El informe que pidió el propio Ministerio a la Real Academia de Historia destacaba el papel del inmueble en la Ilustración y no durante la dictadura
El anuncio del Gobierno de declarar Lugar de Memoria la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, ha abierto un nuevo capítulo de tensión política en la región.
La decisión, respaldada por un informe encargado por el propio Ministerio a la Real Academia de la Historia, subraya la relevancia del edificio durante la Ilustración y descarta su uso como símbolo de la dictadura franquista.
Sin embargo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado con firmeza y ha anunciado que recurrirá la medida ante la Audiencia Nacional, asegurando que el Ejecutivo “vuelve a sacar el francomodín para desgastar a Madrid”.
La polémica no se ha hecho esperar. En la rueda de prensa celebrada tras la publicación del decreto, Ayuso mostró su rechazo frontal y explicó que el Gobierno central pretende reinterpretar la historia de forma interesada.
“No podemos permitir que se utilice un edificio con tanta historia como excusa para imponer una narrativa que no se corresponde con la realidad. La Real Casa de Correos tiene siglos de historia que van mucho más allá de la dictadura”, afirmó con contundencia.
Su recurso ante la Audiencia Nacional será el siguiente paso en una batalla legal que promete prolongarse y mantener a la opinión pública en vilo.
Desde el Ministerio, la explicación oficial insiste en que la declaración como Lugar de Memoria no pretende reinterpretar el pasado reciente, sino poner en valor la importancia del inmueble en la construcción cultural y social de España durante el siglo XVIII.
Los técnicos que elaboraron el informe destacan que la Real Casa de Correos fue escenario de decisiones y eventos clave de la Ilustración y que, aunque tuvo usos posteriores durante la dictadura, su relevancia histórica trasciende ese periodo.
“Nuestro objetivo es reconocer la memoria histórica y educativa del edificio, no convertirlo en un símbolo de un periodo concreto”, sostienen fuentes ministeriales.
El debate político se ha intensificado en las últimas horas. Líderes de la oposición han tomado partido, algunos apoyando la medida del Gobierno y otros alineándose con Ayuso en su crítica.
El argumento central de la presidenta madrileña es que la declaración podría sentar un precedente peligroso: que cualquier edificio histórico
con pasado durante la dictadura pueda ser etiquetado como Lugar de Memoria de manera automática, sin considerar otros contextos históricos de mayor relevancia.
“Esto no es solo una cuestión administrativa, es un intento de reescribir la historia y politizar un patrimonio que pertenece a todos los madrileños”, insistió Ayuso.
El informe de la Real Academia de la Historia, encargado expresamente por el Ministerio, ha sido objeto de escrutinio público.
Según sus conclusiones, la Casa de Correos adquirió su relevancia más significativa en el siglo XVIII, durante la Ilustración española, siendo sede de la Administración y centro de decisiones que marcaron la política y la cultura del país.
El documento hace hincapié en que su uso posterior durante el franquismo, aunque relevante para ciertos episodios históricos, no debería eclipsar los siglos de historia que lo preceden.
Esta visión técnica es la que respalda la declaración oficial, pero también es la que ha generado la controversia y el recurso judicial anunciado por Ayuso.
Los expertos en historia y patrimonio coinciden en que la Real Casa de Correos es un edificio con múltiples capas históricas, que van desde su construcción en el siglo XVIII hasta su papel como sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y punto neurálgico de la Puerta del Sol.
La polémica actual refleja la tensión existente entre la interpretación académica y la política del presente.
Mientras el Ministerio defiende una visión integral y educativa del inmueble, Ayuso insiste en que la narrativa seleccionada favorece al Ejecutivo central y menoscaba la historia madrileña.
En las redes sociales, la reacción ciudadana ha sido inmediata y polarizada. Un sector aplaude la iniciativa del Gobierno, considerando que la declaración pone en valor un patrimonio olvidado y reconoce su papel en la historia cultural española.
Otro sector, en cambio, respalda la posición de Ayuso y critica lo que consideran un intento de politizar un edificio que, para muchos madrileños, representa también su identidad local y autonomía frente al Estado central.
Los debates sobre patrimonio histórico y memoria se han multiplicado, evidenciando cómo decisiones aparentemente técnicas pueden desencadenar amplias discusiones sociales y políticas.
La presidenta madrileña ha anunciado que su recurso ante la Audiencia Nacional se centrará en cuestionar tanto la legalidad como la pertinencia de la declaración.
Según Ayuso, se trata de proteger la integridad de la Comunidad y de evitar que decisiones ministeriales “reinterpretativas” afecten la gestión y el valor de los edificios históricos en la región.
Los juristas consultados coinciden en que la Audiencia Nacional tendrá que evaluar tanto los argumentos históricos como los legales, considerando la legislación sobre patrimonio y memoria histórica, así como el alcance de las competencias autonómicas.
Mientras se espera la resolución judicial, el debate sobre la Real Casa de Correos continúa alimentando la confrontación entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid.
La declaración como Lugar de Memoria podría marcar un precedente sobre cómo se reconocen oficialmente los espacios históricos y cómo se interpretan los episodios más delicados de la historia española.
La polémica también pone en relieve la necesidad de establecer criterios claros para la designación de estos lugares y evitar que la política del presente distorsione la percepción del pasado.
El caso de la Real Casa de Correos es, sin duda, un reflejo de la tensión entre historia, política y memoria.
La decisión del Gobierno de declararla Lugar de Memoria pretende poner en valor su importancia histórica más allá de episodios polémicos, pero el rechazo de Ayuso evidencia que la interpretación de la historia sigue siendo un campo de batalla en la España contemporánea.
En los próximos meses, tanto los tribunales como la opinión pública seguirán de cerca cómo se resuelve este enfrentamiento y qué impacto tendrá sobre la gestión del patrimonio y la memoria histórica en todo el país.
El futuro de la Real Casa de Correos sigue abierto y en disputa. Mientras el Gobierno defiende su visión educativa y cultural, Ayuso insiste en la protección de la identidad madrileña y en evitar lo que califica de manipulaciones políticas.
La resolución de este conflicto no solo afectará al edificio, sino que también podría sentar un precedente para la relación entre las
administraciones central y autonómica en materia de memoria histórica y gestión del patrimonio, un debate que, sin duda, continuará captando la atención de los ciudadanos y de los medios durante los próximos meses.
