Cayetana Álvarez de Toledo protagonizó un tenso intercambio en un foro político al defender con firmeza la presunción de inocencia y acusar a la izquierda de vulnerarla sistemáticamente en el debate público.

En un foro marcado por la confrontación ideológica y el tono crítico hacia el papel del Estado, Cayetana Álvarez de Toledo protagonizó una intervención contundente tras una pregunta del público que cuestionaba tanto el enfoque de su conferencia como algunas de sus posiciones políticas.

El intercambio, lejos de ser un simple matiz académico, derivó en un intenso debate sobre el intervencionismo estatal, la responsabilidad política en grandes tragedias y, especialmente, el respeto a la presunción de inocencia como pilar democrático.

El asistente que tomó la palabra comenzó señalando una discrepancia de fondo entre el título del foro —centrado en si el Estado es más o menos intervencionista— y el desarrollo de la intervención de la diputada.

Según expuso, la ponente habría derivado hacia otros asuntos, como el accidente ferroviario de Angrois, que si bien consideraba relevantes, no se ajustaban estrictamente al tema anunciado.

En su intervención, el ciudadano planteó una reflexión crítica sobre la actuación del Estado frente a las grandes empresas, denunciando una supuesta doble vara de medir: libertad de mercado cuando hay beneficios y rescate público cuando llegan las pérdidas.

“El Estado —vino a resumir— es el que tiene que socorrer e intervenir para que esa empresa no dé quiebra”, una idea que conectó con ejemplos de catástrofes pasadas y con la atribución de responsabilidades políticas en casos como el accidente de Angrois o el hundimiento del Prestige.

En ese contexto, cuestionó si gobiernos anteriores, como los de Mariano Rajoy o José María Aznar, deberían ser considerados culpables de dichas tragedias, del mismo modo que hoy se señalan responsabilidades políticas de forma inmediata.

La respuesta de Cayetana Álvarez de Toledo no tardó en llegar y marcó un punto de inflexión en el tono del acto.

Reconoció, en primer lugar, su tendencia a desviarse del guion previsto, asumiéndolo con ironía: “como soy poco disciplinada, pero eso es un problema de carácter”.

Sin embargo, dejó claro que había un punto esencial en el que discrepaba profundamente del interviniente: la acusación de que ella dejaba de lado la presunción de inocencia.

“Yo sí defiendo la presunción de inocencia.

Para mí es sagrada la presunción de inocencia siempre, mi lado o de lado ajeno”, afirmó con rotundidad, en una de las frases más aplaudidas de la noche.

A partir de ahí, la diputada articuló un discurso que contrapuso su postura con la de la izquierda política, a la que acusó de vulnerar sistemáticamente ese principio básico del Estado de derecho.

En un tono directo y sin ambages, sostuvo que desde su espacio político no se han lanzado acusaciones penales sin respaldo judicial contra adversarios políticos.

“Nosotros no hemos llamado asesinos a este gobierno ni al señor Puente”, señaló, antes de enumerar una serie de ejemplos que, según ella, ilustran el comportamiento opuesto por parte de sectores de la izquierda.

“Ellos llamaron asesinos a Mazón, a Aznar, a Rajoy”, afirmó, añadiendo otras acusaciones públicas que, a su juicio, fueron realizadas sin sentencias firmes que las avalaran.

El momento más llamativo llegó cuando mencionó un caso mediático ajeno al debate político inmediato, subrayando que incluso tras el archivo judicial de una causa, las acusaciones públicas persisten.

“A Julio Iglesias violador y había archivado su causa, por cierto.

Un abrazo a Julio”, dijo, provocando reacciones encontradas entre el público, entre risas nerviosas y aplausos.

Con ese argumento, Álvarez de Toledo cerró filas en torno a su idea central: la presunción de inocencia no es negociable ni selectiva.

“La presunción de inocencia es absolutamente sagrada y nosotros sí la respetamos.

La izquierda no”, sentenció, condensando en una frase el núcleo de su intervención y la línea divisoria que quiso trazar entre bloques ideológicos.

Tras este intercambio, el turno de preguntas continuó y dio paso a otra cuestión clave, esta vez relacionada con el Tribunal Constitucional.

Un asistente recordó que la ley que, en su opinión, “destrozó” el alto tribunal data de 1986 y subrayó que gobiernos posteriores del Partido Popular, incluidos los de Aznar y Rajoy con mayorías absolutas, prometieron reformarlo sin llegar a hacerlo.

La pregunta fue directa: qué garantías existen de que, esta vez, esas promesas se cumplan.

La sucesión de preguntas y respuestas dejó patente un clima de escepticismo ciudadano hacia la clase política en general, así como una demanda de coherencia entre el discurso y la acción.

Aunque la respuesta completa a esta última cuestión no quedó reflejada en el mismo tono de confrontación que el debate previo, el planteamiento reforzó la sensación de que el público no se conforma ya con declaraciones de intenciones.

El acto concluyó entre agradecimientos formales y aplausos, pero también con la impresión de haber asistido a algo más que una conferencia académica.

Fue, en esencia, un choque de visiones sobre el papel del Estado, la responsabilidad política y los límites del debate público.

Cayetana Álvarez de Toledo aprovechó la ocasión para reafirmar su perfil combativo y su defensa sin matices de la presunción de inocencia, convirtiendo una pregunta crítica en una declaración política que resonó con fuerza entre sus seguidores y detractores por igual.