El Parlamento Europeo ha reprendido al ministro Fernando Grande-Marlaska por no reconocer a policías y guardias civiles como profesionales de riesgo, una demanda que ahora estudia el Tribunal Supremo.
La tensión entre el Gobierno español y las instituciones europeas ha alcanzado un nuevo nivel tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de admitir la demanda para extender el reconocimiento de profesión de riesgo a la Guardia Civil, un derecho que ya se ha concedido a la Policía Nacional.
Este hecho, impulsado por la asociación Jucil, pone de manifiesto la falta de acción del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien se ha visto acorralado por las exigencias de Bruselas.
La situación actual no solo refleja una crisis de liderazgo en el Ministerio del Interior, sino que también plantea interrogantes sobre la seguridad de los agentes que arriesgan sus vidas diariamente.
Mientras en España la pasividad del Gobierno se hace evidente, el Parlamento Europeo ha emitido un borrador contundente que exige el reconocimiento de policías y guardias civiles como profesionales de alto riesgo.
Este documento, que también aboga por castigar las agresiones contra ellos como eurodelitos, revela una paradoja inquietante: lo que el Gobierno español se niega a reconocer, Europa lo exige con urgencia.
Las asociaciones de policías y guardias civiles han denunciado que han tenido que recurrir a la Justicia debido a la “falta de voluntad política real” en el Ministerio del Interior. “No hay avances significativos”, afirman, señalando al Gobierno como el principal obstáculo.
La Confederación Española de Policía (CEP) ha celebrado la intervención europea como una clara reprimenda a Marlaska.
“El Parlamento Europeo vino a España para comprobar la denuncia sobre el aumento intolerable de la violencia contra policías”, subrayan, dejando claro que la misión de este organismo es defender los derechos de aquellos que mantienen la seguridad en las calles.
La incapacidad del ministro para ofrecer respuestas a la creciente inseguridad ha sido objeto de críticas.
Desde la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), se ha enfatizado que es Europa quien está defendiendo sus derechos, mientras que en España todo permanece paralizado.
“Agradecemos la defensa de nuestros derechos en Europa ante la falta de avances en nuestro país”, destacan, dirigiendo su reproche al Ministerio del Interior.
La inacción de Marlaska ha llevado a que sean los tribunales y el Parlamento Europeo quienes tengan que actuar.
La posibilidad de un reconocimiento formal de la profesión de riesgo tendría consecuencias significativas: jubilación anticipada sin penalización y una mayor protección jurídica frente a agresiones.
Esto equipararía a los cuerpos de seguridad españoles con sus homólogos europeos, quienes ya disfrutan de estas garantías.
Sin embargo, en lugar de facilitar estos cambios, el ministro ha bloqueado cualquier avance, lo que ha resultado en una creciente frustración entre los agentes de la ley.
Las estadísticas sobre agresiones a policías y guardias civiles son alarmantes. En los últimos años, el número de ataques ha aumentado, especialmente en áreas conflictivas como el Campo de Gibraltar.
Los agentes se sienten desprotegidos y abandonados por un Gobierno que parece ignorar sus reclamos. “Mientras la violencia aumenta, el ministro ha preferido mirar hacia otro lado”, afirman desde la AEGC.
Esta falta de atención a sus demandas ha llevado a muchos a cuestionar la capacidad de Marlaska para liderar el Ministerio del Interior.
El contexto político también juega un papel crucial en esta situación. Con una oposición que no pierde la oportunidad de criticar al Gobierno, figuras como Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal han alzado la voz, exigiendo respuestas y acciones concretas.
“La seguridad de nuestros agentes no puede ser un tema de debate político”, argumentan, subrayando la necesidad de unidad en la defensa de quienes protegen a la ciudadanía.
En este clima de incertidumbre, los líderes políticos deben asumir la responsabilidad de actuar. La falta de un Real Decreto que reconozca la profesión de riesgo no solo afecta a los agentes, sino que también envía un mensaje negativo a la sociedad.
La percepción de que el Gobierno no valora adecuadamente el trabajo de las fuerzas de seguridad puede socavar la confianza pública y aumentar la sensación de inseguridad.
La intervención europea, lejos de ser un mero trámite, se presenta como una oportunidad para que el Gobierno español reevalúe su postura y priorice la seguridad de sus agentes.
La presión internacional podría ser el catalizador necesario para forzar un cambio en la política interior. “Es hora de que el Gobierno escuche a quienes arriesgan su vida en las calles”, afirman desde la CEP, instando a Marlaska a tomar medidas inmediatas.
El futuro de la seguridad en España depende de decisiones valientes y comprometidas.
La falta de acción podría tener consecuencias devastadoras, no solo para los cuerpos de seguridad, sino para toda la sociedad.
La situación actual exige una respuesta contundente y efectiva por parte del Ministerio del Interior.
La seguridad de los ciudadanos y de quienes los protegen no puede ser negociable. La historia está observando, y los agentes de la ley merecen una respuesta que esté a la altura de su sacrificio diario.
