Vox acusó al Gobierno de utilizar la baliza V16, las multas de tráfico y los impuestos al automóvil como mecanismos recaudatorios mientras, según denunció, abandona a la España rural, a los jóvenes y al mantenimiento de las carreteras.
El Congreso de los Diputados vivió una sesión marcada por la tensión, las acusaciones de corrupción y la denuncia de un supuesto afán recaudatorio del Gobierno en materia de seguridad vial.
La intervención del portavoz de Vox abrió un debate encendido sobre la implantación obligatoria de la baliza V16, la falta de examinadores, el abandono de las zonas rurales y el deterioro de las carreteras, que derivó en un enfrentamiento político más amplio sobre la gestión del Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
“¿Qué le dice este número?”, comenzó el diputado de Vox, mostrando una cifra que, según explicó, simbolizaba los “40.000 millones de euros que recauda el Gobierno del sector del automóvil vía impuestos directos e indirectos”.
Añadió que “otros 40.000 millones proceden del incremento de las multas de tráfico, que el año pasado alcanzaron un récord histórico, superando los 500 millones de euros”.
A su juicio, estas cantidades resultan “insultantes” cuando el Ejecutivo “racanéa con la España rural y abandona a los jóvenes que necesitan sacar el carné de conducir para acceder a un futuro que ustedes mismos les quitan”.
El parlamentario denunció, además, el “caos de la lista de espera” para realizar exámenes de conducción y la “incapacidad del Ministerio del Interior para ofrecer una solución estructural”.
Según expuso, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska “solo propone chapuzas” y “sigue abandonando a quienes necesitan el carné para estudiar o trabajar”.
Uno de los puntos centrales del debate fue la futura obligatoriedad de la baliza V16, que sustituirá a los triángulos de emergencia. Vox volvió a exigir que se paralice su implantación el 1 de enero y acusó al Gobierno de “saquear el bolsillo de los conductores”.
“Se lo dijimos en la Comisión de Seguridad Vial: esto iba a ser un problema. Lo dicen los expertos y lo dice la Guardia Civil de Tráfico: duden de la efectividad de la baliza y recomiendan mantener los triángulos”, afirmó.
La crítica se extendió al estado de las infraestructuras. El diputado señaló que, según estimaciones técnicas, “el déficit de mantenimiento de la red viaria asciende a 13.500 millones de euros”.
Según citó, el fiscal de seguridad vial ha advertido que “una de cada tres muertes en carretera está relacionada con el mal estado de la vía”, algo que atribuyó directamente a la responsabilidad política del Gobierno.
El tono subió cuando el orador aseguró que el Ejecutivo “solo arregla a Sánchez, a su familia, a sus amigos y a sus ministros”, calificándolo de “el Gobierno más corrupto económica y moralmente de la historia de España”.
Cerró su intervención con una frase que provocó murmullos y aplausos: “Ustedes son el Gobierno de Otegi, el Gobierno de ETA”.
En la segunda parte del debate, correspondiente a una moción consecuencia de interpelación urgente sobre la estrategia del Gobierno respecto al funcionamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Vox elevó el tono contra el ministro del Interior.
La portavoz que tomó la palabra denunció las “40 pruebas de cargo, 40 datos irrefutables y 40 testimonios estremecedores” que, según ella, acreditan la “desidia y desacierto” de Marlaska, a quien definió como “el ministro más reprobado del actual Gobierno”.
La diputada criticó que el ministro no acudiera al hemiciclo.
“No sé si teme abandonar el Congreso convertido en el ministro más reprobado de la historia reciente o si le molesta mirarme a la cara tanto como a mí mirar la suya. Pero le digo que aplaudo su decisión”, afirmó entre aplausos de su bancada.
Pese a ello, insistió en que el Gobierno debería actuar “sin esperar ni siete minutos” para corregir lo que consideró un deterioro grave de las condiciones en las que trabajan los agentes.
Respaldó su denuncia con cifras: “El pasado año se registraron 17.000 agresiones a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, un 28% más que en 2019”, señaló, mencionando que Madrid, Barcelona, Valencia y el Campo de Gibraltar se han convertido en “puntos negros” para estos ataques.
Recordó que en la última década han muerto “28 agentes en acto de servicio” y que los incidentes violentos “no dejan de agravarse”.
La diputada relató varios ejemplos recientes: un agente fuera de servicio “apalizado por seis individuos en Puente de Vallecas”, dos policías atacados “por la espalda al grito de ‘ahora no estáis de servicio’”, uno de ellos perdiendo la visión de un ojo;
o el caso de un agente que permanece en coma inducido tras una agresión en Valencia.
“Esta es la realidad que ustedes se niegan a mirar”, concluyó.
El debate dejó patente una profunda polarización sobre las políticas de seguridad vial y el funcionamiento del Ministerio del Interior.
Mientras la oposición denuncia una estrategia recaudatoria, falta de inversiones y precariedad en las fuerzas policiales, el Gobierno sostiene que las críticas buscan erosionar la autoridad institucional y se basan en afirmaciones exageradas o descontextualizadas.
En un clima político cada vez más crispado, la discusión sobre la baliza V16 y la seguridad en las carreteras se convirtió en un escenario más de confrontación entre dos visiones antagónicas del papel del Estado, la gestión de la seguridad y la protección de los ciudadanos.
