El Congreso rechazó los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública propuestos por el Gobierno para 2026, reflejando la falta de apoyos y el alto nivel de confrontación política.
En una jornada de intenso debate parlamentario, el Congreso de los Diputados rechazó los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública propuestos por el Gobierno para el año 2026, reflejando la creciente falta de consenso y la tensión política que atraviesa la legislatura.
La votación se cerró con 164 votos a favor, 178 en contra y cinco abstenciones, evidenciando que el Ejecutivo no cuenta con apoyos suficientes para aprobar medidas clave en materia económica.
La sesión estuvo marcada por intervenciones críticas de la oposición, acusando al Gobierno de insostenible, de carecer de credibilidad y de estar inmerso en escándalos de corrupción.
Durante su intervención, un portavoz de la oposición declaró: “Este es un gobierno insostenible, un gobierno que está agonizando y que con su indecencia está arrastrando nada más ni nada menos que todo el país, que está harto ya de escándalos. Un gobierno que ha optado por la confrontación y no el consenso”.
Las críticas se centraron especialmente en las recientes imputaciones y condenas de altos cargos relacionados con el PSOE, mencionando solicitudes de penas de hasta 24 años de prisión para antiguos ministros y secretarios de organización, así como la condena de dos años de inhabilitación para el fiscal general.
La gestión del presupuesto de vivienda fue otro de los puntos más controvertidos. Según la oposición, de los 7.000 millones de euros presupuestados para políticas de vivienda, apenas se ha ejecutado una quinta parte.
“Han recaudado 52.000 millones de euros en impuestos relacionados con la compraventa de viviendas, alquileres y construcción, y solo gastan 7.000, de los cuales no se ejecuta ni la totalidad.
Absolutamente vergonzoso”, señaló un diputado. Esta situación, según los críticos, refleja un incumplimiento sistemático de los objetivos establecidos y una gestión ineficaz de los recursos públicos.
El debate también se centró en el crecimiento económico de España.
El Gobierno ha defendido los datos positivos del PIB, pero la oposición sostuvo que el crecimiento se debe principalmente al aumento del consumo provocado por el incremento de la población, estimando que cerca de tres millones de personas adicionales desde el inicio del mandato consumen bienes y servicios, lo que eleva las cifras brutas del PIB.
“Si analizamos el PIB per cápita descontando la inflación, España está absolutamente estancada”, argumentó un portavoz, señalando que el crecimiento no se traduce en mejoras reales para los ciudadanos.
La sostenibilidad del sistema de pensiones fue otro foco de críticas.
La oposición advirtió que los incrementos aprobados por el Gobierno podrían comprometer la viabilidad del sistema a largo plazo, especialmente para los ciudadanos de alrededor de 40 años, quienes podrían no recibir una pensión pública suficiente en el futuro.
“Lo que están haciendo es hundir el sistema de pensiones e impedir su viabilidad a largo plazo”, afirmó un diputado durante la intervención.
El uso de los fondos europeos también generó controversia. Se destacó que el 85% del dinero recibido se ha destinado a empresas y entidades públicas, lo que según la oposición no genera beneficios directos para los ciudadanos.
Entre los proyectos cuestionados se mencionó una empresa china que ha recibido aproximadamente 300 millones de euros en subvenciones para instalar una fábrica de baterías en España, sin haber iniciado la licitación de los proyectos, y que ya ha cobrado el 50% del importe total previsto.
“¿Y dónde están los beneficios para España? Ni están ni se les espera”, criticó un parlamentario.
Las comparaciones internacionales sobre deuda y salarios también formaron parte del debate. Mientras la ministra afirmaba que el déficit de España sería menor que el de Alemania, la oposición señaló que la deuda española asciende al 103% del PIB frente al 60% de Alemania.
Además, se subrayó la pérdida de competitividad salarial: entre 1993 y 2023, los salarios medios españoles pasaron de estar un 8,3% por debajo de Francia a un 33%, y en comparación con Alemania, de un 25% menor a un 48% menor en la actualidad.
“España va fatal. El precio de los alimentos se ha duplicado en los últimos 20 años, y la mitad de esa subida se ha producido desde 2021”, añadió un diputado durante su intervención.
La oposición también criticó la designación de altos cargos en organismos estadísticos como el INE, señalando que recientes nombramientos podrían comprometer la independencia en la elaboración de datos económicos cruciales como el PIB.
“Han nombrado a dedo al director general de cuentas nacionales, un alto cargo del PSOE, para manipular los cálculos del PIB”, sostuvo un parlamentario.
El debate de hoy refleja la tensión política y económica que atraviesa España, con un Gobierno incapaz de obtener apoyos suficientes para aprobar sus objetivos presupuestarios, enfrentado a críticas por la ejecución de sus políticas, el uso de fondos europeos y la gestión de la economía nacional.
Las diferencias entre los objetivos anunciados y la ejecución efectiva de los recursos públicos, junto con las advertencias sobre la sostenibilidad de las pensiones y la competitividad salarial, subrayan la preocupación creciente sobre la capacidad del Gobierno para garantizar estabilidad y crecimiento económico en el país.
En conclusión, la sesión parlamentaria evidenció una falta de consenso en torno a la política económica del Ejecutivo, cuestionando tanto la transparencia como la eficacia de su gestión y dejando al Gobierno en una situación de evidente fragilidad política y económica.
Las críticas sobre la deuda pública, el estancamiento del PIB per cápita, la ejecución presupuestaria y el destino de los fondos europeos han marcado la agenda, proyectando un escenario de incertidumbre para los próximos ejercicios fiscales y económicos.
