Alberto Garzón y Ángela Rodríguez Pam continúan cobrando 310.000 euros del Estado tras casi dos años sin trabajar, desatando la indignación pública.
La política española vuelve a estar en el centro de la controversia.
Después de casi dos años fuera del Gobierno, el exministro de Consumo, Alberto Garzón, y la exsecretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, continúan recibiendo una generosa indemnización del Estado que ha levantado ampollas entre la opinión pública.
Este escándalo pone de manifiesto los privilegios que disfrutan algunos altos cargos, quienes, tras dejar sus puestos, se benefician de un sistema que parece blindado frente a la crítica.
Garzón y Rodríguez Pam han agotado hasta el último mes de la indemnización que les corresponde, equivalente al 80% de sus salarios anteriores, siempre y cuando no se integren en ningún otro trabajo.
Este privilegio, que se extiende hasta un máximo de 24 meses, les ha permitido acumular un coste total para las arcas públicas que asciende a 310.000 euros. ¿Es moralmente aceptable que ex altos funcionarios vivan de esta manera, sin aportar nada a la sociedad?
Alberto Garzón dejó su cargo tras las elecciones de julio de 2023, después de casi cuatro años al frente de un ministerio que fue creado específicamente durante las negociaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Por su parte, Ángela Rodríguez Pam, quien fue la mano derecha de Irene Montero en el área de Igualdad desde 2021, también se vio fuera del Gobierno tras un pacto político que eliminó a las figuras más visibles de Podemos.
Desde entonces, ambos han optado por no trabajar en el sector público ni privado, lo que les ha permitido maximizar el cobro de su indemnización.
Cada mes, Garzón ha recibido 5.452 euros, mientras que Rodríguez Pam ha ingresado 7.515 euros. En octubre, ambos cobraron su penúltima paga, y en noviembre recibirán la última.
Este hecho es especialmente llamativo, dado que han pasado dos años sin ejercer ninguna actividad laboral.
Durante este tiempo, Garzón incluso rechazó una oferta laboral de la consultora Acento, dirigida por exministros socialistas y populares, para no perder su paga del Estado.
Intentó solicitar compatibilidad con el nuevo empleo, pero tras el revuelo interno en Izquierda Unida, decidió renunciar y continuar con su cobro mensual.
Rodríguez Pam, por su parte, ha optado por mantener un perfil bajo desde que dejó el ministerio, sin que se conozca ninguna actividad profesional.
Esta actitud ha suscitado críticas, ya que parece que ambos están disfrutando de un estilo de vida financiado por el erario público, mientras que miles de ciudadanos luchan por encontrar empleo en un mercado laboral cada vez más complicado.
No son los únicos en la formación política que han aprovechado estos beneficios.
Íñigo Errejón, otro destacado miembro de Podemos, también cobró su indemnización parlamentaria durante ocho meses tras dejar su escaño en 2024, mientras enfrentaba denuncias por acoso y agresión sexual.
Estos casos reavivan el debate sobre los privilegios de la clase política, especialmente en un contexto donde muchos de estos líderes han criticado enérgicamente lo que denominan “chiringuitos” y “puertas giratorias”.
La hipocresía de aquellos que, tras años de denuncia, terminan cobrando miles de euros mensuales sin ofrecer un solo día de trabajo es un tema que no se puede ignorar.
La indignación de la ciudadanía no se ha hecho esperar. Las redes sociales y los medios de comunicación han estallado con comentarios y críticas hacia Garzón y Rodríguez Pam.
Muchos se preguntan si es ético que personas que ocupaban cargos de responsabilidad en el Gobierno, y que abogaban por la justicia social, ahora se beneficien de un sistema que parece diseñado para proteger a unos pocos.
El caso de Garzón y Rodríguez Pam se convierte así en un símbolo de una política que, en ocasiones, parece desconectada de la realidad y de las necesidades de la población.
La situación plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la política española.
¿Deberían existir límites más estrictos en cuanto a las indemnizaciones que reciben los ex altos funcionarios? ¿Es necesario reformar este sistema para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro?
La opinión pública exige respuestas y, sobre todo, soluciones que garanticen que los recursos del Estado se utilicen de manera justa y equitativa.
En un país donde el desempleo sigue siendo una preocupación constante y donde muchas familias luchan por llegar a fin de mes, el hecho de que exministros y altos cargos vivan de las arcas públicas sin trabajar resulta inaceptable para muchos.
La política debe ser un servicio a la ciudadanía, no un medio para beneficiarse a sí mismo a costa del esfuerzo de los demás.
El escándalo de Garzón y Rodríguez Pam es solo la punta del iceberg. La sociedad española está cansada de ver cómo algunos políticos se aprovechan del sistema mientras critican a aquellos que intentan buscar soluciones.
La indignación crece y la presión sobre los partidos políticos para que se reformen estas prácticas se intensifica.
La política debe volver a ser un espacio de servicio público, donde el compromiso y la responsabilidad sean los pilares fundamentales. La ciudadanía merece más y mejor, y es hora de que los políticos lo entiendan.
