Lo ha hecho a través de un escrito en el que su defensa solicita la libertad «con la adopción de medidas cautelares» que la jueza instructora, María Tardón, «considere oportunas»
El nombre de José Luis Huertas, más conocido como ‘Alcasec’, vuelve a ocupar los titulares.
Este joven hacker, investigado por su presunta implicación en una compleja red de robo y venta de datos de organismos públicos y privados junto al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha presentado ante la Audiencia Nacional una solicitud de libertad provisional.
Su argumento central: el riesgo de fuga, según su defensa, es “inexistente”. La petición ha reavivado el interés mediático sobre un caso que combina alta tecnología, presunta criminalidad y conexiones en la cúpula del Estado.
En el escrito presentado, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de ‘Alcasec’ solicita que la jueza instructora, María Tardón, le conceda la libertad “con la adopción de medidas cautelares que considere oportunas”.
Huertas argumenta que han transcurrido ya 131 días desde que se decretó su prisión provisional el pasado 29 de mayo, tiempo que, asegura, ha sido suficiente para que las fuerzas de seguridad aseguraran los servidores y elementos informáticos intervenidos durante la ‘Operación Borraska’.
“El riesgo de destrucción de pruebas queda neutralizado por la actuación policial”, subraya su defensa, buscando así rebajar la percepción de peligrosidad que ha mantenido su reclusión.
La solicitud de libertad provisional también cuestiona la consideración de la alta disponibilidad de criptoactivos atribuida al hacker como justificación para su encarcelamiento.
“La mención realizada por la fuerza actuante al describir la supuesta operativa criminal no puede servir, de forma justificada, para atribuir a mi mandante una capacidad económica que no posee”, argumenta su abogado.
Además, recuerdan que en otras causas abiertas, como la relacionada con el ciberataque al Punto Neutro Judicial, ‘Alcasec’ ha cumplido rigurosamente con todas las medidas cautelares impuestas, reforzando la idea de que no representa un riesgo de fuga real.
El contexto de este caso es complejo.
La causa está bajo secreto de sumario y se enmarca en la investigación de la trama que ha involucrado también a Francisco Martínez, considerado por la instructora como el “coordinador jurídico-operativo y arquitecto de blindaje estructural de la organización criminal”.
Según la resolución judicial, Martínez habría desempeñado un rol central en la consolidación y sostenibilidad de la presunta red, aunque él se ha defendido señalando que su intervención se limitó a la constitución de empresas con las que operaba ‘Alcasec’ y que jamás se benefició de los datos obtenidos.
La figura de ‘Alcasec’ ha despertado interés mediático y social por su perfil de “genio precoz” convertido en investigado por delitos de alto impacto para la seguridad nacional.
La combinación de conocimiento técnico avanzado y presunta implicación en la venta de información sensible le convierte en un personaje que desafía la percepción de vulnerabilidad del Estado frente a ataques digitales.
En su escrito, la defensa subraya que el joven hacker no solo ha respetado los protocolos judiciales sino que no posee medios económicos que faciliten su fuga, reforzando su argumento a favor de la libertad provisional.
El debate judicial se centra ahora en la ponderación de riesgos: por un lado, la instructora busca evitar la fuga, la reiteración delictiva y la posible destrucción de pruebas;
por otro, la defensa alega que la acción policial ya ha neutralizado esas amenazas y que mantener a ‘Alcasec’ en prisión resulta desproporcionado.
La resolución sobre esta petición podría marcar un precedente en la forma en que se manejan los casos de alta complejidad tecnológica, especialmente cuando involucran a jóvenes con capacidades informáticas excepcionales y conexiones con altos cargos del Estado.
Este caso también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los colaboradores y el alcance de la implicación de terceros.
Francisco Martínez ha tratado de desvincularse, asegurando que su participación se limitó a un papel técnico-administrativo y personal, sin beneficiarse del comercio de datos.
Paralelamente, otro investigado, el youtuber Álvaro Martín, alias ‘Valyrio’, ya se encuentra en libertad, lo que pone de relieve las diferentes estrategias judiciales aplicadas a cada implicado según su rol y riesgos asociados.
La solicitud de ‘Alcasec’ llega en un momento crítico, mientras España sigue adaptando su legislación y protocolos de seguridad frente a delitos informáticos de alto perfil.
La decisión de la Audiencia Nacional no solo afectará la situación inmediata del joven hacker, sino que también tendrá implicaciones sobre cómo se gestionan las medidas cautelares en casos que involucran habilidades técnicas avanzadas y posibles repercusiones sobre organismos públicos y privados.
Más allá de la esfera judicial, este caso ha capturado la atención de la opinión pública, que observa con expectación los movimientos de un joven que desafió la ley desde el ámbito digital.
La narrativa que combina genio, presunta criminalidad y vínculos con altos cargos añade un dramatismo que mantiene el interés mediático y ciudadano.
Cada declaración, cada escrito judicial y cada medida cautelar se convierten en piezas fundamentales de una historia que mezcla tecnología, poder y justicia.
El desenlace de la solicitud de libertad provisional podría determinar no solo la estrategia de defensa de ‘Alcasec’, sino también influir en la percepción sobre la efectividad del sistema judicial frente a delitos tecnológicos complejos.
La Audiencia Nacional tiene ahora la difícil tarea de equilibrar la protección de la seguridad pública con los derechos procesales del investigado, tomando en cuenta su historial, la intervención policial y las garantías ofrecidas por las medidas cautelares.
En resumen, el caso de ‘Alcasec’ refleja los retos actuales del sistema judicial frente a la ciberdelincuencia de alto nivel.
Su solicitud de libertad provisional pone en evidencia la tensión entre riesgo percibido y medidas adoptadas, la implicación de terceros y la necesidad de adaptar la legislación a delitos que combinan sofisticación técnica y repercusiones para la seguridad nacional.
El desenlace de esta petición será clave para definir cómo España aborda la justicia en la era digital y cómo se protege frente a amenazas que parecen sacadas de un thriller tecnológico.
