En un tenso debate parlamentario, la oposición acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de mantener un “estilo de vida de lujo” y de estar rodeado de presunta corrupción vinculada a altos cargos como Santos Cerdán y José Luis Ábalos.
El pleno parlamentario celebrado esta semana estuvo marcado por un clima de tensión inusual, en el que varios diputados intercambiaron acusaciones, reproches y denuncias políticas en un debate que terminó derivando en un conflicto de mayor alcance ideológico.
Las intervenciones se estructuraron en torno a dos bloques: por un lado, un enfrentamiento directo sobre el uso de viviendas públicas, los casos judiciales que afectan a dirigentes socialistas y la situación del Gobierno central;
y, por otro, un intenso debate sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y el legado histórico de la Transición española.
El primer momento de máxima tensión llegó con una intervención en la que se criticó con dureza al Gobierno de Pedro Sánchez.
El diputado responsable abrió su discurso afirmando que «el tren de vida de los dirigentes socialistas no se va a pagar solo», a lo que añadió una serie de acusaciones sobre supuestos privilegios personales y presuntos vínculos con casos judiciales.
En su alegato, mencionó episodios que involucran a figuras como Santos Cerdán, José Luis Ábalos y otros dirigentes, aunque sin aportar datos verificables y haciendo referencia a informaciones actualmente bajo investigación judicial.
El parlamentario llegó a declarar que «la trama corrupta pagaba el ático donde vivían Santos Cerdán y su pareja», y añadió que «hasta ocho viviendas fueron ofrecidas como dádivas por un intermediario implicado en procedimientos judiciales».
Estas afirmaciones provocaron protestas inmediatas desde los escaños socialistas, que consideraron la intervención “calumniosa” y “basada en conjeturas”. La Presidencia de la Cámara tuvo que pedir silencio en varias ocasiones.
En materia de vivienda pública, el diputado criticó también el uso de inmuebles oficiales por miembros del Consejo de Ministros, asegurando que «doce ministros ocupan viviendas públicas mientras entre todos suman 39 propiedades particulares».
Esta cifra generó nuevas réplicas desde los grupos progresistas, que defendieron que la utilización de viviendas oficiales está regulada por normativa interna y responde a criterios de seguridad y función institucional.
Uno de los momentos más comentados se produjo al mencionar el caso de Ernest Lluch, asesinado hace 25 años.
Desde el Gobierno autonómico se recordó que «la memoria democrática también incluye el reconocimiento a las 853 víctimas de ETA», lo que dio pie a un cruce de acusaciones sobre las relaciones de distintos partidos con formaciones vascas que han condenado recientemente la violencia.
A continuación, el debate viró hacia la Ley de Memoria Democrática. El diputado de Más Madrid tomó la palabra con un discurso cargado de referencias históricas y un fuerte componente ideológico.
«La democracia no se la debemos a ningún dictador, sino a quienes lo dieron todo desde 1936 para defender la libertad», afirmó.
Agregó que «Madrid fue sinónimo de lucha contra el fascismo en todo el mundo», destacando el sacrificio de miles de ciudadanos represaliados.
El parlamentario insistió varias veces en la importancia del legado democrático y aseguró que «la democracia vuelve a estar amenazada por movimientos ultraderechistas globales liderados por figuras como Donald Trump, Bolsonaro o Milei».
La mención directa a la presidenta autonómica provocó murmullos en el hemiciclo, especialmente cuando declaró que «sus ataques a la memoria democrática no dañan a quienes lucharon por la libertad, sino a su legado y a nuestro futuro».
Desde el Gobierno regional, el consejero respondió con un tono firme. «Nada redactado por los herederos de ETA contará con nuestro apoyo», afirmó al inicio de su intervención.
A continuación, criticó abiertamente la Ley de Memoria Democrática asegurando que «tiene poco de memoria y menos de democrática» y defendió que su partido trabaja para «cerrar heridas y reforzar la convivencia».
El consejero aseguró que, si el Partido Popular llega al Gobierno central, la ley será derogada, defendiendo en su lugar la conmemoración de la Constitución de 1978 y la Transición como «el mayor proceso de reconciliación de la historia de España».
Además, acusó a la oposición de «resucitar el guerra-civilismo» y de «mostrar firmeza solo ante dictadores muertos, mientras guardan silencio ante Maduro u Ortega».
El debate concluyó con nuevas referencias cruzadas a viviendas oficiales, episodios históricos, víctimas del terrorismo y casos judiciales en curso.
La Presidencia de la Cámara insistió en mantener el orden antes de dar por cerrado el pleno, que deja tras de sí un escenario de polarización creciente y visiblemente alejado de los consensos institucionales de años anteriores.
