La asociación Hazte Oír ha dado un paso al frente y ha presentado una denuncia formal ante la Comisión de Venecia, la Comisión Europea y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo. El motivo, según el comunicado emitido por la organización, es el “ataque total del Gobierno de Pedro Sánchez contra la Justicia española”, una situación que consideran “de riesgo institucional extremo e incompatible con los valores europeos”.

En un giro inesperado de los acontecimientos políticos en España, la asociación Hazte Oír ha decidido llevar su denuncia sobre la situación del Poder Judicial ante instancias europeas.
Este movimiento no solo refleja la creciente preocupación por el estado de la justicia en el país, sino que también pone de relieve la tensión entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las instituciones que garantizan el Estado de derecho.
La denuncia ha sido presentada ante la Comisión de Venecia, la Comisión Europea y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, lo que añade un peso significativo a las acusaciones formuladas.
Hazte Oír, en su comunicado, no escatima en palabras al describir la situación actual como un “ataque total” del Gobierno de Sánchez contra la justicia española.
La organización sostiene que el Ejecutivo está intentando silenciar a los jueces y eliminar cualquier voz que se oponga a sus decisiones.
“La independencia judicial está en peligro”, advierten, y añaden que se trata de un “riesgo institucional extremo e incompatible con los valores europeos”.
Estas afirmaciones, que podrían sonar alarmistas, son respaldadas por el contexto político actual, donde la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial se ha vuelto cada vez más tensa.
En el corazón de la denuncia se encuentran dos medidas legislativas que, según Hazte Oír, amenazan la independencia del sistema judicial: la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la denominada “Ley del Silencio Judicial”.

La primera de estas reformas tiene como objetivo, según la asociación, debilitar el papel de los jueces de instrucción y, en su lugar, fortalecer el control del Ejecutivo sobre la Fiscalía.
“Esto abre la puerta a la manipulación política de los procedimientos penales”, alertan, enfatizando que la separación de poderes es fundamental para una democracia saludable.
La segunda medida, la “Ley del Silencio Judicial”, ha sido objeto de críticas aún más contundentes. Esta ley, que busca prohibir a los magistrados expresar públicamente su defensa del Estado de derecho, es vista por Hazte Oír como un intento claro de amordazar a los jueces.
“No se puede permitir que el Gobierno controle lo que los jueces pueden o no decir”, afirman.
Este tipo de legislación, que podría ser interpretada como un ataque directo a la libertad de expresión, suscita preocupaciones no solo en España, sino también en el ámbito europeo, donde se valoran altamente los principios democráticos.
La situación ha llevado a Hazte Oír a actuar, buscando una respuesta inmediata de las instituciones europeas ante lo que consideran un asalto directo a la justicia.
“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se intenta destruir la independencia judicial”, afirman, haciendo un llamado a la acción.
La denuncia ya ha llegado a Bruselas, y la organización confía en que Europa no se mantendrá al margen de lo que califican como “uno de los mayores ataques a la democracia española en los últimos años”.
El impacto de esta denuncia en el panorama político español es difícil de predecir. Sin embargo, lo que es seguro es que ha reavivado el debate sobre la independencia judicial y la relación entre el Gobierno y los poderes del Estado.
La respuesta de las instituciones europeas podría tener repercusiones significativas, no solo para el Gobierno de Sánchez, sino también para la percepción de España en el contexto internacional.
La reacción de los principales líderes políticos no se ha hecho esperar. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha criticado duramente al Gobierno, afirmando que “no se puede jugar con la justicia”.
Por su parte, Santiago Abascal, líder de VOX, ha expresado su apoyo a la denuncia, señalando que “la libertad de los jueces es la libertad de todos”.
En contraste, desde el Gobierno se ha defendido la necesidad de las reformas, argumentando que son esenciales para modernizar el sistema judicial y hacerlo más eficiente.
El debate se intensifica, y las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se enfrentan las opiniones a favor y en contra de las reformas.
Los vídeos de las intervenciones de los principales partidos políticos, desde el PP hasta Podemos, se han vuelto virales, generando un clima de polarización en torno a este tema.
La opinión pública está dividida, y cada nuevo desarrollo en esta historia parece añadir leña al fuego.

Mientras tanto, los ciudadanos observan con atención cómo se desarrolla esta situación. Muchos se preguntan qué significa realmente la independencia judicial y cómo puede verse afectada por las decisiones políticas.
La confianza en el sistema judicial es un pilar fundamental de la democracia, y cualquier indicio de que esta confianza pueda verse comprometida genera inquietud.
A medida que la denuncia avanza en las instituciones europeas, la presión sobre el Gobierno de Sánchez aumenta. Los críticos continúan exigiendo respuestas y un compromiso real con la defensa del Estado de derecho.
La pregunta que queda en el aire es si Europa tomará medidas concretas ante lo que se presenta como una crisis de confianza en la justicia española.
En conclusión, la denuncia presentada por Hazte Oír ante las instituciones europeas es un llamado de atención sobre la situación del Poder Judicial en España.
Con el telón de fondo de reformas controvertidas y un clima de creciente tensión política, el futuro de la independencia judicial y la confianza en el sistema legal español están en juego.
La reacción de Europa a esta denuncia podría ser determinante para el rumbo que tomará la justicia en España y, por ende, para la salud democrática del país.