Los peritos de la UCO confirmaron en el juicio que los dispositivos del Fiscal General del Estado fueron volcados íntegramente, sin posibilidad de filtrado temporal, garantizando la integridad de la información recabada y revelando detalles técnicos clave del procedimiento judicial.
En la jornada de hoy, la sala del Tribunal Supremo se convirtió en el escenario de un procedimiento judicial crítico donde los peritos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportaron información determinante en el juicio contra el Fiscal General del Estado.
La comparecencia de los expertos técnicos dejó al descubierto los procedimientos seguidos durante la entrada y registro de los dispositivos del acusado, generando un impacto significativo en el desarrollo del caso.
El interrogatorio comenzó con la identificación formal del agente: “Es usted el guardia civil identificado con el carnet con la tarjeta de
identificación personal T586 39C”, a lo que respondió afirmativamente y prestó juramento de decir la verdad, reconociendo además las consecuencias penales por falso testimonio.
Los abogados de la acusación popular y de la Asociación Profesional Independientes Fiscales se centraron en determinar el alcance y la naturaleza de las diligencias realizadas.
“Me comisionaron para hacer la parte técnica, para ver desde dónde podríamos obtener la información”, explicó el perito.
Cuando se le preguntó si el volcado de los dispositivos podía realizarse de forma selectiva, el técnico aclaró: “Hay que hacerlo de manera total. Técnicamente es imposible hacerlo de otra forma”.
Esta afirmación subraya que la totalidad de la información contenida en los teléfonos móviles y ordenadores fue extraída, sin posibilidad de
filtrado por periodos específicos, a pesar de que el auto judicial indicaba un marco temporal que iba del 8 de marzo al 30 de octubre de ese año.
El procedimiento incluyó tanto dispositivos móviles como ordenadores de sobremesa, y la copia de los datos se realizó en su totalidad.
“El volcado del teléfono móvil se hace completo, todo lo que tiene almacenado ese teléfono en ese día, en ese instante”, señaló el agente. Sobre las tarjetas Nano SIM extraídas, confirmó que fueron clonadas totalmente, garantizando así la integridad de los datos obtenidos.
El ordenador de sobremesa HPIT, en cambio, permitió cierta selección de documentos, aunque el criterio de selección no fue determinado por el perito, sino por las directrices de la investigación.
Los abogados cuestionaron además la participación de la teniente fiscal del Tribunal Supremo en la diligencia:
“¿Es cierto que compareció como parte de la comisión judicial?”, a lo que el perito respondió que su papel era técnico y que no podía precisar detalles de la intervención de otros participantes.
“Yo estaba centrado en mi parte técnica de intentar obtener la información, esos son aspectos que no me correspondían a mí”, explicó.
Esta declaración subraya la separación de funciones dentro del procedimiento, con la finalidad de asegurar la objetividad y la legalidad en la obtención de pruebas.
Durante la sesión, se aclaró que el volcado de información comprendía todos los datos desde que los dispositivos empezaron a ser utilizados hasta la fecha de la intervención.
Esto significa que la documentación y los correos electrónicos, así como los contenidos de la nube, fueron íntegramente recopilados.
“El volumen de información es tanta que revisar uno por uno archivos es inviable por tiempo”, señaló el perito, enfatizando la magnitud y complejidad de la tarea.
Los expertos destacaron además que la actitud del Fiscal General y del personal de la Fiscalía durante la diligencia fue de colaboración.
“Sí, colaboradores en todo momento”, confirmó el agente, lo que refuerza la legalidad del procedimiento y descarta impedimentos durante la intervención.
Sin embargo, la imposibilidad técnica de filtrar la información por fechas, a pesar de lo indicado en el auto judicial, plantea interrogantes sobre la precisión del alcance temporal originalmente autorizado.
El juicio también incluyó preguntas específicas sobre la forma en que se realizaron los volcado de datos y la supervisión de los mismos.
“El volcado de datos se extendió temporalmente desde el 8 de marzo hasta el 30 de octubre”, reiteró el perito, aclarando que no se hizo ninguna selección temporal durante la extracción inicial, y que cualquier segmentación posterior debía realizarse fuera de la diligencia.
Este matiz técnico es fundamental para la comprensión de la evidencia presentada y para la evaluación de su relevancia dentro del proceso judicial.
El impacto de estas confesiones técnicas no se limita a la integridad de los datos obtenidos.
También cuestiona la posibilidad de realizar filtrados parciales durante procedimientos complejos, y evidencia que las prácticas forenses aplicadas por la UCO garantizan la obtención de información completa y verificable.
Esto refuerza la validez de la prueba y fortalece la posición de la acusación al demostrar que no hubo manipulación ni omisión de información relevante.
El debate jurídico se profundizó al abordar la participación de la teniente fiscal y la secretaría judicial en la diligencia.
El perito explicó que la letrada de la administración de justicia quedó con los originales, mientras que los peritos manejaban copias de los dispositivos para la extracción y análisis técnico.
Esta práctica asegura que la documentación original se mantenga intacta y disponible para consultas futuras, cumpliendo con los estándares de transparencia y cadena de custodia exigidos en casos de alta relevancia institucional.
Además, los interrogatorios permitieron esclarecer dudas sobre la extensión de la información recabada, incluyendo correos electrónicos, archivos de ordenador y datos almacenados en la nube.
“Técnicamente es imposible hacer un cribado durante la entrada y registro”, reiteró el agente, destacando que la totalidad de los datos fue obtenida de forma íntegra.
Este detalle es crucial para evitar cuestionamientos sobre la validez de la prueba, ya que cualquier intento de filtrar por fechas podría haber comprometido la integridad del procedimiento.
El análisis presentado por los peritos también subraya la complejidad de los procedimientos forenses aplicados en investigaciones de alto perfil.
La combinación de volcado total de dispositivos, clonación de tarjetas SIM y preservación de los originales asegura que la evidencia pueda ser revisada, auditada y utilizada en juicio sin riesgo de alteración.
Esto refuerza la confianza en la transparencia del proceso y la eficacia de las técnicas empleadas por la UCO.
En conclusión, la comparecencia de los peritos de la UCO ha marcado un momento decisivo en el juicio contra el Fiscal General del Estado.
Las declaraciones técnicas proporcionadas permiten comprender con claridad cómo se obtuvieron los datos, la magnitud del volcado y las limitaciones técnicas que impiden la filtración temporal durante la diligencia.
Estas revelaciones no solo fortalecen la posición de la acusación, sino que también subrayan la rigurosidad de los procedimientos forenses aplicados, asegurando que toda la información recabada sea completa, verificable y válida para su análisis judicial.
El tribunal continuará evaluando la información aportada, mientras que los expertos podrían ser convocados nuevamente para aclarar aspectos específicos sobre la selección y manejo de datos.
Este caso mantiene a la opinión pública atenta, no solo por la relevancia de la figura judicial involucrada, sino también por las implicaciones de los procedimientos técnicos que garantizan la integridad de la prueba en investigaciones de alto impacto institucional.
Las declaraciones de hoy dejan en evidencia que la justicia española sigue aplicando procedimientos rigurosos y transparentes para asegurar
la obtención de pruebas críticas, mientras el país observa con atención cómo se desarrollará el juicio y cuáles serán sus consecuencias para la Fiscalía y el sistema judicial en su conjunto.
