La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la investigación contra Julio Iglesias al concluir que los tribunales españoles no tienen jurisdicción sobre los hechos denunciados.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido archivar la investigación preprocesal abierta contra Julio Iglesias, concluyendo que los tribunales españoles no tienen competencia para juzgar la denuncia presentada por dos extrabajadoras.
En un decreto claro y contundente, la fiscalía ha señalado la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles”, lo que implica que no corresponde a la fiscalía investigar hechos que supuestamente ocurrieron fuera de España.
Esta decisión desmantela de manera abrupta el relato que durante días ha circulado, presentando la acusación como una causa sólida y avanzada.
La noticia beneficia directamente al famoso cantante, quien se encontraba en una posición muy comprometida tras las acusaciones que se vertieron sobre él sin pruebas ni juicio.
La izquierda mediática y política, en un acto de apresuramiento, aceptó como válidas acusaciones que aún no habían sido contrastadas, ignorando un principio fundamental del Estado de derecho: la presunción de inocencia.
Personalidades como Irene Montero, Ione Belarra y Sarah Santaolalla no dudaron en señalar públicamente a Julio Iglesias como culpable, sin esperar a que la justicia se pronunciara.
“¿Van a rectificar ahora que la causa ha quedado archivada?”, se preguntan muchos, y todo apunta a que la respuesta es negativa.
El decreto, firmado por la teniente fiscal Marta Durántez, no aborda el fondo de las acusaciones, ya que no corresponde hacerlo en el contexto español.
Esta situación agrava aún más la irresponsabilidad con la que se lanzó una campaña de linchamiento público, basada en un procedimiento que nunca debió ser presentado como un “caso judicial” en nuestro país.
El daño reputacional ya estaba hecho antes de que se confirmara que la Fiscalía española no tenía ni debe tener papel alguno en esta historia.
Este desenlace deja especialmente tocado al medio que impulsó el escándalo y a su entorno mediático, que amplificó las acusaciones sin explicar con rigor las limitaciones jurídicas del asunto.
Se vendió como un gran golpe informativo lo que, a la luz de los hechos, resultó ser una denuncia sin encaje legal en España.
El periodismo que se jacta de combatir bulos ha demostrado, una vez más, que cuando el objetivo es político o ideológico, la prudencia informativa desaparece.
Aunque el archivo de la causa no convierte a Julio Iglesias en un modelo moral, sí confirma algo esencial: no todo vale y no todo comportamiento discutible es delito.
La justicia no ha respaldado la condena pública que se dictó desde platós y redes sociales, dejando en evidencia a una izquierda que exige garantías cuando le conviene, pero las ignora cuando el acusado no forma parte de sus filas.
“Es una vergüenza cómo se ha manejado este asunto”, comentó un analista político, reflejando el sentir de muchos que observan la situación.
La presunción de inocencia, una vez más, ha sido la gran olvidada en este caso.
La decisión de archivar la causa no solo afecta a Julio Iglesias, sino que también plantea serias preguntas sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y de los políticos al abordar acusaciones tan graves sin el debido proceso.
Mientras tanto, la controversia sigue alimentando debates en redes sociales y en la opinión pública.
“La justicia debe prevalecer sobre la opinión pública”, afirmó un abogado que ha seguido de cerca el caso.
Este episodio pone de manifiesto la necesidad de un análisis crítico y riguroso en la cobertura mediática de temas tan delicados, donde la reputación de una persona puede verse gravemente dañada por acusaciones infundadas.
Con este archivo, se abre un nuevo capítulo en la vida de Julio Iglesias, quien, a pesar de las adversidades, ha mantenido su carrera y su legado intactos.
El camino hacia la justicia y la verdad es largo, pero este desenlace es un recordatorio de que la presunción de inocencia es un pilar fundamental en cualquier sociedad democrática.
El futuro del cantante, así como el de aquellos que se apresuraron a condenarlo, queda por verse.
Sin embargo, lo que es indiscutible es que este caso ha dejado una marca en la memoria colectiva, resaltando la importancia de la ética en el periodismo y la necesidad de un enfoque más responsable en el tratamiento de las acusaciones públicas.
