El ICAM ha suspendido a Félix Bolaños como abogado ejerciente por incompatibilidad al ejercer como ministro, destapando una grave irregularidad no comunicada y desatando un debate ético y político sobre la transparencia y los conflictos de interés en el Gobierno.
El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha tomado una decisión trascendental al declarar la incompatibilidad de Félix Bolaños, actual ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, para ejercer como abogado mientras forme parte del Gobierno.
Esta decisión, adoptada por unanimidad el pasado 21 de octubre, ha llevado a la suspensión automática de Bolaños como abogado ejerciente, convirtiéndolo en un abogado no ejerciente.
Esta acción se produce en un contexto donde las normas de incompatibilidad para altos cargos públicos son rigurosas y se espera que se respeten a cabalidad.
La situación de Bolaños se ha visto comprometida tras una denuncia presentada el 17 de febrero de 2025, que cuestionaba si contaba con la autorización necesaria para mantener su estatus como abogado ejerciente a pesar de su cargo político.
El ICAM, al investigar el caso, descubrió que el ministro había estado dado de alta como abogado ejerciente desde 1999 y no había comunicado su baja tras su nombramiento en noviembre de 2023.
A pesar de que la Junta le otorgó un plazo de 15 días para regularizar su situación, Bolaños no respondió ni tramitó su baja voluntaria, lo que llevó al Colegio a actuar de oficio.
“Es absolutamente incompatible mantener el estatus de abogado ejerciente siendo ministro”, declaró un portavoz del ICAM, enfatizando la gravedad de la situación.
La decisión del Colegio no se basó en la existencia de dolo, pero sí en la clara violación de las normas que rigen la dedicación exclusiva exigida por ley a los miembros del Gobierno.
En sus alegaciones, Bolaños intentó justificar su situación, argumentando que su colegiación obedecía a su antiguo trabajo en el Banco de España y que desde su llegada al Ejecutivo no ha ejercido actividad privada.
Sin embargo, el ICAM rechazó estas justificaciones, subrayando que estar inscrito como ejerciente no es un mero trámite, sino una declaración formal de disponibilidad para ejercer la abogacía.
La decisión del ICAM no solo marca un hito en la carrera de Bolaños, sino que también plantea serias preguntas sobre la ética y la política en el Gobierno español.
La situación es especialmente comprometida dado que Bolaños dirige el ministerio que tiene competencia sobre la Abogacía.
“No podemos permitir que un miembro del Gobierno mantenga un estatus que claramente entra en conflicto con sus responsabilidades públicas”, afirmó un miembro de la Junta del ICAM, resaltando el dilema ético que enfrenta el ministro.
La resolución del ICAM ha sido recibida con diversas reacciones en el panorama político español. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, expresó su apoyo a la decisión, afirmando que “la ética y la legalidad deben prevalecer en la política”.
Por otro lado, Santiago Abascal, líder de VOX, utilizó la ocasión para criticar al Gobierno, sugiriendo que este tipo de situaciones son indicativas de una falta de transparencia y responsabilidad en la administración pública.
La suspensión de Bolaños también ha generado un debate más amplio sobre la relación entre la política y la abogacía en España.
Muchos abogados y juristas han comenzado a cuestionar la idoneidad de permitir que altos funcionarios mantengan su estatus como abogados ejercientes, argumentando que esto puede dar lugar a conflictos de interés.
“La ley es clara y debe ser aplicada de manera uniforme a todos, sin excepciones”, comentó una abogada del ICAM, quien prefirió permanecer en el anonimato.
El impacto de esta decisión se extiende más allá de la carrera de Bolaños. La resolución deja claro que el ICAM está dispuesto a actuar de manera firme en defensa de las normas éticas que rigen la profesión.
“El Colegio tiene la responsabilidad de garantizar que sus miembros actúen con integridad y conforme a la ley”, afirmó un miembro de la Junta.
Esta postura podría tener repercusiones en otros casos similares en el futuro, estableciendo un precedente que podría influir en la conducta de otros altos funcionarios.
A pesar de la controversia, el ICAM ha dejado claro que Bolaños podrá reingresar como abogado ejerciente una vez que cese en su cargo.
“Es fundamental que los miembros del Gobierno sean conscientes de las implicaciones de sus decisiones y de cómo estas afectan su capacidad para ejercer su profesión”, concluyó el portavoz del Colegio.
Mientras tanto, el nombre de Bolaños quedará marcado como “no ejerciente”, un estigma que podría seguirlo a lo largo de su carrera política.
En un momento en que la confianza pública en las instituciones está bajo escrutinio, la decisión del ICAM representa un esfuerzo por restaurar la integridad en la política española.
La situación de Félix Bolaños es un recordatorio de que la ética y la legalidad deben ser pilares fundamentales en la administración pública, y que los altos funcionarios son responsables no solo ante la ley, sino también ante la sociedad que representan.
La resolución del ICAM no solo corrige una irregularidad, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de la dedicación exclusiva en el servicio público.
