El Parlamento Europeo critica duramente al Gobierno de Pedro Sánchez y a Marlaska por desmantelar la unidad antidroga OCON-Sur, considerada clave en la lucha contra el narcotráfico.
El pulso entre España y Bruselas ha alcanzado un nuevo nivel de tensión.
El Parlamento Europeo ha emitido un informe demoledor contra el Gobierno de Pedro Sánchez y, de manera directa, contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la decisión de desmantelar la unidad de élite antinarcos OCON-Sur.
Considerada una de las estructuras policiales más efectivas en la lucha contra el narcotráfico, su eliminación ha despertado la alarma de la Unión Europea y ha puesto sobre la mesa un cuestionamiento directo de las políticas de seguridad españolas.
Bruselas exige ahora su restitución inmediata, argumentando que la medida ha debilitado gravemente la lucha contra las mafias en zonas de riesgo como el Campo de Gibraltar y ha expuesto a los agentes a peligros innecesarios.
Desde su creación en 2018, OCON-Sur se había consolidado como una referencia internacional en la lucha antidroga, con miles de detenciones y enormes incautaciones de sustancias ilícitas.
Su efectividad la convirtió en un modelo a seguir en Europa, pero la orden de disolución emitida en septiembre de 2022 por Marlaska, pese a las advertencias de la Fiscalía, cambió radicalmente el panorama de seguridad.
Desde entonces, la presión policial en el sur de España se ha reducido notablemente, y los cárteles han recuperado terreno que antes era difícilmente accesible.
El informe europeo no se limita a lamentar la disolución: señala consecuencias concretas y trágicas.
Entre ellas, destaca el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024, hecho que, según Bruselas, es directamente atribuible al debilitamiento de las capacidades operativas tras la desaparición de la unidad.
Los expertos europeos critican que decisiones de carácter político hayan primado sobre criterios de seguridad, dejando en evidencia una gestión que ha puesto en riesgo la protección de los ciudadanos y de los propios agentes.
Además, el Parlamento Europeo recomienda que se reconozca formalmente a las fuerzas de seguridad como profesión de alto riesgo.
Entre sus propuestas, incluye la necesidad de mejorar salarios, garantizar jubilación anticipada y reforzar la protección jurídica frente a ataques o amenazas.
También insta a que los ataques contra los agentes sean considerados “eurodelitos” con penas más severas, reflejando la gravedad de los riesgos a los que se enfrentan diariamente.
La UE no escatima en críticas y acusa a Marlaska de actuar por motivaciones ideológicas más que por la seguridad de España.
El impacto de esta advertencia europea tiene varias dimensiones. Por un lado, plantea un debate urgente sobre la política de seguridad nacional y la necesidad de proteger a los cuerpos de seguridad frente a decisiones que puedan comprometer su eficacia.
Por otro, evidencia una falta de coordinación entre la gestión política y la operativa en la lucha contra el narcotráfico, un problema que, según los expertos, puede tener consecuencias directas sobre la seguridad ciudadana y la estabilidad social.
La OCON-Sur había operado durante años con mandatos permanentes, personal especializado y recursos suficientes para enfrentar a los cárteles que operan en el sur de España y en la frontera con Gibraltar.
Su disolución, según el informe, ha dejado un vacío operativo que las mafias no han tardado en aprovechar.
Los analistas policiales destacan que la unidad no solo se encargaba de operaciones en tierra, sino que también coordinaba esfuerzos internacionales y cooperaba con agencias de otros países, lo que amplificaba su eficacia.
En Bruselas, la percepción es clara: España ha cometido un error estratégico de primer orden.
La eliminación de la OCON-Sur no solo ha debilitado la seguridad nacional, sino que ha enviado un mensaje negativo a las organizaciones criminales, mostrando vulnerabilidades que pueden ser explotadas.
La UE exige ahora no solo la restitución de la unidad, sino también un compromiso claro del Gobierno español para fortalecer la lucha antidroga y garantizar la seguridad de los agentes en todas las regiones de riesgo.
El documento europeo también llama la atención sobre la necesidad de contar con financiamiento estable y suficiente, así como con personal especializado en todas las unidades de lucha contra el narcotráfico.
La experiencia de la OCON-Sur demuestra que los equipos permanentes, con recursos y mandatos claros, son esenciales para mantener la presión sobre las redes criminales.
La falta de estas garantías pone en riesgo no solo la eficacia operativa, sino también la seguridad de los profesionales que arriesgan su vida en cada operación.
En el ámbito político, la reacción de Marlaska y del Gobierno de Sánchez será crucial.
La presión internacional y la exposición pública del informe europeo obligan al Ejecutivo a tomar decisiones inmediatas que podrían incluir la reinstauración de la unidad, un aumento de recursos y la implementación de medidas de protección adicionales para los agentes.
La situación también abre la puerta a debates internos sobre la gestión de seguridad y las prioridades políticas en España, especialmente frente a los desafíos crecientes del narcotráfico y la criminalidad organizada.
La polémica no termina en la restitución de la OCON-Sur. El informe europeo también plantea la necesidad de redefinir la percepción social y jurídica del trabajo policial, reconociendo su alto riesgo y la exigencia de protección reforzada frente a cualquier ataque.
Esto incluye medidas de prevención, protocolos de intervención y sanciones severas para quienes atenten contra los agentes, buscando un marco legal que respalde de manera efectiva la labor de las fuerzas de seguridad.
Mientras tanto, el Campo de Gibraltar y otras zonas de riesgo en el sur de España siguen siendo escenarios donde los cárteles operan con relativa impunidad tras la desaparición de la unidad de élite.
Los ciudadanos perciben un incremento de la inseguridad, y las fuerzas locales, aunque comprometidas, se enfrentan a un déficit de recursos y coordinación que limita sus capacidades.
La presión sobre el Gobierno aumenta y la credibilidad política de Marlaska queda cuestionada ante la comunidad europea y la opinión pública española.
En conclusión, el informe del Parlamento Europeo supone un duro golpe para el Ministerio del Interior y para el Gobierno de Sánchez.
La eliminación de la OCON-Sur no solo ha debilitado la lucha contra el narcotráfico, sino que ha expuesto a los agentes a un riesgo innecesario y ha generado críticas internacionales que exigen acción inmediata.
La reinstauración de la unidad, la mejora de recursos, la protección jurídica reforzada y la consideración de los ataques a policías como “eurodelitos” se presentan como medidas urgentes e imprescindibles.
La decisión que tome el Ejecutivo marcará no solo la seguridad en el sur de España, sino también la percepción de compromiso y eficacia ante la Unión Europea y la ciudadanía.
La pregunta que queda sobre la mesa es clara: ¿recuperará España la efectividad de su lucha antidroga con la reinstauración de la OCON-Sur, o la negligencia política seguirá dejando a los agentes y a la sociedad a merced de los cárteles?
