Bruselas ha expresado su rechazo al plan del Gobierno de Pedro Sánchez para regularizar a unos 500.000 inmigrantes irregulares, al considerar que rompe la línea común de la política migratoria europea.
Bruselas ha encendido las alarmas ante el reciente decreto del Gobierno de Pedro Sánchez, que busca regularizar de golpe a unos 500,000 inmigrantes en situación irregular.
Esta medida, acordada con Podemos y presentada a finales de enero, concede un permiso de residencia por un año y el derecho a trabajar en toda España a quienes hayan estado en el país al menos cinco meses o hayan solicitado asilo antes del 31 de diciembre de 2025.
Sin embargo, para las instituciones europeas, esta decisión representa un giro unilateral que rompe la línea común y siembra dudas sobre el compromiso de Madrid con la política migratoria compartida.
Tres altos funcionarios de la Comisión Europea, citados por Euronews, han criticado abiertamente el plan español.
“No respeta el espíritu comunitario”, afirmaron, añadiendo que envía “un mensaje contradictorio” a terceros países en un momento en que la Unión Europea intenta frenar las llegadas irregulares.
En este contexto, el comisario Magnus Brunner ha llevado el debate al Parlamento Europeo, donde se analiza el impacto de esta regularización sobre Schengen y la credibilidad de la política migratoria común.
Mientras tanto, la propia Unión Europea ha endurecido su postura con nuevas reglas orientadas a disuadir la inmigración irregular.
Se ha creado una lista de países de origen seguros, que incluye a Marruecos, Colombia y Túnez, y se ha ampliado el concepto de tercer país seguro.
Además, se ha aprobado un reglamento de retorno que facilita expulsiones hacia países con acuerdos bilaterales.
Estas normas, votadas recientemente, apuntan en dirección contraria al plan de Sánchez, que incluye nacionalidades presentes en dicha lista.
La preocupación en Bruselas también ha crecido en torno a la libre circulación.
Con el permiso español, los regularizados podrán viajar hasta 90 días por cada 180 dentro de la Unión Europea, lo que podría derivar en residencias de facto en Francia, Alemania u otros países sin su autorización.
Gobiernos del norte han advertido sobre los riesgos asociados, como el auge de la economía sumergida y el fortalecimiento de mafias de tráfico de personas.
La tensión entre Madrid y Bruselas ha escalado, convirtiéndose en un choque político e institucional.
Si Sánchez mantiene su plan, España podría enfrentar controles más estrictos en los Pirineos o dificultades con los fondos europeos.
En una declaración contundente, Brunner subrayó: “Europa se juega su credibilidad; o prioriza el control de fronteras o acepta una regularización masiva que muchos consideran una invitación al efecto llamada”.
Los líderes políticos españoles han reaccionado con vehemencia ante esta situación.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, expresó: “No podemos permitir que España se convierta en un imán para la inmigración irregular. Necesitamos un enfoque responsable y coordinado”.
Por su parte, Santiago Abascal, líder de VOX, advirtió que “la regularización masiva es un error que solo traerá más problemas y caos a nuestras fronteras”.
En contraste, el Gobierno de Sánchez defiende su postura.
“Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones humanitarias y garantizando derechos fundamentales”, afirmó el presidente en una reciente conferencia.
Sin embargo, la oposición no se ha hecho esperar.
Iván Espinosa de los Monteros, de VOX, argumentó: “Este plan es un regalo a quienes han llegado ilegalmente, y eso no puede ser aceptable”.
La situación se complica aún más con la creciente presión de la UE.
La creación de una lista de países seguros y las nuevas regulaciones de retorno son pasos que reflejan un endurecimiento de las políticas migratorias.
“Estamos viendo cómo Europa se divide entre quienes quieren abrir las puertas y quienes desean cerrarlas”, comentó Cayetána Álvarez de Toledo, portavoz del Partido Popular.
Mientras el debate continúa en el Parlamento Europeo, la incertidumbre se cierne sobre el futuro de la política migratoria en España.
La posibilidad de controles más estrictos en los Pirineos y la amenaza de perder fondos europeos son factores que podrían influir en la decisión final del Gobierno.
La presión es palpable y la pregunta que queda en el aire es: ¿cómo equilibrará Sánchez sus compromisos internos con las exigencias de Bruselas?
Ante este panorama, los ciudadanos observan con atención.
La regularización masiva de inmigrantes ha desatado un debate que va más allá de las fronteras de España, tocando fibras sensibles en toda Europa.
La respuesta a esta crisis podría definir no solo el futuro de la política migratoria en España, sino también la dirección que tomará la Unión Europea en los próximos años.
