Cilia Flores pasó de abogada y diputada a figura central del poder chavista, presidiendo la Asamblea Nacional y convirtiéndose en esposa y aliada política clave de Nicolás Maduro.
Cilia Flores construyó una carrera pública que, sobre el papel, resume medio siglo de ascenso institucional en Venezuela.
Abogada, diputada, presidenta de la Asamblea Nacional, procuradora general y esposa del presidente Nicolás Maduro, su figura ha estado asociada tanto al poder formal como a las controversias más profundas del chavismo.
A lo largo de dos décadas, su nombre aparece de forma recurrente en denuncias de corrupción, nepotismo y, especialmente, en expedientes judiciales de Estados Unidos que la vinculan con redes de narcotráfico conocidas como el Cartel de los Soles.
Nacida el 15 de octubre de 1956 en Tinaquillo, estado Cojedes, Flores proviene de una familia humilde que se trasladó a Caracas cuando ella era niña.
Se formó como abogada en la Universidad Santa María y, durante años, llevó una vida profesional discreta, especializada en derecho penal y laboral.
En los años ochenta y comienzos de los noventa trabajó como asesora jurídica y defendió causas vinculadas a derechos humanos, un perfil que cambiaría de manera decisiva tras el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992.
Flores fue una de las abogadas que defendió a Hugo Chávez tras el fallido alzamiento militar.
Aquella relación marcaría su futuro político.
Durante las visitas a la cárcel de Yare, se integró al círculo de confianza del entonces teniente coronel y participó en la gestación del movimiento que, años después, llegaría al poder.
En 1997 fue cofundadora del Movimiento V República y, tras la victoria electoral de Chávez en 1998, inició su ascenso institucional.
Elegida diputada en 2000, Flores fue reelegida en 2005 y, en 2006, se convirtió en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional.
Su gestión estuvo marcada por el control absoluto del parlamento por parte del chavismo y por decisiones polémicas, como la restricción del acceso de la prensa al hemiciclo.
En 2008 estalló uno de los escándalos que definirían su imagen pública: la denuncia de que decenas de familiares ocupaban cargos en la nómina del Parlamento.
La respuesta de Flores fue directa y quedó registrada en televisión: “Aquí ingresó mi familia y yo me siento bien orgullosa de que sean mi familia y los defenderé en esta Asamblea Nacional como trabajadores”.
En 2012, Hugo Chávez la nombró procuradora general de la República, el cargo encargado de defender los intereses jurídicos del Estado.
Un año después, tras la muerte del líder bolivariano, Nicolás Maduro asumió la presidencia y, en julio de 2013, contrajo matrimonio con Flores.
Maduro la presentó ante el país con una frase que definió su rol político: “Cilia no será la primera dama… será la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela”.
Desde entonces, Flores redujo su exposición pública, pero su influencia se mantuvo en los principales órganos del poder.
Paralelamente, su nombre comenzó a aparecer en investigaciones internacionales.
El caso más conocido estalló en noviembre de 2015, cuando Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, fueron detenidos en Haití y extraditados a Estados Unidos.
En 2017, un tribunal federal de Nueva York los condenó a 18 años de prisión por conspirar para traficar 800 kilogramos de cocaína.
Durante el juicio, la fiscalía presentó grabaciones y testimonios en los que los acusados aludían a su cercanía con el poder político venezolano.
Las condenas de los sobrinos intensificaron el foco internacional sobre Flores.
En 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la sancionó formalmente, congelando activos bajo jurisdicción estadounidense y señalándola como figura clave del Cartel de los Soles.
La acusación describía una estructura en la que altos funcionarios civiles y militares facilitaban el tráfico de cocaína desde Venezuela.
Maduro reaccionó públicamente en defensa de su esposa: “No te metas con Cilia… su único crimen es ser mi esposa”, afirmó en cadena nacional.
A partir de entonces, la presión internacional aumentó.
Canadá, la Unión Europea y otros países adoptaron sanciones similares.
Informes judiciales estadounidenses la mencionan como presunta intermediaria en pagos y coordinaciones entre narcotraficantes y funcionarios de seguridad, siempre en el marco de acusaciones que ella ha rechazado.
En audiencias y comunicados, Flores ha sostenido su inocencia y ha calificado las medidas en su contra como persecución política.
Más allá de los tribunales, investigaciones periodísticas revelaron la existencia de propiedades y empresas vinculadas a su entorno familiar en zonas exclusivas de Caracas y en el extranjero, adquiridas mediante sociedades interpuestas.
Estas revelaciones reforzaron la percepción de un enriquecimiento incompatible con los ingresos oficiales declarados.
Para sus detractores, Cilia Flores representa el poder ejercido desde las sombras: una operadora política capaz de influir en tribunales, organismos electorales y estructuras de seguridad.
Para sus seguidores, es una dirigente leal al proyecto bolivariano y víctima de una ofensiva internacional contra el chavismo.
La realidad judicial sigue abierta: su nombre figura en expedientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos por conspiración para narcotráfico y narcoterrorismo, cargos que, de prosperar, implicarían penas severas.
La historia de Cilia Flores resume una de las paradojas centrales de la Venezuela contemporánea: la coexistencia entre un discurso de justicia social y un cúmulo de acusaciones de corrupción y crimen organizado en las más altas esferas del poder.
Abogada de origen humilde, presidenta del Parlamento y “primera combatiente”, su trayectoria se convirtió en símbolo de cómo el poder político y las redes ilícitas se entrelazaron en el Estado venezolano, dejando una huella que aún hoy condiciona el futuro del país.
