El Ministerio de Asuntos Exteriores investiga el uso de visados Schengen de turista con los que varias trabajadoras fueron trasladadas desde República Dominicana a España para trabajar en una propiedad de Julio Iglesias, pese a que esos permisos no autorizan empleo.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha abierto una investigación para esclarecer la situación de los visados de turista utilizados por el célebre cantante Julio Iglesias.
Esta acción se produce en un contexto de creciente preocupación social tras la publicación de testimonios que denuncian presuntas agresiones sexuales por parte del artista hacia dos antiguas trabajadoras en sus propiedades caribeñas.
La investigación se centra en los visados Schengen tipo C, que permitieron el traslado de varias trabajadoras desde la República Dominicana a España en 2021.
“Es fundamental analizar la legalidad de estos visados y el contexto en el que fueron utilizados”, afirmó un portavoz del Ministerio.
Los visados tipo C están diseñados para estancias cortas en la Unión Europea, pero no permiten el empleo remunerado, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad del traslado de personal para trabajar en la propiedad de Iglesias en Ojén, cerca de Marbella.
A pesar de las restricciones, algunos expertos han señalado que existe una “zona gris” en la interpretación de estos visados, lo que podría haber permitido el traslado temporal de asistentes personales o trabajadoras internas.
“La ambigüedad legal en torno a los visados es un punto crucial que debe ser esclarecido”, indicó un analista legal.
Esta complejidad ha llevado a que el Ministerio inicie una inspección a través de la Inspección General de Servicios, actualmente en fase de recopilación de información.
La situación se complicó aún más cuando se conoció que la ONG Women’s Link Worldwide había presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en representación de las dos extrabajadoras.
Esta denuncia, que se basa en testimonios de presuntas agresiones, fue archivada al considerar que los hechos no debían ser juzgados en España.
“Es desconcertante que las denuncias no sean tomadas en cuenta adecuadamente”, expresó una representante de la ONG.
Sin embargo, la apertura de la investigación por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores indica que las autoridades están tomando en serio las acusaciones.
Julio Iglesias, por su parte, ha defendido su inocencia y ha tomado medidas para proteger su imagen.
“Soy inocente y estoy dispuesto a demostrarlo.
He contratado a una agencia de gestión de imagen en España para aclarar esta situación”, dijo Iglesias en una reciente declaración.
El cantante ha solicitado a la Fiscalía toda la documentación relacionada con la denuncia y ha afirmado que posee pruebas que demostrarían que hubo intentos de soborno a varias trabajadoras para que lo acusaran de abusos.
“Hay personas que intentan desacreditarme y estoy decidido a enfrentar estas acusaciones”, aseguró Iglesias, quien ha manifestado su intención de emprender acciones legales contra quienes lo han difamado.
La atención mediática sobre este caso ha aumentado considerablemente, lo que podría influir en el desarrollo de la investigación.
“Es un tema que ha captado la atención no solo de los medios, sino también de la sociedad en general.
La gente quiere respuestas”, comentó un periodista que ha estado cubriendo la noticia.
La combinación de acusaciones graves y la defensa activa del artista plantea preguntas sobre la responsabilidad y la ética en el uso de los visados.
El caso de Julio Iglesias pone de relieve la necesidad de una mayor claridad en la legislación sobre visados y el empleo en España.
“Es crucial que se establezcan normas claras para evitar malentendidos y abusos en el futuro”, afirmó un experto en derecho migratorio.
A medida que se recopila más información, será fundamental observar cómo se desarrollan los acontecimientos y si se tomarán medidas legales adicionales.
La investigación del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre los visados de Julio Iglesias no solo afecta a las partes involucradas, sino que también podría tener implicaciones más amplias para la industria del entretenimiento y la protección de los derechos de los trabajadores.
“Este caso es un llamado a la reflexión sobre cómo se manejan los visados y el bienestar de aquellos que trabajan en el sector”, concluyó un analista.
A medida que se avanza en la investigación, la comunidad espera que se haga justicia y que se esclarezcan los hechos.
La situación de Julio Iglesias representa un desafío no solo para él, sino para todo un sistema que debe garantizar la legalidad y la ética en las relaciones laborales.
