En el Congreso, Rocío Millán (VOX) acusó al Gobierno de Sánchez de erosionar el estado de derecho, manipular la justicia y pactar con fuerzas que, según ella, dañan la democracia española.

En una reciente sesión del Congreso de los Diputados, el ambiente se tornó tenso cuando los representantes de VOX y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, intercambiaron acusaciones sobre la actual situación política y judicial en España.

La diputada de VOX, Rocío Millán, no escatimó en palabras duras al afirmar que “la condena del fiscal general del Estado es la consecuencia de un régimen caótico y de laminación del estado de derecho”.

Millán argumentó que este estado de cosas es el resultado de una clase política que, por mantenerse en el poder, ha vendido a los españoles a intereses ajenos.

Millán destacó que “la España de hoy es el fruto del pacto entre el PSOE y Otegui”, haciendo referencia a los acuerdos políticos que, según ella, han menoscabado la dignidad de las víctimas del terrorismo.

En su discurso, la diputada enfatizó que el actual gobierno ha pactado con aquellos que han sido históricamente enemigos de la democracia, insinuando que la situación actual es insostenible y que “los españoles son víctimas de un sistema que favorece a los criminales”.

Por su parte, el ministro Bolaños defendió la reforma de la justicia que su gobierno está impulsando, argumentando que se trata de “la mayor transformación de la justicia en décadas”.

En respuesta a las críticas de Millán sobre la independencia judicial, Bolaños afirmó que “la independencia judicial está garantizada” y que la reforma busca acercar a España a los estándares europeos.

“Estamos intentando reformar una ley que ha quedado obsoleta tras 143 años”, dijo, aludiendo a la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal.

La diputada de VOX no tardó en replicar, acusando al gobierno de “asaltar el poder judicial” y de utilizar la figura del fiscal general para sus propios fines.

Millán cuestionó la legitimidad del nombramiento de la nueva fiscal general, Teresa Peramato, sugiriendo que su ascenso estaba ligado a un sistema corrupto que favorece a los amigos del gobierno.

“Todo aquel que es nombrado por Sánchez lo hace en condición de esbirro”, afirmó con vehemencia.

El debate se intensificó cuando Millán acusó al gobierno de haber convertido el Congreso en “un circo” y de haber celebrado los 50 años de democracia en un contexto que, a su juicio, es de “crisis institucional”.

“Ustedes han hecho de la crisis institucional un sistema permanente para la demolición progresiva de la nación española”, sentenció.

Esta afirmación fue recibida con murmullos de desaprobación de la bancada socialista, que defendía su gestión y la necesidad de una reforma judicial.

Bolaños, en su defensa, insistió en que el gobierno está comprometido con la justicia y que la reforma que están llevando a cabo multiplicará las oportunidades para los opositores a la carrera judicial.

“Vamos a crear 2,500 nuevas plazas en tres años”, aseguró, argumentando que esto incrementará las posibilidades de éxito para quienes aspiran a ser jueces y fiscales.

Sin embargo, Millán rebatió esta afirmación, acusando al gobierno de haber suprimido becas para opositores durante el mandato del Partido Popular, insinuando que la actual administración también podría seguir ese camino.

El ministro de Justicia no se quedó callado ante las acusaciones de la diputada de VOX. “Ustedes son los que defienden a los poderosos, mientras nosotros estamos aquí para proteger a la gente común”, contestó Bolaños, defendiendo su posición y la del PSOE.

“La ultraderecha no puede hacer política sin mentir”, agregó, descalificando las afirmaciones de Millán sobre la falta de democracia en España.

El debate culminó con un tono de confrontación, donde ambos lados se acusaron mutuamente de manipular la verdad y de actuar en beneficio propio.

Millán concluyó su intervención afirmando que el gobierno terminará “sentado respondiendo ante la justicia”, mientras que Bolaños se despidió reafirmando su compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Este intenso intercambio refleja la polarización política actual en España, donde las acusaciones sobre la erosión del estado de derecho y la independencia judicial se han convertido en el centro del debate político.

La situación plantea serias interrogantes sobre la dirección futura del país y la capacidad de las instituciones para mantener su integridad en un clima de creciente desconfianza y conflicto.