La portavoz de VOX, Peppa Millán, criticó al Gobierno por conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco y lo acusó de politizar la justicia para favorecer intereses partidistas.

En una intensa sesión en el Congreso de los Diputados, la portavoz de VOX, Peppa Millán, protagonizó un duro intercambio con el ministro de Justicia, Bolaños, centrado en la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco y la supuesta politización del sistema judicial español.

La diputada criticó con firmeza al Gobierno, al que acusó de subvertir la independencia judicial y de favorecer intereses partidistas por encima del Estado de derecho.

Millán inició su intervención señalando que la España actual es producto de un pacto entre el PSOE y Bildu, con antecedentes en la gestión de Zapatero.

“La España del 2025 es el fruto del pacto entre la banda del PSOE y la banda de Otegui”, afirmó, asegurando que el presidente Sánchez y su equipo actúan en beneficio propio, utilizando al fiscal general del Estado y a las instituciones judiciales para proteger a aliados políticos.

La diputada acusó al Gobierno de deslegitimar la independencia del Poder Judicial, sosteniendo que la condena del fiscal general es una consecuencia de este “régimen caótico”.

La portavoz de VOX criticó además la conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco en el Congreso.

“Para los españoles de bien, la muerte del dictador, ladrón y criminal, fue una gran noticia para que España tuviera democracia”, subrayó Millán, mientras acusaba al Gobierno de minimizar este hecho histórico y de atacar la memoria de quienes defienden la libertad y la democracia.

Según la diputada, el Ejecutivo ha promovido un conflicto constante entre españoles y ha transformado los medios públicos en instrumentos de propaganda, siguiendo un patrón que considera similar al de un “soviet”.

En su discurso, Millán denunció que la Fiscalía ha sido utilizada para beneficiar al gobierno:

“Tenemos al primer fiscal general del Estado condenado de la historia, al que le han encomendado dinamitar el Estado de derecho y cambiar las leyes a la medida de los criminales”, aseveró.

La diputada señaló que este fiscal promovió a sus afines y facilitó la actuación del gobierno en casos judiciales, incluyendo la promoción de Dolores Delgado y la futura fiscal general, cuya trayectoria política, según Millán, muestra un alineamiento con los intereses del Ejecutivo y cuestiona la imparcialidad en la justicia penal.

La intervención de la portavoz también incluyó críticas al control político de los medios de comunicación, a quienes acusó de reforzar la narrativa oficial del Gobierno y de deslegitimar a los magistrados del Tribunal Supremo.

“Desde el propio Gobierno se está instando a la población a dudar y atacar a los jueces por la sentencia del fiscal general del Estado”, afirmó, enfatizando que estas acciones ponen en riesgo la independencia judicial y el equilibrio de poderes en España.

Bolaños respondió a las acusaciones defendiendo la transparencia y el marco democrático español.

“Usted dice que España no es una democracia, pero es necesario reconocer que la oposición controla parte del poder judicial y que los jueces actúan de manera independiente”, sostuvo.

El ministro destacó que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, impulsada por su equipo, busca modernizar la justicia, garantizar la acción legal de la Fiscalía y ajustar el sistema a los estándares europeos, no politizarlo.

“Estamos intentando, por primera vez en más de un siglo, reformar una ley obsoleta para que nuestra justicia sea del siglo XXI”, argumentó.

El debate también abordó cuestiones de igualdad y derechos de los ciudadanos. Millán criticó las reformas legislativas impulsadas por el gobierno, como la Ley del “Solo Sí es Sí”, señalando que la misma liberó a delincuentes sexuales y redujo penas en casos graves.

Según la diputada, estas políticas muestran un patrón de actuación partidista que prioriza los intereses políticos sobre la seguridad y los derechos de los ciudadanos.

Ambos interlocutores coincidieron en la relevancia de la separación de poderes, aunque la discrepancia surgió en torno a su interpretación.

Mientras Millán sostenía que el gobierno ha secuestrado instituciones y socavado la independencia judicial, Bolaños defendió que las reformas buscan garantizar la funcionalidad y transparencia del sistema judicial.

“Queremos que la fiscalía se atribuya la instrucción de las causas penales, como en toda Europa, respetando la Constitución y la división de poderes”, señaló el ministro.

El cruce de acusaciones evidenció la polarización política en España, con VOX denunciando corrupción, manipulación mediática y vulneración de la independencia judicial, y el Gobierno defendiendo la legitimidad de sus acciones y la necesidad de modernizar la administración de justicia.

Millán concluyó su intervención afirmando que el Ejecutivo es un gobierno “antinacional y antisocial” que prioriza sus intereses por encima del bienestar de los ciudadanos y que, según su visión, tarde o temprano deberá rendir cuentas ante la justicia.

En resumen, la sesión reflejó un choque profundo entre VOX y el Gobierno sobre la interpretación de la historia reciente, la memoria de la dictadura y la independencia judicial.

Las acusaciones sobre corrupción y politización de la justicia contrastaron con la defensa de las reformas legales y la modernización judicial planteadas por el Ejecutivo, destacando el continuo debate sobre los límites del poder político y la protección de las instituciones democráticas en España.

El intercambio no solo subraya la tensión política en el país, sino también la sensibilidad de temas históricos y judiciales que siguen polarizando a la sociedad española, marcando un escenario de debate intenso sobre la legitimidad de las instituciones y la defensa de los valores democráticos.