La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez que pida a Moncloa información sobre los asistentes de las parejas de anteriores presidentes para comparar funciones y responsabilidades.
La historia judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha entrado en una nueva fase.
En medio de una investigación por presunta malversación, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, su defensa ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado que pida a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno toda la información disponible sobre los asistentes que, en el pasado, han trabajado para los cónyuges de los presidentes.
El objetivo es claro: establecer un marco de referencia que permita comparar funciones, responsabilidades y precedentes con los casos anteriores a su llegada a La Moncloa.
«Queremos que se delimiten los puestos ocupados y las funciones llevadas a cabo por quienes han asistido a las parejas de los anteriores presidentes del Gobierno», ha pedido su abogado, Antonio Camacho, en un escrito remitido al magistrado.
La solicitud llega en un momento clave: el juez ha transformado la causa principal para que siga el procedimiento del Tribunal del Jurado, lo que implicaría que, si se llega a juicio, será un jurado popular quien decida el veredicto.
La decisión no ha sido bien recibida por la defensa. Camacho, que ya había recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid, considera que el juez Peinado dio este paso sin indicios sólidos.
En su recurso, señala que el magistrado «se limita a transcribir artículos de la Ley del Jurado» y se apoya en una argumentación «genérica, inconcreta y estereotipada».
En su opinión, ni Gómez, ni su asistente Cristina Álvarez, ni el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, pueden ser considerados responsables de delito alguno.
El origen del conflicto está en la asistente asignada a Begoña Gómez por La Moncloa para ayudarle en la coordinación de su agenda pública.
El juez sospecha que esta persona habría colaborado también en tareas vinculadas a la cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
Pero, según la defensa, ese trabajo no puede considerarse un negocio privado, ya que la esposa del presidente «no percibía remuneración alguna» por su papel en la cátedra.
En uno de los escritos presentados al juzgado, Camacho explica que no existe «un Estatuto del cónyuge del presidente del Gobierno» y, por tanto, no hay una regulación clara sobre qué funciones pueden o no asumir los asistentes de su entorno.
«Las funciones que se atribuyen a los asistentes de los cónyuges de los presidentes están ayunas de cualquier tipo de norma», subraya el letrado, recordando que desde el inicio de la democracia los acompañantes del presidente han contado con cierto apoyo logístico, sin que eso haya sido considerado irregular.
Además, añade que la relación entre Gómez y su asistente Álvarez «trascendía lo estrictamente profesional» y se basaba también en una amistad personal.
Según su versión, Álvarez habría prestado apoyos puntuales «en atención a esa amistad» y debido a la intensidad de su horario, que superaba con frecuencia las ocho horas diarias. «En ningún caso se trataba de gestiones exclusivas o destinadas a un beneficio privado», sostiene.
El argumento de la defensa gira en torno a una idea central: la convivencia en una residencia oficial del Estado implica unas necesidades logísticas que no pueden separarse completamente de la esfera privada.
«La faceta personal de quien comparte vida con el presidente también requiere un apoyo material y organizativo», insiste Camacho.
Y esa es, precisamente, la línea que pretende reforzar al solicitar al juez que Moncloa detalle cómo se han organizado históricamente los equipos de apoyo de los cónyuges de anteriores presidentes.
Mientras tanto, el juez Peinado sigue avanzando en sus diligencias. En una providencia reciente, ha pedido que Amazon facilite información sobre el alojamiento del dominio transformatsc.org, vinculado a la cátedra codirigida por Gómez.
Quiere conocer quién fue el cliente, cuánto costó el servicio, cuándo se activó y se dio de baja, así como los registros de acceso. La orden será ejecutada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de elaborar un informe completo.
El tono de la defensa se ha endurecido a medida que el caso gana visibilidad. En los pasillos judiciales, Camacho no oculta su malestar por la deriva del proceso.
«Estamos ante un procedimiento que se ha extendido sin fundamentos claros, y que parece avanzar por inercia más que por pruebas», ha dicho en privado.
La defensa confía en que la petición a Moncloa ayude a contextualizar el papel de Gómez y a demostrar que las funciones de su asistente no fueron una excepción, sino una práctica habitual en otros mandatos.
Por su parte, la Abogacía del Estado ya ha solicitado el archivo de la causa en nombre del delegado del Gobierno en Madrid, adhiriéndose a la postura de la Fiscalía.
Un movimiento que refuerza la idea de que el caso podría estar debilitándose en su estructura jurídica, aunque todavía no hay indicios de que el juez Peinado esté dispuesto a cerrar el expediente.
Mientras tanto, Begoña Gómez ha decidido no acudir personalmente a la nueva citación judicial prevista para la tarde de este lunes.
En su lugar, acudirá su abogado. Una ausencia que no ha pasado desapercibida y que algunos interpretan como un gesto de firmeza, mientras otros la ven como una estrategia para evitar el desgaste mediático.
El pulso entre la defensa y el juez continúa, con un trasfondo político inevitable.
En un clima donde la oposición aprovecha cada novedad para cuestionar al Gobierno, y los aliados del presidente insisten en el respeto a la presunción de inocencia, el caso de Begoña Gómez se ha convertido en un campo de batalla simbólico sobre los límites del poder, la transparencia y la justicia mediática.
Nadie parece dispuesto a ceder. La defensa presiona para desmontar lo que considera una acusación sin fundamento. El juez avanza con diligencias meticulosas y amplía el alcance de la investigación.
Y mientras tanto, la figura de Begoña Gómez —entre la discreción y la tormenta política— se convierte en el reflejo de un país donde los asuntos personales del poder rara vez logran escapar del foco público.
El desenlace todavía está por escribirse, pero algo ha quedado claro: la estrategia de Gómez apunta a exponer las contradicciones de un sistema que nunca definió con precisión el papel de las parejas presidenciales.
Si la historia se repite, su solicitud a Moncloa podría abrir una caja de Pandora que revele cómo, durante décadas, la frontera entre lo institucional y lo privado ha sido mucho más difusa de lo que se creía.
