El pleno del Congreso estuvo marcado por fuertes críticas de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, centradas en la gestión económica, la pobreza infantil y la falta de presupuestos.

El pleno del Congreso de los Diputados vivió ayer una jornada marcada por la tensión y el enfrentamiento entre el Partido Popular, Vox y el Gobierno de Pedro Sánchez, donde las críticas a la gestión económica y la situación institucional de España se cruzaron con acusaciones de mala praxis y falta de transparencia.

La sesión comenzó con la intervención de la diputada Ester Muñoz de la Iglesia, del grupo parlamentario Popular, quien dirigió una serie de preguntas directas a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el costo de la vida y la gestión de los recursos públicos.

“Señora Montero, ¿hace cuánto que no va al supermercado? ¿Sabe cuánto cuesta una docena de huevos, un litro de aceite o un kilo de carne? ¿Hace cuánto que usted no busca un piso para alquilar?”,

cuestionó Muñoz, subrayando la diferencia entre los salarios medios de los españoles, que rondan los 1.290 euros brutos al mes, y los ingresos de los miembros del Ejecutivo.

La diputada insistió en que el Gobierno está empobreciendo a los trabajadores y endeudando a España, además de robarles el futuro a los jóvenes, quienes, según afirmó, desean que su esfuerzo tenga un valor y no vivir del Estado.

La vicepresidenta respondió destacando los desafíos que enfrenta España, aunque su intervención fue interrumpida en varias ocasiones por llamados al orden por parte del presidente del Congreso.

Montero defendió la gestión del Ejecutivo, aunque reconoció que la imagen internacional de España se ha visto afectada, siendo el segundo país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil y uno de los dos estados sin presupuestos aprobados, situación que, según alertó Bruselas, podría incrementar los niveles de pobreza.

En paralelo, la sesión reflejó una creciente confrontación política con Vox.

Su líder, Santiago Abascal, criticó abiertamente al presidente Sánchez y su gabinete, apuntando a un supuesto control excesivo sobre las instituciones y una gestión caracterizada por la “vanidad y el egocentrismo”.

Abascal aseguró que “solo un déspota que intenta arrinconar a la mitad de su país, gobernar sin el Parlamento y suplantar al poder judicial tiene la desvergüenza de presentarse como víctima ante los españoles”.

El dirigente de Vox acusó al Ejecutivo de imponer una agenda ideológica que amenaza la libertad de educación, la seguridad y la prosperidad de los ciudadanos.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, presidente del grupo parlamentario Popular, se centró en cuestionar la conducta judicial del Ejecutivo, señalando que la semana pasada el fiscal general fue condenado y ahora el núcleo duro del Gobierno enfrenta hasta 43 años de prisión por presuntas irregularidades.

“¿Y qué hace usted ante este bochorno? Decirle al Supremo lo que tiene que sentenciar y al exfiscal cómo tiene que recurrir”, afirmó Feijóo, criticando la intromisión política en el sistema judicial y el uso partidista de las instituciones.

Durante el debate, los parlamentarios del PP denunciaron la falta de presupuestos y la creciente pobreza en el país, así como la dependencia del Ejecutivo de asesores y colaboradores cuestionados por sus antecedentes.

Feijóo mencionó casos recientes de despidos y recontrataciones dentro del entorno del Gobierno, señalando que la administración parece incapaz de funcionar sin la supervisión directa de personas con presuntos antecedentes delictivos.

“Gobernar no es vivir en el palacio, no es controlar la televisión pública ni el resto de las instituciones. Esto ya lo superaban los españoles hace 50 años”, enfatizó.

El pleno se caracterizó también por intervenciones en tono enérgico, acusaciones cruzadas y una serie de interrupciones que reflejaron la tensión interna del Congreso.

Las críticas se centraron en la gestión económica, la pobreza infantil, la falta de presupuestos, la autonomía judicial y la credibilidad internacional del país, así como la percepción de que el Ejecutivo actúa con privilegios sobre la población general.

La sesión concluyó con un clima de confrontación marcado por la firmeza de la oposición en denunciar lo que consideran un gobierno distante de la realidad de los ciudadanos, y por la defensa de la vicepresidenta y el presidente Sánchez sobre la gestión de su equipo.

Los diputados coincidieron en que el debate refleja no solo un conflicto político, sino también la necesidad de una rendición de cuentas clara frente a los problemas estructurales que afectan a España.

En definitiva, el pleno dejó patente la fractura política en el país, con un Parlamento donde las tensiones sobre la economía, la justicia y la representación del Gobierno generan un escenario de incertidumbre y debate intenso sobre el rumbo que debería tomar España en los próximos años.