El magistrado investiga a la mujer de Sánchez por intrusismo profesional, entre otros delitos
El Juzgado de Instrucción que dirige el magistrado Juan Carlos Peinado ha decidido ampliar el alcance de la investigación abierta a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a raíz de la firma de varios pliegos técnicos vinculados a proyectos de la Universidad Complutense.
El juez quiere determinar si la intervención en esos documentos por parte de personas sin la titulación exigida constituye un hecho aislado o, por el contrario, responde a un procedimiento más amplio dentro de la institución académica.
La cuestión de fondo es clara: ¿quién debe firmar un pliego técnico y bajo qué condiciones?
En el marco de la investigación por presunto intrusismo profesional —entre otros posibles delitos cuya relevancia penal aún se analiza— el magistrado busca aclarar si la participación de Gómez en esos expedientes se produjo de manera excepcional o si existían precedentes de otras colaboraciones similares en la Complutense.
En una reciente comparecencia en su despacho, describen asistentes presentes, Peinado formuló una reflexión que marcaría el rumbo de las diligencias:
—*“No se trata solo de verificar quién firmó, sino por qué y con qué respaldo”*.
Esa frase, comentan quienes estuvieron en la reunión, sirvió para abrir una nueva línea de indagación orientada a revisar las prácticas internas de la universidad.
Funcionarios del centro académico, consultados en el marco judicial, explicaron que en determinados programas de innovación suele haber colaboraciones externas, aunque su grado de participación varía según el proyecto.
—*“Aquí siempre ha habido expertos invitados, profesionales del sector o personas con experiencia en ámbitos concretos”*, señaló uno de ellos ante los investigadores.
—*“Otra cosa es si pueden firmar documentos técnicos. Eso ya es distinto”*, replicó otro funcionario que conoce los procedimientos internos.
La instrucción se mueve así en un terreno delicado: el cruce entre la colaboración público-privada, frecuente en actividades de investigación universitaria, y las exigencias formales de los expedientes administrativos.
No es infrecuente que instituciones académicas busquen apoyo en profesionales exteriores; lo relevante, según apunta la investigación, es si esas personas pueden asumir la responsabilidad de firmar documentos sujetos a criterios técnicos que habitualmente requieren titulación específica.
A medida que avanzan las pesquisas, la distancia entre lo administrativo y lo político también se ha estrechado. La figura de Gómez, por su vínculo con el presidente del Gobierno, ha situado el caso en el centro del debate público.
Sin embargo, en el juzgado se insiste en que el objetivo es puramente técnico y que todas las decisiones se basan en la documentación recibida.
—*“Aquí no se investigan nombres, se investigan hechos”*, afirman fuentes jurídicas próximas al proceso.
Mientras tanto, en la Complutense se intenta trasladar normalidad.
Varios responsables universitarios han mantenido en las últimas semanas reuniones internas para revisar procedimientos, comprobar la cadena de responsabilidades y preparar la información solicitada por el juzgado. Uno de ellos comentó durante un encuentro interno:
—*“No podemos permitir que esto proyecte la imagen de que cualquiera firma cualquier cosa. Hay reglas claras”*.
A lo que añadió otro participante:
—*“Pero también hay que explicar bien cómo funcionan los proyectos y quién interviene en ellos, porque desde fuera es fácil malinterpretar”*.
El análisis jurídico del caso no es sencillo. La figura del intrusismo profesional requiere que alguien realice actos propios de una profesión regulada sin reunir los requisitos habilitantes.
Para que exista relevancia penal, esos actos deben ser inequívocamente exclusivos de una profesión con reserva legal. Determinar si la firma de pliegos técnicos entra en esa categoría es una de las claves de la instrucción.
Expertos en derecho administrativo consultados en entornos académicos han señalado que no todos los pliegos exigen la firma de un profesional titulado; depende de la naturaleza del proyecto y de la materia evaluada.
Los investigadores judiciales, precisamente, buscan aclarar cuál es el caso concreto de los documentos rubricados en aquella ocasión.
En paralelo, se examina si existieron instrucciones internas, autorizaciones informales o prácticas reiteradas que pudieran haber legitimado la participación de personas externas sin la titulación requerida.
Si se concluyese que se trataba de un procedimiento habitual, la dimensión del caso podría cambiar sustancialmente: la responsabilidad pasaría de lo individual a lo institucional.
—*“Si hay normas claras y se incumplieron, la responsabilidad es personal.
Si no las hay o son ambiguas, el análisis es más complejo”*, explicó un funcionario con años de experiencia en gestión universitaria durante su declaración.
Las comparaciones con otros centros educativos han surgido también durante el análisis.
En algunas universidades europeas, por ejemplo, la colaboración de expertos externos en procesos de evaluación técnica está regulada y es habitual, siempre que la responsabilidad última recaiga en un profesional habilitado.
La investigación tratará de esclarecer si en la Complutense existía o no una práctica equiparable.
De momento, la instrucción avanza con pasos discretos pero constantes. El juzgado revisa documentación, solicita informes complementarios y podría requerir nuevas declaraciones en las próximas semanas.
La clave ahora es delimitar con precisión qué exigían los pliegos, quién estaba autorizado para firmarlos y en qué contexto se produjo la participación de Gómez.
En los pasillos del juzgado, un abogado que sigue de cerca el caso comentaba recientemente en voz baja a un compañero:
—*“Esto va para largo. No es un asunto de titulares, es un asunto de papeles”*.
A lo que el otro respondió:
—*“Y de procedimientos. Al final, todo se reduce a eso”*.
Mientras el debate público continúa, la investigación judicial se centra en desentrañar con rigor jurídico una cuestión que podría tener implicaciones tanto para la responsabilidad individual como para la gestión institucional de la universidad
. El magistrado Peinado, fiel a su estilo meticuloso, parece decidido a esclarecer si la firma de pliegos por parte de personas sin titulación fue una excepción… o una práctica más extendida de lo que se pensaba.
