El diputado César Sánchez Pérez denunció la falta de responsabilidad política, la inexistencia del protocolo de Saler y la ausencia de sistemas de alerta temprana, responsabilizando tanto al Gobierno central como a otras autoridades.
El Congreso de los Diputados fue el escenario de un intenso debate durante la comisión de investigación sobre la Dana que azotó la Comunidad Valenciana y otras regiones de España el 29 de octubre de 2024, dejando un saldo trágico de más de 80 víctimas mortales.
La sesión estuvo marcada por acusaciones cruzadas, cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades y la veracidad de los protocolos
empleados, así como un enfrentamiento directo entre diputados que evidenció la tensión política y la preocupación por la gestión de emergencias en situaciones de extrema gravedad.
El diputado César Sánchez Pérez abrió su intervención expresando solidaridad con las víctimas y sus familias, y subrayó que la comisión tenía como objetivo esclarecer la actuación de las administraciones durante la emergencia:
“El objeto de esta comisión de investigación es averiguar la verdad sobre lo que hizo el Gobierno de España en la gestión de la mayor tragedia natural de nuestra historia reciente en España y en la Comunidad Valenciana”, afirmó.
Sánchez Pérez criticó duramente la falta de responsabilidad mostrada por algunos representantes del Gobierno central, señalando que la única atención hacia las víctimas no provenía de todos los niveles administrativos:
“Nosotros hemos escuchado pedir perdón al señor Mazón, pero no hemos escuchado pedir perdón a ningún otro responsable público. Nadie del Gobierno de España asumió responsabilidades por la falta de información y coordinación”, añadió.
Uno de los puntos más controvertidos se centró en el llamado “protocolo de Saler”, presuntamente utilizado para gestionar alertas meteorológicas y de inundación.
Sánchez Pérez cuestionó la veracidad de las afirmaciones de algunos diputados sobre su existencia: “Es imposible porque no existe, no forma parte del plan de inundaciones, no forma parte del plan de emergencias. Simplemente no existe”, sostuvo.
La discusión sobre este protocolo evidenció fallos en la comunicación y coordinación entre las autoridades locales y el Gobierno central, lo que generó confusión durante la emergencia y retrasos en la actuación.
Durante la comisión, se destacó que a pesar de la magnitud del fenómeno, algunos organismos no cumplían sus propias obligaciones de monitoreo.
Según Sánchez Pérez, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no proporcionaron información precisa sobre la evolución de los caudales de los ríos y barrancos afectados:
“A pesar de que la señora Bernabea afirmó que la sala 24 horas estaba en alerta, hay un audio a las 11:30 de la mañana que demuestra que el control de los espacios no reflejaba la realidad.
Los datos del Barranco del Pollo bajaron de cero a 200 durante la mañana y se decretó alerta hidrológica, pero la tarde se complicó hasta las 18:45”, explicó.
Sánchez Pérez enfatizó que la falta de datos oportunos retrasó la movilización de recursos y contribuyó a la gravedad de la tragedia.
Otro tema central fue la tardanza en la intervención de las fuerzas del Estado. Sánchez Pérez cuestionó por qué el ejército tardó 96 horas en llegar, mientras que voluntarios locales acudieron antes:
“¿Por qué los voluntarios llegaron antes que el ejército y la Policía Nacional, que estaban a tan solo 10 kilómetros esperando órdenes? ¿Por qué los responsables de informar acusan a quienes ellos mismos debían informar?”, señaló.
Este argumento reforzó la percepción de que la gestión estuvo marcada por decisiones administrativas tardías y cálculo político más que por priorización de la seguridad de la población.
El debate también abordó la ausencia de coordinación con autoridades internacionales.
Sánchez Pérez mencionó que un ministro francés ofreció ayuda, que no fue recepcionada por el Gobierno español: “Cuando el ministro francés dijo que ofrecía bomberos, no fueron recepcionados. Es un hecho que debemos investigar”, afirmó.
Este hecho subraya la falta de aprovechamiento de recursos externos disponibles y evidencia deficiencias en la comunicación y cooperación internacional en emergencias naturales.
En varios momentos, Sánchez Pérez denunció lo que consideró un uso político de la tragedia por parte de ciertos diputados, en particular Gabriel Rufián:
“Del señor Rufián, al que me he referido antes, venir a mentir a sede parlamentaria y que además ustedes le aplaudan, no es aceptable”, señaló.
Las intervenciones dejaron patente que la controversia no solo radica en la respuesta técnica a la emergencia, sino también en el manejo
político de la misma, generando desconfianza entre los ciudadanos respecto a la imparcialidad de la investigación y la responsabilidad de los actores implicados.
El diputado popular cuestionó además la planificación de infraestructuras preventivas, como las obras en el Barranco del Pollo, que según los expertos habrían salvado vidas: “La señora Rivera, que apareció un año después, reconoció errores en la planificación de las obras.
Un año después y aún así seguimos sin sistema de alerta temprana”, denunció Sánchez Pérez, enfatizando que la prevención y la infraestructura habrían mitigado significativamente los daños humanos y materiales.
Por otra parte, Sánchez Pérez comparó la respuesta de la tragedia con precedentes históricos, recordando que en la inundación de Bilbao en 1983, el gobierno de Felipe González movilizó 10.000 efectivos en apenas 48 horas:
“En aquel momento se priorizó a las víctimas y no el cálculo político. Esa debería ser la referencia hoy”, señaló.
La comparación evidencia que la demora y falta de coordinación en la gestión de la Dana representa un retroceso respecto a protocolos de emergencia que en el pasado funcionaron de manera eficiente.
Finalmente, el debate parlamentario concluyó sin un consenso claro sobre responsabilidades, pero sí con la certeza de fallos significativos en la coordinación, la comunicación y la ejecución de protocolos de emergencia.
Sánchez Pérez enfatizó la necesidad de aprender de los errores y de implementar medidas que eviten que tragedias similares se repitan: “Esta comisión tiene la obligación de garantizar que lo ocurrido no vuelva a suceder.
El dolor de las familias es irreparable, pero podemos y debemos aprender de esta tragedia”, concluyó.
La sesión dejó al descubierto no solo deficiencias técnicas, sino también un clima de confrontación política que dificultó la evaluación objetiva de los hechos, subrayando la necesidad de una gestión transparente y responsable frente a emergencias de tal magnitud.
En suma, la comisión parlamentaria sobre la Dana expuso la complejidad de la gestión de emergencias en España, revelando fallos en protocolos, retrasos en la movilización de recursos y la ausencia de coordinación entre administraciones, mientras que las disputas políticas,
las acusaciones de desinformación y las omisiones de responsables públicos evidenciaron la urgencia de revisar y reforzar los mecanismos de prevención y respuesta frente a desastres naturales en el país.
