El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, compareció tras la histórica condena al Fiscal General del Estado para denunciar un grave deterioro institucional y acusar al Gobierno de Sánchez de injerencia en el Poder Judicial.

Alberto Núñez Feijóo ha convocado este jueves una rueda de prensa tensa y decidida tras conocerse la histórica condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por una conducta incompatible con la dignidad de su cargo.

En sus palabras, el líder del Partido Popular ha advertido de que la sentencia del Tribunal Supremo no sólo tiene consecuencias jurídicas,

sino también un profundo impacto político, y ha señalado con dureza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como responsable último de una estrategia institucional dirigida a controlar la justicia.

Feijóo ha declarado con tono firme: «Comparezco para hacer una breve valoración acerca de la sentencia… que ha resuelto condenado por primera vez en la historia democrática de nuestro país».

El dirigente popular ha subrayado que el fallo de la Sala Segunda del Supremo marca un antes y un después. Según él, esos efectos jurídicos son evidentes, pero no pueden separarse de las repercusiones políticas que afectan al corazón mismo del Estado de derecho.

Para Feijóo, la condena de García Ortiz demuestra que quien debía perseguir el delito lo cometió, y quien debía proteger a los ciudadanos violó sus derechos.

«El fiscal general del Estado es el principal funcionario del Estado, encargado de la defensa de la legalidad, y la ha quebrantado», ha manifestado.

El líder opositor ha mostrado su respeto hacia los magistrados del Supremo, reconociendo que han tenido que resistir «presiones inadmisibles por parte del Gobierno», ataques directos de ministros y una tensión constante para mantener su independencia.

Feijóo también ha tenido un recuerdo para todos los fiscales que trabajan día a día respetando la ley: «La Fiscalía General del Estado es mucho más que su cabeza visible… también son víctimas de lo que está ocurriendo».

En su opinión, la sentencia revela que la separación de poderes —un pilar esencial de la democracia— ha quedado totalmente atropellada, y que algo más que un funcionamiento institucional incorrecto está en juego.

El líder popular ha planteado una acusación contundente: el fiscal condenado no actuó por iniciativa propia, sino que «se prestó a ser un peón en la estrategia política del Ejecutivo y participó con ciega obediencia en una operación política contra el Partido Popular».

Ha añadido que, en lugar de servir al interés general, García Ortiz eligió defender objetivos partidistas incluso por encima de la ley.

Feijóo considera que la responsabilidad jurídica recae sobre el fiscal, pero que la responsabilidad política es, sobre todo, del presidente del Gobierno:

«Quien quiera hacer una lectura justa debe ver que la sentencia también implica a quien lideró este bochorno institucional de principio a fin».

Según él, Sánchez tiene que responder por varios motivos:

nombró al fiscal pese a ser considerado no idóneo, le mantuvo al frente incluso cuando fue imputado, defendió su inocencia públicamente y criticó abiertamente la decisión del Supremo, lo que Feijóo ha calificado como una injerencia sin precedentes en el Poder Judicial.

Estas acusaciones se resumen, en palabras del dirigente popular, en dos enormes graves: «abuso de poder y ataque a la independencia judicial».

A su juicio, desde su nombramiento, el fiscal se comportó como “el fiscal particular del Gobierno”, y esto representa un peligro institucional mayúsculo.

«El actual Gobierno está convirtiendo España en un lugar donde los ciudadanos deben protegerse de los excesos del poder», ha clamado.

Feijóo ha reclamado un gesto de responsabilidad por parte de Sánchez: «Un mínimo de decencia requeriría disculpas a la justicia y a la ciudadanía», ha dicho con contundencia.

«¿Quién va a pedir perdón?», se ha preguntado retóricamente, y ha respondido que, a su juicio, nadie lo hará.

Según él, quien debe disculparse es el propio presidente por haber puesto en el cargo a un fiscal que luego ha sido condenado, por instrumentalizarlo políticamente y por haber manipulado a las instituciones de forma burda.

Para el líder del PP, la permanencia de García Ortiz al frente de la Fiscalía General ya no es compatible con la decencia institucional:

«no puede garantizarse ni con la misma persona ni con los mismos métodos», ha afirmado, defendiendo que la única salida digna sería que el presidente Sánchez dimitiera y convocara una nueva elección para que los españoles puedan elegir el rumbo político tras esta crisis institucional.

Feijóo ha afirmado: «Aquí lo importante es el imperio de la ley, no el imperio del señor Sánchez». Ha criticado que García Ortiz haya escrito una “página negra” en la historia democrática de España, pero ha subrayado que las “tintas” para escribirla vinieron de Moncloa:

«si bien es verdad que la página negra la ha escrito el señor García Ortiz, la tinta para escribirla se la ha proporcionado el señor Sánchez y se la ha seguido suministrando en todo momento a pesar de las evidencias», ha asegurado.

El dirigente popular ha advertido también del coste reputacional: «nos está costando un alto precio a los españoles en términos de reputación democrática» y ha afirmado que, aunque la condena la pagará el fiscal, la degradación institucional es un daño para toda la ciudadanía.

Pese al tono grave del discurso, Feijóo ha cerrado su intervención con un mensaje de confianza en las instituciones democráticas: «nuestra democracia tiene muchas fortalezas y una de ellas es la independencia judicial.

Eso es una gran noticia». Ha asegurado que en España sigue viva la separación de poderes, y que los abusos de poder deben y pueden ser sancionados.

«En democracia, aquellos que abusan de su poder acaban siendo condenados», ha concluido, para subrayar que la justicia puede prevalecer frente a la arbitrariedad.

Con estas palabras, Feijóo lanza un aviso claro al Gobierno: la crisis institucional es ya un asunto de Estado, no solo de un cargo condenado, sino de la legitimidad democrática que se juega en cada nombramiento, en cada fallo, y en cada responsabilidad.