión y el intercambio de acusaciones en la Asamblea de Madrid, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso,
lanzó duras críticas al Gobierno central y a los grupos parlamentarios socialistas y de Más Madrid, calificando al presidente Pedro Sánchez de
“autócrata” y a sus diputados de “caniches”, en un debate que giró en torno a la gestión de la sanidad pública y los presupuestos de la Comunidad de Madrid.
Durante su intervención, Ayuso cuestionó la apertura de turnos de tarde en hospitales públicos y la derivación de pacientes a centros
privados, señalando que los madrileños se ven obligados a acudir a pruebas médicas en hospitales privados desde primeras horas de la mañana.
“No están derivando pacientes, derivan clientes”, afirmó, haciendo referencia al hospital Quirón y acusando al Gobierno regional de priorizar beneficios empresariales sobre la atención sanitaria de los ciudadanos.
Según la presidenta, esta práctica ha supuesto que 600.000 madrileños se vean afectados por la falta de acceso a pruebas y diagnósticos en tiempo oportuno.
Ayuso también subrayó el desajuste entre los presupuestos públicos y los gastos en contratos privados, destacando que la financiación para la empresa vinculada a su residencia alcanzó un 125% más de lo inicialmente presupuestado.
La presidenta aseguró que estas medidas buscan garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos y defendió la sanidad madrileña como la mejor de España, instando a demostrar con datos cualquier supuesto incumplimiento.
Por su parte, la portavoz de Más Madrid, en el turno de réplica, cuestionó la capacidad de las familias monomarentales para mantener una vida digna en Madrid con los recursos actuales.
Señaló que el acceso a guarderías, comedores escolares y tratamientos de fertilidad continúa siendo desigual, criticando que los recortes y la privatización encubierta afectan a los sectores más vulnerables.
“Con un sueldo de 15.000 euros al año, ¿cómo se puede mantener una familia?”, preguntó, enfatizando la necesidad de políticas inclusivas que garanticen igualdad de oportunidades para todas las familias.
En la discusión también se abordó la gestión de listas de espera y cribados médicos.
La portavoz denunció que la Comunidad de Madrid ha enviado falsos negativos de cáncer de colon a casi 600 ciudadanos y criticó que las mujeres se vean obligadas a acudir a hospitales privados para realizar mamografías.
“Mezquino es enviar cartas tranquilizadoras cuando los resultados indican riesgos reales”, afirmó, resaltando la necesidad de transparencia y control en el sistema sanitario público.
Ayuso respondió defendiendo la calidad de los hospitales madrileños, incluyendo la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, el Infanta Elena de Valdemoro y el Hospital de Villalba, destacando la eficiencia del sistema público frente a otras comunidades
autónomas, como Cataluña, donde la gestión de hospitales privados y público-privados genera demoras superiores al doble de las registradas en Madrid.
La presidenta señaló que su gobierno ha implementado medidas de conciliación, ampliación de tratamientos de fertilidad y ayudas directas a familias con hijos pequeños, subrayando que todas las familias son importantes y deben ser atendidas de manera equitativa.
El debate se intensificó al abordar los presupuestos generales del Estado. Los diputados del Partido Popular denunciaron la ausencia de cuentas públicas y su impacto en la economía y en los recursos de las comunidades autónomas.
Destacaron que ocho de cada diez euros recaudados por la Comunidad de Madrid se transfieren a la Administración General del Estado, cuestionando la gestión del Gobierno central y su política de gasto.
“Pedro Sánchez se ha convertido en un inquio del poder, legisla por decreto, aprueba indultos y gasta a discreción mientras las comunidades quedan desprotegidas”, afirmó un diputado del PP.
En sus intervenciones, Ayuso acusó al Ejecutivo central de mantener un control excesivo sobre los tres poderes del Estado y de utilizar la administración para beneficiar a empresas privadas, citando contratos con Quirón y otros grupos empresariales.
Señaló que esta práctica, según su perspectiva, genera un modelo autoritario que pone en riesgo los servicios públicos y perjudica a los ciudadanos más vulnerables, mientras favorece a sectores económicos y privados.
Los enfrentamientos verbales incluyeron acusaciones cruzadas sobre la corrupción y la utilización de recursos públicos.
Ayuso argumentó que la administración central actúa con favoritismos y denunció un patrón de intervenciones que, según su visión, se asemeja a modelos autoritarios observados en otros países.
“Cuando combates de frente al proyecto autoritario de Sánchez, estás en la plena Venezuela”, sostuvo, comparando la falta de transparencia y la concentración de poder con sistemas donde la separación de poderes es mínima.
Finalmente, la presidenta madrileña reafirmó el compromiso de su gobierno con la sanidad y los servicios públicos, enfatizando la mejora en los tiempos de espera y la gestión de recursos hospitalarios.
Señaló que la Comunidad de Madrid prioriza la atención a los ciudadanos sobre intereses privados y que todas las decisiones se toman bajo criterios de eficiencia y equidad.
El debate dejó en evidencia la profunda polarización política en la Asamblea, donde los enfrentamientos personales y las acusaciones sobre la gestión de la sanidad y los presupuestos generaron momentos de alta tensión.
Las intervenciones mostraron la confrontación entre las críticas a la centralización del poder y la defensa de la gestión regional, con un énfasis en la transparencia, la eficiencia y la protección de los ciudadanos frente a posibles abusos administrativos y privados.
En conclusión, la sesión del 13 de noviembre reflejó un choque de visiones sobre la administración pública, la sanidad y la protección de los
ciudadanos, destacando la postura de Ayuso frente a lo que califica de autocratismo central y la necesidad de garantizar servicios de calidad en la Comunidad de Madrid.
El debate sirvió como escenario para poner de relieve las diferencias entre la política nacional y regional, así como la relevancia de la transparencia, el control de recursos públicos y la atención a los sectores más vulnerables de la población.
