En el Pleno municipal, los socios de gobierno de los socialistas reclaman un mecanismo de control y limitación de precios en la cesta de la compra

El Ayuntamiento de Getafe rechazó en el Pleno municipal la propuesta presentada por los grupos de Más Madrid y Podemos para la creación de una red de supermercados públicos, una iniciativa destinada a garantizar el acceso a alimentos a precios asequibles en la ciudad.

La moción fue tumbada tras el voto en contra de los partidos de la oposición y la abstención del PSOE, socio de gobierno en la localidad, que expresó la necesidad de un mecanismo previo de control y limitación de precios antes de emprender cualquier iniciativa de este tipo.

Durante la sesión, los portavoces de Más Madrid defendieron con vehemencia la propuesta, argumentando que los supermercados públicos podrían convertirse en un instrumento eficaz contra la inflación y la especulación en los precios de la cesta de la compra.

“Se trata de garantizar el derecho de todas las familias getafenses a acceder a productos básicos sin que el bolsillo sea una barrera. La iniciativa busca proteger a quienes más están sufriendo la subida de precios”, afirmó Elena Jiménez, concejala de Más Madrid.

Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística, los precios de los alimentos en la Comunidad de Madrid han registrado un incremento interanual del 6,2%, lo que refuerza la percepción de urgencia en ciertos sectores sociales.

Desde Podemos, la propuesta se articuló como parte de un plan más amplio de política social que incluye la creación de cooperativas municipales, mercados de proximidad y la promoción de productos locales.

“No hablamos de competir con el comercio privado, sino de ofrecer un servicio complementario que regule y estabilice los precios, especialmente en los productos esenciales como leche, pan, frutas y verduras”, explicó Carlos Méndez, portavoz de Podemos.

La intención, según los proponentes, es reducir la presión económica sobre los hogares más vulnerables y garantizar la seguridad alimentaria en el municipio.

Sin embargo, los socios de gobierno del PSOE expresaron reservas significativas respecto a la viabilidad de la iniciativa.

La concejala responsable de Hacienda municipal señaló que, aunque comprenden el objetivo social, cualquier intervención directa en el mercado requiere un análisis exhaustivo y un sistema de control que evite distorsiones económicas.

“Apoyamos la idea de proteger a las familias, pero creemos que primero debemos establecer mecanismos claros de control y limitación de precios.

No podemos improvisar un modelo que pueda afectar negativamente al comercio local ni generar conflictos con los proveedores”, argumentó. La abstención del PSOE fue la consecuencia de estas reservas, dejando la propuesta sin los apoyos necesarios para prosperar.

Expertos en economía urbana señalan que la creación de supermercados públicos no es una medida sencilla de implementar. Según María Torres, especialista en política económica, “estas iniciativas requieren una planificación logística y financiera sólida.

Se debe asegurar la cadena de suministro, la sostenibilidad del modelo y la integración con el tejido comercial existente para evitar efectos adversos sobre los comerciantes locales”.

La falta de claridad en el modelo de gestión y en la financiación fue uno de los aspectos señalados durante el debate, lo que reforzó la postura crítica del PSOE y de la oposición.

Desde los partidos de la oposición, el rechazo se fundamentó en la preocupación por la competencia con el comercio privado y el riesgo de intervencionismo excesivo.

“Abrir supermercados públicos supone una carga económica para el Ayuntamiento y puede perjudicar al sector privado, que ya enfrenta desafíos por la inflación y la subida de costes operativos”, señaló el portavoz del principal grupo de la oposición.

Este argumento encontró eco en algunos concejales que advirtieron sobre posibles distorsiones en la oferta y la demanda de productos básicos, así como sobre la complejidad de gestionar precios subvencionados en un contexto económico inflacionario.

A pesar del rechazo, la propuesta ha generado un debate público intenso sobre la capacidad del municipio para garantizar alimentos a precios accesibles y la responsabilidad de los gobiernos locales en materia de protección social.

Encuestas recientes en la ciudad muestran que un 42% de los ciudadanos considera que la subida de los precios de los alimentos está afectando significativamente su economía familiar, mientras que un 35% respalda la idea de que el Ayuntamiento intervenga directamente para regular los costes de la cesta de la compra.

Estos datos evidencian que, aunque la iniciativa no prosperó, la preocupación ciudadana por la accesibilidad alimentaria sigue siendo un tema prioritario en Getafe.

Durante el Pleno, los proponentes también pusieron sobre la mesa experiencias de otras ciudades europeas donde la intervención pública en supermercados ha tenido resultados mixtos.

En algunas localidades, la existencia de comercios gestionados por el municipio ha permitido estabilizar precios y ofrecer productos frescos a bajo coste, mientras que en otras, la falta de planificación ha derivado en sobrecostes y dificultades logísticas.

“No proponemos copiar modelos sin criterio, sino adaptarlos a la realidad de Getafe con transparencia y control”, señaló Jiménez.

El debate se cerró sin acuerdos concretos, pero con la promesa de los grupos socialistas de continuar estudiando alternativas para proteger a las familias ante la subida de precios.

Entre las medidas contempladas se incluyen bonos de alimentación, colaboración con bancos de alimentos y programas de apoyo a comercios locales para garantizar el acceso a productos esenciales.

En resumen, la abstención del PSOE en el Pleno municipal dejó sin efecto la propuesta de Más Madrid y Podemos de abrir una red de supermercados públicos en Getafe.

La medida, concebida como un instrumento de protección social frente al aumento de los precios de la cesta de la compra, encuentra ahora un camino pendiente de estudio y análisis, con el objetivo de conciliar la asistencia a los ciudadanos más vulnerables con la sostenibilidad económica y la preservación del comercio local.

El debate en torno a la intervención municipal en la alimentación básica continúa siendo un tema de relevancia en la agenda política de la ciudad, reflejando la complejidad de equilibrar justicia social, eficiencia económica y gobernanza local.