La Comisión Europea rechazó el plan de Pedro Sánchez de responsabilizar personalmente a los dueños de redes sociales, afirmando que es incompatible con la Ley de Servicios Digitales.
En un contexto marcado por tensiones entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el magnate tecnológico Elon Musk, la Comisión Europea ha intervenido para desbaratar las intenciones del Ejecutivo español de responsabilizar directamente a los dueños de las redes sociales.
La propuesta de Sánchez, presentada como una medida para proteger a los menores de 16 años, ha sido descalificada por Bruselas, que ha dejado claro que esta iniciativa choca frontalmente con la normativa comunitaria vigente.
El portavoz comunitario de Seguridad Tecnológica, Thomas Regnier, fue contundente en una reciente rueda de prensa: “Imponer obligaciones adicionales a los responsables de plataformas es claramente inviable porque ya está regulado por la Ley de Servicios Digitales (DSA)”.
Estas palabras han dejado a la administración española en una posición jurídicamente insostenible, evidenciando que su enfoque no se alinea con las directrices europeas.
Sánchez ha intentado, en varias ocasiones, señalar a figuras como Musk y Mark Zuckerberg como los responsables del acceso de los menores a contenido inapropiado en las redes.
Sin embargo, la DSA establece que la responsabilidad recae en las plataformas como entidades corporativas, no en sus propietarios individuales.
“Con la DSA no atacamos individuos, nos centramos en las plataformas”, enfatizó Regnier, subrayando que incluso si un directivo influye en los algoritmos, la responsabilidad sigue siendo corporativa.
Este enfoque ha dejado al Gobierno español sin una base legal sólida para su enfrentamiento con Musk, reforzando la percepción de que su estrategia es improvisada.
La Comisión Europea ha multado previamente a empresas como Google y X bajo este criterio, pero nunca ha responsabilizado a sus directivos de manera personal, lo que deja el planteamiento de la Moncloa fuera de juego.
En un giro irónico, Regnier aplaudió que España se sume al grupo de países que buscan limitar el acceso de menores a las redes sociales, como Francia, Grecia o Dinamarca.
Sin embargo, reiteró que cualquier esfuerzo en esta dirección debe hacerse dentro del marco europeo y no a través de medidas personalistas contra empresarios tecnológicos.
“Europa no quiere una protección fragmentada por países, sino una normativa común para los 450 millones de ciudadanos de la UE”, afirmó Regnier, desmontando así el argumento central de Sánchez.
El problema del Gobierno español es doble.
Por un lado, la insistencia de Sánchez en personalizar la responsabilidad ha chocado con la realidad de la DSA, que busca un enfoque más colectivo y menos individualista.
Esto ha llevado a una situación en la que las autoridades españolas parecen más preocupadas por la confrontación política que por encontrar soluciones viables y coordinadas.
La respuesta de la Comisión Europea ha sido clara: el camino que intenta seguir el Ejecutivo de Sánchez no solo es inviable, sino que también pone en riesgo la cohesión normativa que Europa busca establecer.
“Es imposible hacer penalmente responsable a un CEO por lo que publican millones de usuarios”, concluyó Regnier, dejando en claro que la DSA no está diseñada para castigar a individuos, sino para regular el funcionamiento de las plataformas en su conjunto.
A medida que la situación se desarrolla, queda por ver cómo reaccionará Sánchez ante este revés.
La presión política y la necesidad de encontrar una solución que satisfaga tanto a la opinión pública como a las exigencias de Bruselas se intensifican.
Sin embargo, la imagen proyectada hasta ahora es la de un Gobierno más preocupado por la disputa con figuras influyentes como Musk que por implementar políticas efectivas que garanticen la seguridad de los menores en el entorno digital.
En este contexto, la intervención de la Comisión Europea no solo ha frenado el plan de Sánchez, sino que también ha puesto de manifiesto la necesidad de una estrategia más coherente y alineada con las directrices europeas.
La situación actual invita a la reflexión sobre la importancia de un enfoque colaborativo y regulatorio que respete las normativas comunitarias y busque soluciones efectivas para los desafíos que plantea el uso de las redes sociales por parte de los menores.
La confrontación entre el Gobierno español y los gigantes tecnológicos es un tema que seguirá generando debate en los próximos meses, y la resolución de este conflicto dependerá en gran medida de la capacidad de Sánchez para adaptarse a las realidades impuestas por la legislación europea.
En definitiva, la lucha por una regulación efectiva en el ámbito digital es un reto que requiere un enfoque más integral y menos polarizado, donde la responsabilidad recae en las plataformas y no en sus líderes individuales.
